Ahora que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visita España es el momento de alertar de que el conflicto armado sigue vivo en el país sudamericano, arrasando las vidas de activistas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, líderes campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas: población civil en general.
Muchos líderes mundiales se han congratulado de las conversaciones de paz en marcha entre el gobierno y la guerrilla. Sería bueno que esos mandatarios también le dijesen a Santos que una paz duradera no se consigue a cambio de renunciar a la justicia; así sólo se consiguen heridas abiertas.
Tampoco se conseguirá la paz a base de promover iniciativas para ampliar el ámbito de actuación del sistema de justicia militar para que, así, los miembros de las fuerzas de seguridad que han cometido graves violaciones de derechos humanos puedan evitar comparecer ante los tribunales.
Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno de Santos en los dos últimos años, respaldado por el poderoso grupo de presión de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad. El mensaje ha calado en cuarteles y en comisarías: “El fuero militar nos va a permitir hacer lo que queramos”, le dijeron unos soldados a un miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó mientras le apuntaban con un fusil.
En diciembre de 2012 el Congreso aprobó una reforma constitucional que ampliaba el fuero penal militar. Sin embargo, en octubre de 2013 la Corte Constitucional resolvió que tal reforma era inconstitucional, aunque únicamente por motivos de procedimiento.
La reforma incluía, por ejemplo, que sólo se reconocería que se ha cometido una ejecución extrajudicial si la persona fallecida estaba “en estado de absoluta indefensión”. Esta formulación restrictiva impediría que muchas ejecuciones extrajudiciales se califiquen como tales, pues sugiere que matar a una persona que no esté completamente inmovilizada podría considerarse una acción legítima.
Asimismo, la reforma dejaba abierta la posibilidad de que los tribunales militares se ocupasen de casos de homicidio, tortura, desaparición forzada, violación y otras formas de violencia sexual, reclusión arbitraria,etc., cuando fuesen constitutivos de crímenes de guerra. Del texto también se desprende que podrían considerarse admisibles los homicidios de civiles –considerados daños incidentales– en operaciones militares que se estime proporcionan una ventaja militar.
Dado que la Corte Constitucional sólo anuló la reforma por motivos de procedimiento, existe una preocupación real por la posibilidad de que el gobierno colombiano retome sus intentos de fortalecer el fuero militar. De hecho, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, ya ha afirmado que el gobierno colombiano tenía intención de presentar una nueva iniciativa legislativa. También se teme que esos intentos no encuentren demasiada oposición. Sólo una reacción enérgica de la comunidad internacional puede frenar que salga adelante.
El gobierno colombiano ha respaldado también otras medidas legislativas recientes, como el Marco Legal para la Paz y la reforma de la Ley de Justicia y Paz, que probablemente afianzarán la impunidad no sólo para los miembros de las fuerzas de seguridad, sino también para los miembros de los grupos guerrilleros y paramilitares implicados en abusos y violaciones graves de derechos humanos.
A esto hay que sumar que el Código Penal Militar vigente ya contiene disposiciones que garantizan que muchos casos de violaciones de derechos humanos seguirán estando bajo la jurisdicción de los tribunales militares, y que ésta es la encargada de controlar la escena del crimen y abrir investigaciones criminales.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como varios organismos de la ONU han pedido reiteradamente a los sucesivos gobiernos colombianos que tomen medidas decisivas para excluir totalmente los casos relacionados con violaciones de derechos humanos de la competencia de los tribunales militares. La respuesta del gobierno colombiano ha sido totalmente contraria a esas peticiones.
La impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, también se garantiza a menudo mediante amenazas y homicidios contra quienes hacen campaña en favor de la justicia, por ejemplo, familiares de víctimas, testigos, abogados o defensores de los derechos humanos que participan en los casos. En muchos casos, las familias han sufrido repetidas amenazas de muerte, así como el homicidio de alguno de sus integrantes.
El caso de Diego Felipe Becerra, grafitero de 16 años muerto por disparos de la policía en 2011, muestra lo peligroso que es para conseguir justicia la ampliación de la jurisdicción militar.
En un principio la Fiscalía General decidió que el caso lo llevaría el sistema de justicia militar porque, al parecer, el homicidio había tenido lugar mientras el policía estaba de servicio. Sin embargo, el Consejo Superior de la Judicatura determinó posteriormente que debía ser juzgado por la justicia ordinaria. Aún así, el caso sigue impune.
El policía que disparó a Diego Felipe Becerra ha sido acusado de homicidio agravado; otra media docena de agentes se enfrentan también a cargos de manipulación de la escena del crimen, fraude de procedimiento y complicidad en el homicidio. Entre ellos se encuentran dos coroneles que, tras el homicidio, fueron enviados como agregados militares a las embajadas en Reino Unido y Honduras. En el pasado se ha utilizado esta táctica para intentar obstruir las investigaciones. En este caso, sin embargo, la Fiscalía General ordenó su detención y los dos coroneles regresaron a Colombia, donde fueron detenidos en junio de 2013.
Los procedimientos judiciales se han demorado repetidamente a causa de las numerosas incomparecencias ante el tribunal tanto del acusado como del abogado defensor y el caso se ha visto también ensombrecido por las amenazas contra la familia, su abogada, los testigos y los fiscales. La abogada ha recibido reiteradas llamadas telefónicas de intimidación en las que se la recriminaba por desprestigiar la institución de la policía nacional. Tanto a la abogada como a la familia de Diego Felipe Becerra las han seguido en repetidas ocasiones, en vehículos o a pie, miembros de las fuerzas de seguridad. La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha asignado a la familia medidas de protección.
Las investigaciones disciplinarias emprendidas por la Procuraduría Nacional han dado lugar a que se ordene la destitución, y la inhabilitación para cargo público durante 10 años, del agente de policía que mató a Diego Felipe Becerra. También hay informaciones de que se está sometiendo a investigaciones disciplinarias a altos mandos implicados en el homicidio y el posterior encubrimiento.
Si este caso hubiese estado en el sistema de justicia militar, probablemente estos tímidos avances no habrían existido y este joven grafitero habría pasado a ser un número más en la larga y triste lista de víctimas invisibles de Colombia.
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