Seguramente nadie representa todo lo que no funciona en las actuales políticas migratorias de la Unión Europea (UE) mejor que Noori, refugiado sirio que permanece recluido en una comisaría de policía en la isla griega de Lesbos, esperando angustiado a saber si será enviado a Turquía.
Si lo devuelven, otro refugiado conseguirá una plaza en Europa, y Turquía recibirá dinero por mantener al grueso de la población refugiada en su territorio, así como la promesa de un conjunto de medidas compensatorias.
Así es el acuerdo entre la UE y Turquía. Noori corre el riesgo de ser utilizado como moneda de cambio humana en una política exterior de la UE basada en comerciar con derechos para obtener beneficios políticos muy cortos de miras.
La tendencia a movilizar recursos de política exterior de la UE para contener la inmigración ha despegado a una velocidad de vértigo, y el Consejo Europeo parece estar dispuesto esta semana a afianzarla todavía más en la normativa.
Además de la declaración UE-Turquía de marzo, están el acuerdo con Afganistán sobre una salida conjunta en materia migratoria y los “pactos sobre migración” de la UE con Líbano y Jordania. Y se están negociando acuerdos con Nigeria, Níger, Malí, Etiopía y Senegal.
Aunque difieren en su contenido, la base es siempre la misma: la UE proporcionará ayuda económica y al desarrollo, así como vínculos comerciales, si el país se compromete a impedir la migración irregular y a facilitar el retorno de personas que intentan solicitar asilo en Europa o mejorar su vida en ella.
Oficialmente, la UE y sus Estados miembros niegan toda relación causal entre la aceptación de fuertes sumas para el desarrollo y otras ayudas, y la firma casualmente coincidente, a los pocos días o semanas de esas promesas económicas, de acuerdos sobre migración. Sin embargo, la realidad del asunto es evidente para cualquiera.
Un joven afgano que vive en penosas condiciones en el campamento de Moria, en Lesbos, con quien me reuní recientemente, me preguntó, con desesperación en la mirada: “¿Es verdad que mi gobierno ha aceptado dinero de la UE, que así tendría excusa para enviarme de vuelta allí?”
Eludir la responsabilidad
Debemos ser claros y honestos sobre el hecho de que la UE no intenta externalizar la responsabilidad de los refugiados porque haya alcanzado el tope de su capacidad. Noori forma parte de una minoría que ha conseguido llegar a Europa. De los 10 países del mundo que acogen a mayor número de personas refugiadas, ninguno pertenece a la UE.
Los datos y cifras delatan una incómoda verdad: que, ante una de las peores crisis de refugiados del mundo, la UE y sus Estados miembros están adoptando políticas dirigidas a eludir la responsabilidad, no a compartirla.
En el marco general de la política exterior de la UE, estas políticas originan, además, una incómoda falta de coherencia. Las recientes declaraciones de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, de que “la protección de la población civil en Siria debe ser prioritaria para la comunidad internacional”, se quedan en mera palabrería para sirios como Noori que están en Lesbos cuando experimentan la cruel realidad de las políticas de la UE.
Mientras sigan lloviendo bombas sobre Alepo, es inevitable que huyan más personas. Los dirigentes de la UE han ignorado a propósito las negativas consecuencias del acuerdo sobre la frontera de Siria con Turquía, donde las fuerzas turcas están patrullando y básicamente bloqueando el paso de personas desde Siria.
Amnistía Internacional y otras organizaciones independientes han documentado reiterados casos de personas refugiadas rechazadas o alcanzadas por disparos en la frontera. Quienes consiguen cruzarla se suman a una población de refugiados que Turquía ya no está en condiciones de atender.
No es verosímil que los países de la UE por una parte denuncien los horrores de los crímenes de Alepo y por otra levanten barreras que privan del derecho a recibir protección internacional a las víctimas de esos crímenes, hombres, mujeres y niños.
Como mínimo exigible, deben ofrecerse plazas adicionales de reasentamiento y paralizarse todas las devoluciones de personas refugiadas a Turquía.
La implicación de la UE
La UE y sus Estados miembros tienen previsto firmar acuerdos análogos con varios Estados que violan derechos humanos. Existe un riesgo inherente a ese empeño.
Tomemos el caso de Sudán, donde, según los medios de comunicación sudaneses, el gobierno ha encargado la implementación de varios aspectos del control migratorio asociados al proceso de Jartum (la iniciativa sobre inmigración UE-Cuerno de África) a las Fuerzas de Apoyo Rápido, tristemente célebres por cometer graves abusos contra los derechos humanos.
Aunque la UE no financie directamente a las fuerzas de seguridad de Sudán, no puede ignorar que las medidas adoptadas por este país para contener la migración irregular conllevan un riesgo extremadamente alto de que se cometan violaciones de derechos contra refugiados y migrantes.
Así, toda asociación sobre control migratorio proporcionaría fondos y legitimidad a un contexto en el que es casi inevitable que se cometan abusos graves contra personas migrantes y refugiadas.
Sudán no es el único país que suscitaría esta clase de preocupaciones.
Este año, en una declaración conjunta UE-Nigeria sobre asuntos de justicia se reconocían graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nigerianas. En una resolución adoptada recientemente, el Parlamento Europeo señalaba otros motivos de preocupación en Nigeria, como la tortura.
La UE lleva muchos años invirtiendo en la reforma de la justicia en el país. Incluso ahora que ya se conocen públicamente los desafíos afrontados, la UE está dispuesta a contar con Nigeria para que actúe como un controlador más de acceso.
Si se confía el control de la migración a un país que no tiene un sistema de asilo efectivo, pero sí uno de los índices más altos de personas desplazadas internamente (más de dos millones) y un dudoso historial de violaciones de derechos humanos, se corre el riesgo de convertir a la UE y sus Estados miembros en cómplices de una diversidad de violaciones de derechos humanos graves y continuadas.
Si se da prioridad a la cooperación en materia de migración en lugar de a objetivos a más largo plazo, como el respeto de los derechos humanos, se corre el riesgo de agravar la pobreza, los conflictos y otros factores que llevan a la población a huir de sus hogares, y en un mundo en el que, hasta un bloque de países ricos como la UE socava los derechos de las personas migrantes y refugiadas, veremos más conflictos, más inestabilidad y más personas en movimiento.
Algunos altos cargos políticos de la UE afirman que con “recursos por devoluciones” se pretende impedir que la gente haga viajes peligrosos y desarticular las redes de tráfico de personas. En realidad, es la ausencia de canales regulares y seguros lo que lleva a la gente a tomar tales rutas peligrosas.
Si el verdadero objetivo fuera humanitario, el reasentamiento, los visados humanitarios, la inmigración legal y el acceso al asilo en las fronteras terrestres de la UE no sólo serían más eficaces y humanos sino también, francamente, una manera más responsable y estratégica de hacerlo.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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