Los efectos del cambio climático amenazan el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, al trabajo, a una vivienda digna y adecuada, entre otros, de las generaciones actuales y las que están por llegar. El pasado mes de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible en una votación con 161 votos a favor, 4 abstenciones y ningún voto en contra. Garantizar este derecho es un requisito previo indispensable para el disfrute del resto de derechos.
En 2021 Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones, promovió la creación de la figura del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Los relatores son personas expertas independientes cuya misión es informar y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o de país al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ian Fry, reconocido experto medioambiental nombrado para el puesto ha identificado ya las prioridades temáticas de su mandato, señalando en primer lugar que «la mitigación, adaptación y acciones financieras para enfrentar el cambio climático, con especial énfasis en pérdidas y daños deben inspirarse en la promoción y protección de los derechos humanos».
Así, cuando se habla de ampliar áreas protegidas y conservadas o de megaproyectos de infraestructuras, es imperativa la consulta a las comunidades afectadas y contar con el consentimiento libre, previo e informado en el caso de los pueblos indígenas.
Pero es que en el planeta desigual que habitamos hay quien no tiene la capacidad necesaria para invertir y producir esos cambios necesarios. Es el caso de los países con bajos ingresos, que, además, suelen coincidir con los que menos emisiones de gases de efecto invernadero lanzan a la atmósfera. Impulsar la cooperación económica, financiera y fiscal con los países del Sur global es urgente.
Los datos tienen rostro
Abordar las implicaciones para los derechos humanos del desplazamiento por el cambio climático es la segunda prioridad del Relator Especial de Naciones Unidas, sobre todo «la protección legal de las personas desplazadas a través de las fronteras internacionales». Según Naciones Unidas, cada año se desplazan de sus territorios 20 millones de personas por causas relacionadas con el cambio climático. Muchas de ellas necesitan protección internacional para rehacer sus vidas. Si no se toman medidas urgentes para reducir progresivamente la producción y consumo de combustibles fósiles, el número de personas desplazadas aumentará exponencialmente porque determinadas regiones del planeta empiezan a ser inhabitables debido a la subida de la temperatura global. Los estados tienen derecho a organizar los flujos de entrada en el país, pero es su obligación también garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo y a que se reconozca su condición de refugiadas.
El contexto global es complicado. La pandemia y las secuelas de la invasión de Ucrania han generado un exorbitante aumento de los precios de los combustibles fósiles que grupos de presión está aprovechando para promover un retroceso en las decisiones sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles o para ampliar estos combustibles en su ámbito local. Nuevamente se insiste en el recurso al carbón y al gas y, como es el caso de España, también se mantienen los subsidios a los combustibles fósiles en lugar de apostar decididamente por las energías renovables.
Por eso es tan importante «mejorar la legislación sobre el cambio climático», tercera de las prioridades del Relator de Naciones Unidas. En este sentido, cabe destacar iniciativas internacionales como promover un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una propuesta que agrupa ya a más de 1.300 organizaciones de la sociedad civil, cien premios Nobel y numerosas ciudades como Barcelona, Melbourne o Vancouver. El abandono de combustibles fósiles es la pieza clave que permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener el aumento de temperatura en el marco de 1,5ºC, en línea con el Acuerdo de París. España se comprometió durante la COP 26 en 2021 a elevar su compromiso de reducción de emisiones hasta el 55% en 2030, apoyando así el acuerdo del Consejo Europeo de Medioambiente. Sin embargo, la legislación española actual prevé una reducción de solo el 23% para 2030: claramente hay margen para la mejora que señala el Relator Especial Fry.
También es importante recordar la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y medioambiente, cuarta prioridad del Relator. Este aspecto se deja en su mayor parte a la voluntariedad de las compañías y es urgente desarrollar un marco legislativo que regule las obligaciones de estos actores. El sector privado debe, entre otros, prevenir, mitigar y en su caso reparar los riesgos e impactos en materia de derechos humanos y medioambiente en toda la cadena de valor y elaborar planes de transición con objetivos de reducción de emisiones. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa con datos de 2021, solo 13 empresas del IBEX-35 tienen en cuenta la identificación de riesgos sobre los derechos humanos ligados a su actividad. Francia, Noruega y Alemania ya cuentan con legislaciones que regulan la debida diligencia de las empresa en materia de derechos humanos. La aprobación de una ley en España no puede demorarse más, como demanda la Plataforma por Empresas Responsables, de la que Amnistía Internacional forma parte junto a más de 500 organizaciones.
La urgencia de la acción climática ambiciosa es más evidente que nunca. Los datos están sobre la mesa y los consecuencias del cambio climático, presentes como nunca hasta ahora. La COP27, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Egipto, será la oportunidad para que los Estados adopten medidas valientes sobre la reducción de emisiones, la financiación climática, la reparación de pérdidas y daños y el empoderamiento climático. La insuficiente acción de los gobiernos ante la crisis climática afecta es ya una vulneración de derechos y de continuar así puede ser la mayor violación intergeneracional de derechos de la historia. El tiempo se agota.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
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