Andalucía contará con 11 unidades de atención infantil temprana para menores con trastornos en el desarrollo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de atención infantil temprana dirigido a niños de 0 a 6 años con trastornos en el desarrollo, que incluirá la puesta en marcha en otoño de 11 unidades en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con pediatras y psicólogos para estos casos (una por provincia y dos en el caso de las de Cádiz, Málaga y Sevilla) y el compromiso de un tiempo máximo de respuesta de 30 días. El consejero de Salud, Aquilino Alonso, lo ha presentado como el “más avanzado” de todos los existentes en el país, precisamente por estas dos garantías. El compromiso de inversión: 33 millones de euros hasta 2019, el “triple” que hasta el momento. De este modo, la promesa es cuatro millones adicionales en el presente ejercicio (hasta llegar a 15,7); cinco en 2017; seis en 2018, y ocho en 2019.

Con ello, la Junta de Andalucía da por solventadas las demandas de este colectivo después de un tortuoso camino que tuvo su máximo exponente con la presentación en el Parlamento de Andalucía de una proposición de ley de atención temprana por parte de Podemos -tumbada por el PSOE-A y en el último momento por C's- entre duros reproches por parte de los diferentes grupos parlamentarios. De hecho, que C's se hubiera sumado al resto de la oposición (PP-A, Podemos e IU) para sacar adelante la proposición de ley, obligó a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a negociar con sus socios de investidura nuevas inversiones en la materia, para que no le imposieran esta norma a un PSOE-A en minoría.

El consejero ha defendido que estos equipos serán las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los 163 CAIT (centro de atención infantil temprana) que hay en Andalucía con 800 profesionales y casi 20.000 menores atendidos por año. Ha anunciado que “si las necesidades lo exigen”, se llegará a establecer 14 unidades, en lugar de 11. “Su trabajo garantizará la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad de asistencia entre los equipos de los centros de salud y de la red hospitalaria”, ha explicado.

Uno de los conflictos estuvo en que el problema de la atención infantil temprana lo asumió como propio Podemos elaborando la proposición de ley, a lo que la Consejería de Salud se apresuró en decir que preparaba un decreto, y por tanto no necesita ser ratificado por el Parlamento de Andalucía. Para su propuesta, Podemos contaba con el respaldo de la Plataforma de Atención Temprana Andalucía, integrada por decenas de colectivos, que insistían en la necesidad de garantizar estos servicios por ley y no con un decreto. Éste ha sido igualmente negociado por la Junta de Andalucía con afectados, que según defiende, representan a más del 80% de los colectivos agrupados en Cermi. Por eso, cuando se le ha preguntado a Aquilino Alonso si la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía ha respaldado este decreto, ha contestado que “se ha conseguido con la participación de todos” y que “el consenso es muy amplio”.

Y a ese consenso ha atribuido que se vayan a crear unidades con pediatras, pese a que la Junta de Andalucía reprochaba a Podemos que en su proposición de ley quisieran “tratar a estos niños como enfermos”. El consejero ha comentado que esto “no responde a la demanda de Podemos, sino que es una respuesta a las necesidades de los niños y las familias”.

Las cuatro claves de la norma

Entrando en el contenido del decreto -que la Junta de Andalucía no hará público hasta dentro de unos días- ha detallado que regula también la composición y funciones de los EPAT (equipo provincial de atención temprana), con miembros de los tres ámbitos en los que se desarrolla este servicio: sanidad, educación y servicios sociales. “Tendrán titulación, formación específica y experiencia en esta materia”, ha subrayado. Para ello, hay un compromiso de “coordinación” entre las tres consejerías de estas áreas.

Por otra parte, en función de los diferentes niveles de intensidad, teniendo en cuenta que el decreto deberá desarrollarse ahora con órdenes, “el nuevo modelo supondrá ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas” en el tratamiento de estos niños, que pueden ir desde afectados por problemas en el lenguaje, como niños con síndrome de down, austismo, asperger, etcétera. “Esta norma garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias”, ha enfatizado.

El decreto prevé también la creación del Consejo de Atención Infantil Temprana, órgano colegiado de asesoramiento del Gobierno de Andalucía en la materia, y de una comisión técnica de apoyo, que para “mejorar la coordinación y cooperación”. El primero estará formado por miembros de las tres consejerías implicadas y podrán participar, en función de los temas que se aborden, representantes de organizaciones científicas y profesionales; organizaciones no gubernamentales; y asociaciones dedicadas a estos niños.

Finalmente, el decreto establece la elaboración del Plan Integral de Atención Infantil Temprana, que “consolidará un modelo de intervención uniforme y multidisciplinar con la participación de los agentes sociales”, en palabras del consejero. El documento, cuya redacción ya ha comenzado, incluirá fundamentalmente programas orientados a reducir la incidencia y gravedad de las alteraciones del desarrollo