El comienzo de la nueva legislatura de la Asamblea Popular Nacional y la irrupción de una nueva generación de líderes puede marcar un hito en la evolución política de China. Esta es la oportunidad de abordar cambios importantes para obtener el respeto y el estatus al que aspira en la comunidad internacional.
Estos cambios implican reformas democráticas, que no son posibles sin el reconocimiento y respeto de los derechos humanos del país más poblado del mundo y una de las grandes potencias económicas de nuestro tiempo.
Los esfuerzos del gobierno por acallar y controlar los medios de comunicación, y especialmente Internet, no han sido suficientes para evitar que el mundo sea testigo de protestas y demandas ciudadanas que han provocado grietas en la gran muralla china. Es el momento de que la Asamblea Popular Nacional afronte las reformas necesarias para adecuar las leyes chinas a las normas y convenios internacionales.
Las ratificaciones del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales serían un primer gran paso para dar respuesta a algunos de los graves problemas que afectan a la población y que generan un alto grado de malestar: ausencia de libertad de expresión, prohibición de practicar algunas religiones, no reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada...
Los desalojos forzosos han generado una conflictividad tal que ya ha habido autoridades chinas que se han pronunciado sobre la necesidad de una norma que recoja las condiciones de los desahucios, con indemnizaciones justas en el caso de que los desalojos sean necesarios.
En la misma línea, es necesario que se desarrollen normas que impidan el encarcelamiento y hostigamiento de las personas que defienden pacíficamente sus derechos, ideas o creencias, tal y como establece la Declaración de la ONU sobre defensores de derechos humanos.
Actualmente, la práctica de una religión no autorizada, como Falun Gong, se persigue duramente, utilizando la tortura como método para que las personas renuncien a sus creencias.
No solo se trata de elaborar nuevas leyes sino también garantizar los derechos que aparecen ya recogidos en la normativa vigente. El artículo 35 de la Constitución dice “los ciudadanos de la República del Pueblo de China disfrutan de libertad de expresión, de reunión, de asociación, de movimiento y de manifestación”. Paradógicamente, Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz, se encuentra encarcelado por ejercer ese derecho. Otro ejemplo es la censura en Internet, que ha ido en aumento durante los últimos años. En situación parecida se encuentran las regiones autónomas, como la uigur o la del Tíbet, que pese a tener reconocido en la Constitución el derecho a mantener su identidad cultural, a menudo su población se ha visto acosada y encarcelada por defenderla.
Además, para que los derechos humanos sean garantizados, la Asamblea debe abordar una reforma radical de las leyes que rigen la administración de justicia.
La tortura -y la validez en juicio de las confesiones obtenidas bajo esta práctica- no puede seguir siendo algo habitual. Por eso, es inaplazable la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adecuarla al Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas. En esta línea, también es clave acabar con las detenciones y la tortura en lugares secretos, o con los periodos de aislamiento que están directamente relacionados con esta grave violación de derechos humanos, así como con la impunidad de policías y funcionarios de prisiones en estos casos.
Por otra parte, es fundamental modificar las leyes que afectan al ejercicio de la abogacía, de forma que no se coarte esta actividad profesional, fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia.
La gravedad de este asunto se refleja en que Gao Zhisheng, valorado por el Ministro de justicia en 2001 como uno de los mejores abogados de China, se encuentra actualmente en prisión después de haber permanecido en paradero desconocido durante mas de año y medio, periodo durante el que sufrió tortura que le hizo estar 48 horas al borde de la muerte. O la condena a prisión de Ni Yulan, que ha perdido su licencia como abogada y se encuentra en silla de ruedas a causa de los malos tratos infringidos por sus actuaciones en defensa de las personas desalojadas forzosamente en Pekín.
Es también el momento para que todos los delitos se definan claramente y se juzguen por los tribunales según la ley. Se acabaría así con las penas administrativas que, sin la intervención de un juez, permiten a la policía condenar, por ejemplo, a cuatro años de reeducación por el trabajo. En esta situación se encuentran hoy más de 300.000 personas. Muchas de ellas presentan graves problemas de salud debidos a la tortura sufrida durante la detención e internamiento en estos centros de reeducación.
Por último, el Congreso podría sorprender al mundo adoptando una moratoria sobre la pena de muerte. China sigue siendo el mayor verdugo. Esa sí que sería una verdadera grieta en la férrea muralla que simboliza la cerrazón frente a la apertura que representa el respeto a los derechos humanos. Quizá de esta forma los gobernantes podrían comprobar si, como muchos especialistas mantienen, la pena de muerte -además de ser cruel e inhumana- no tiene un valor disuasorio significativo sobre la comisión de los delitos que castiga.
Sobre este blog
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