¿Está muy extendido el uso de la pena de muerte?
Se tiene conocimiento de que 45 países condenaron a muerte al menos a 2.466 personas en 2014, el 28 por ciento respecto a 2013. La causa principal fue el brusco aumento de las condenas a muerte en Egipto y Nigeria. Además, Amnistía Internacional documentó 607 ejecuciones en 22 países en 2014.
Pero el número real de personas ejecutadas es muy superior. No hay datos sobre China, por ejemplo, que se piensa que ha ejecutado a más personas que todos los demás países juntos.
Por otra parte, muchos países, entre ellos Bielorrusia, llevan a cabo ejecuciones en secreto, a menudo sin informar a los familiares y abogados de los condenados. En otros países, como Eritrea, Malaisia, Corea del Norte y Siria, la información disponible sobre la pena de muerte es escasa o nula debido a las prácticas restrictivas del Estado o a la inestabilidad política, o a ambas cosas.
¿Y cuántas personas siguen condenadas a muerte?
Sabemos que al término de 2014 había en torno a 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo.
Entonces el panorama en realidad es bastante lúgubre...
Sí, pero hemos visto también algunos avances. El mundo se está apartando lentamente del uso de la pena de muerte.
El número de países que dictan sentencias de muerte descendió, de 57 en 2013, a 55 en 2014.
Europa y América son regiones prácticamente sin pena de muerte, excepto en Bielorrusia y Estados Unidos. Y en Estados Unidos se ha observado un descenso tanto del número de condenas impuestas como en el de ejecuciones realizadas, y el estado de Washington declaró una suspensión de las ejecuciones en 2014.
En el África subsahariana, sólo hubo constancia de ejecuciones en tres países, y en la región de Asia y Oceanía se iniciaron debates en torno a la abolición en Fiyi, Corea del Sur y Tailandia. En Oriente Medio y el norte de África, el número de ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional se ha reducido en un 23 por ciento aproximadamente respecto a 2013. Y, en diciembre, la Asamblea Nacional de Madagascar aprobó un proyecto de ley destinada a abolir la pena de muerte.
¿Por qué se sigue recurriendo a la pena de muerte?
En 2014 concluimos que muchos de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones justifican la pena capital como respuesta a las amenazas –reales o supuestas– para la seguridad del Estado y la seguridad pública que plantean el terrorismo, la delincuencia y la inestabilidad interna.
En diciembre de 2014, a raíz del atentado terrorista contra una escuela de Peshawar que causó la muerte de 149 personas, en su mayoría menores de edad, Pakistán levantó la suspensión de las ejecuciones declarada por primera vez en septiembre de 2008. Decenas de personas han sido ejecutadas desde entonces.
También se siguieron documentando ejecuciones por delitos relacionados con el terrorismo en China, Irán e Irak. Jordania reanudó la aplicación de la pena capital e Indonesia dio pasos encaminados a la realización de ejecuciones, y ambos justificaron sus medidas como respuesta a la delincuencia. Muchos otros países –entre ellos Irán, Corea del Norte, el Estado de Palestina y Arabia Saudí– siguieron utilizando la pena de muerte como instrumento para reprimir la disidencia política.
¿No se realizan las ejecuciones de una manera más humana hoy día?
No existe una manera “humana” de ejecutar a alguien.
Muchos países siguen ahorcando, decapitando o fusilando a personas. En Estados Unidos, sólo en 2014, la aplicación de la inyección letal dio lugar a tres “ejecuciones chapuceras”.
¿No les parece que, sencillamente, es demasiado caro mantener de por vida en prisión a las personas?
Eso no es así. Y aunque lo fuera, eso no puede servir de justificación para matar a personas. En Estados Unidos, los estrictos procedimientos de los juicios y el largo proceso de apelación en los casos de pena de muerte hacen que resulte más costoso aplicar la pena capital a una persona que encarcelarla de por vida. Según las conclusiones de diferentes estudios realizados en Estados Unidos, la pena capital es entre una vez y media y tres veces más cara que la cadena perpetua.
Pero justificar el homicidio judicial basándose en que supone un ahorro económico no sólo es moralmente reprobable –las violaciones de derechos humanos no dejan de serlo aunque se rebaje su precio–, sino que pasa por alto el hecho de que tiene otros costos. Por ejemplo, entraña el riesgo de embrutecer a quienes participan en su aplicación y priva de un ser querido a las familias de los condenados.
Asimismo, desvía energía y recursos que podrían ser utilizados para hallar soluciones a la delincuencia más constructivas, como mejorar las investigaciones policiales o atender a las familias de las víctimas.
¿No es probablemente un castigo justo para delitos tan graves como el asesinato o la violación?
El derecho a la vida es un derecho inherente a todos los seres humanos. Deben prevenirse y sancionarse los actos delictivos, pero respetando plenamente los derechos humanos y la dignidad de las personas. La ejecución es un castigo irreversible. En 2014, 112 personas en 9 países fueron exoneradas del delito por el que les había sido impuesta la pena capital: se habría ejecutado a personas inocentes.
En la mayoría de los países donde se dictaron sentencias de muerte o se llevaron a cabo ejecuciones, la pena de muerte se impuso en procedimientos judiciales que no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos.
En varios países –entre ellos Afganistán, Arabia Saudí, Bahréin, China, Corea del Norte, Irak e Irán–, las condenas a muerte impuestas se basaron en “confesiones” obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.
Además, en todo el mundo se sigue condenando a muerte a personas por delitos sin resultado de muerte, como los delitos relacionados con drogas, la corrupción, cometer “adulterio” estando casado, las “injurias al profeta del islam”, la “brujería” y la “hechicería”.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
