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La Audiencia sigue anulando las millonarias fianzas impuestas por Alaya en el caso ERE

La juez Alaya recoge este jueves en Madrid el Premio Jurista del Año 2015, que reconoce su "decoro y profesionalidad"

Javier Ramajo

Muchas de las decisiones de Mercedes Alaya durante la instrucción del caso de los ERE siguen poniéndose en entredicho por parte de la Audiencia de Sevilla, más en concreto, por la Sala de la que ella misma forma ahora parte aunque no intervenga en la resolución de recursos. Si la semana pasada echaba en cara a la jueza que hubiera impuesto fianzas superiores a las reclamadas por las acusaciones, ahora ha vuelto a dejar sin efecto las impuestas hace más de un año sobre siete de los imputados, entre ellos el exconsejero Martín Soler (más de cuatro millones de euros), el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez (casi tres millones y medio), o los vocales del consejo rector dre IFA/IDEA, entre elllos el presidente de Unicaja, Braulio Medel, a quien se le impuso casi medio millín de euros.

Alaya impuso en septiembre de 2014 un total de 40,3 millones en fianzas civiles a 24 imputados. La mitad de ellos recurrió por “falta de motivación” en las cantidades fijadas para determinar su responsabilidad pecuniaria y a siete se les anula ahora la fianza. Ya sucedió lo mismo con la exconsejera Magdalena Álvarez (29,5 millones) o con su segundo, José Salgueiro (22,1 millones), a quienes, como en los casos conocidos este martes, se les embargaron toda clase de bienes en medidas que se han ido levantando tras las correciones por parte de la Audiencia.

“La proporción que ha de tener la fianza lo es en relación con la suma presuntamente defraudada y el grado de participación de cada imputado, no tiene relación con los bienes que cada uno de ellos ostente”, señala la Audiencia, que añade en determinados pasajes del auto que “la cuantía de la fianza es desproporcionada, tanto por tratarse de 1% de la cantidad presuntamente defraudada, como por el hecho de ser funcionarios públicos que no se han beneficiado personalmente con los hechos que se les imputa”.

La Audiencia entiende que “la fijación a un tanto alzado desvincula la medida cautelar real de su finalidad, que no es otra que asegurar la reparación del daño causado con la presunta conducta delictiva en la que haya participado cada imputado”, sobre algunos de los cuales pesan “indicios no son tan severos como para fundar en los mismos la adopción de la medida cautelar”.

En este auto fechado el 16 de noviembre, la Audiencia de Sevilla estima de este modo los recursos de apelación interpuestos por Soler (4.070.633 euros), Gómez (3.466.666), el presidente de Unicaja, Braulio Medel (482.790), José Domínguez Abascal (159.600), Isabel de Haro (339.150), Francisco del Río Muñoz (1.607.970) y José de Haro Bailón (1.995.000).

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