Los presupuestos deben sobrevivir para ser mejorados

Hoy empieza en el Congreso el debate sobre las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Y mañana es el día clave en el que se decidirá el futuro inmediato de los mismos. Es necesario que salven este trámite para que puedan seguir siendo mejorados en sede parlamentaria.

Los presupuestos generales del Estado no son sólo números. De ellos depende la calidad de vida de gran parte de la sociedad, especialmente la de las personas que han sido golpeadas por el paro, por los recortes en ayudas sociales y, en general, por unas políticas de austeridad que no han tenido en cuenta a quienes siguen sufriendo sus efectos.

Es cierto que estos presupuestos constituyen una mejora en lo relativo a las partidas de ayudas a la vivienda y sanidad respecto del año pasado en un 44,28% y 6,84% respectivamente.

Es un avance sí, pero un avance insuficiente. Para comprenderlo, echemos la mirada atrás. Han pasado más de diez años desde que empezamos a escuchar palabras como crisis o austeridad. Dos conceptos sobre los que se ha construido una década de políticas de las administraciones que prestaron poca o ninguna atención a los derechos de las personas y sus vidas detrás de los números.

Más de diez años después del inicio de la recesión económica, España sigue sin recuperar la inversión que tenían estas partidas en 2008 y está muy lejos de alcanzarlas de nuevo. En lo relativo a ayudas a la vivienda, el presupuesto se ha recortado desde 2008 en un 49,03% y en sanidad en un 54,03%. Y esto tiene un impacto. Muchas personas apenas perciben la recuperación, siguen sintiendo el desamparo y la desvinculación con las autoridades. Asimismo, y a pesar de que ha habido un ligero paso hacia adelante, la partida de ayudas a la vivienda representa el 1,14 % del total de los presupuestos y la política de gasto de sanidad un 0,04%. Es hora de revertir esta situación.

La otra cara de la moneda

La consecuencia más visible de la austeridad pública es que las familias se han visto obligadas a reorganizar su economía. Las personas se han visto forzadas a incrementar su gasto en vivienda y sanidad, dejando de lado otros gastos que también están relacionados con su calidad de vida. Así, en materia de vivienda, el gasto privado subió de un 17,4% en 2005 a un 21,7% en 2017 y en salud, ha variado de un 18,9% en 2009 a un 23,5% en 2016. Números que siguen escondiendo dificultades que los Estados deben reparar.

Desgraciadamente, por impersonales que suenen las cifras, tenemos que seguir hablando de ellas. Este esfuerzo en gasto social para las familias se produce en una década en la que el precio de la vivienda en alquiler ha subido de una manera alarmante. Esta tendencia también continuó en 2018, mostrando un incremento del 6,5%. Por el contrario, los salarios no han soportado una subida semejante. Entre 2012 y 2016, la variación de incremento de los salarios ha sido de un 1,89%..

Analicemos más cifras que esconden desigualdades. Este incremento del gasto privado para satisfacer derechos se produce en un país en el que el 45% de las personas trabajadoras gana menos de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional. de ellas, el 55,4% son mujeres, frente al 36,7% de hombres. Las mujeres, con una tasa mayor de paro, del 16,2% frente a un 12,83% de los hombres, sufren una vez más las peores consecuencias. También la tasa de riesgo de pobreza afecta más a las mujeres. Si la media española es de un 21,6%, la tasa de riesgo de pobreza alcanza a un 40,6% de las familias monoparentales y recordemos que el 83% de las mismas están encabezadas por mujeres.

El debate de las enmiendas a la totalidad que se inicia hoy debe tener en cuenta esta radiografía de las cifras. No debe olvidar la obligación existente en derecho internacional de que los presupuestos deben mejorar de manera progresiva la vida de las personas.

Diez años después es hora de recuperar al menos la misma inversión en partidas de vivienda y sanidad. Es hora de que las personas sientan que sus derechos importan.