PSOE-A y C's tumban la proposición de Ley de Emergencia Ciudadana de Podemos que han apoyado en otras autonomías
La proposición de Ley de Emergencia Ciudadana (genéricamente denominada PEC) debatida este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía, a propuesta de Podemos, ha sido rechazada por los votos en contra del PSOE-A y C's, mientras que el PP-A se ha abstenido, e IU ha secundado a los proponentes pronunciándose a favor. En total, 54 votos en contra, 33 abstenciones y 20 a favor que impiden la toma en consideración de la iniciativa legislativa.
El objetivo de la propuesta era que la Junta de Andalucía se comprometiera a priorizar el pago de los procedimientos que afectan “a la supervivencia de las personas en condiciones de dignidad” frente a “gastos secundarios”. Teresa Rodríguez ha puesto ejemplos concretos de lo que pretendían con una norma que “dice que se abone antes la garantía alimentaria que las dietas de sus señorías”, “que se paga antes el salario social que los gastos de protocolo”, “que se atienda antes a las víctimas de género que a la publicidad institucional”...
Ha recordado sus propias dietas como diputada, que en agosto, mes inhábil, “sumaron 2.500 euros, kilometraje aparte”, y que en el caso de su formación son donadas. Esto ha originado un buen revuelo en la bancada del PSOE-A. De hecho, ha aprovechado para “hacer una pausa publicitaria” y anunciar que Podemos elevará una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2017 para que se eliminen las dietas de los parlamentarios en los dos meses inhábiles: enero y agosto. Y de nuevo, revuelo generalizado en la sala, hasta que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha llamado al orden.
Desde el IU, Carmen Pérez ha reconocido que en la Junta de Andalucía “existen mecanismos de protección”, como el salario social, que conocen de primera mano porque han gobernado, pero ha incidido en el “incumplimiento reiterado de los plazos” para gente que “necesita el apoyo inmediato y urgente de su administración”. Se ha remitido en este sentido a las denuncias hechas tanto por la Cámara de Cuentas como por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Por su parte, Marta Bosquet ha sido la encargada de defender el posicionamiento de C's, contrario a la toma en consideración de la norma: “Me da la sensación de que la exposición de motivos es es una mezcla de comentarios de lo que han dicho recientemente Dolors Bassa o Cristina Cifuentes, en un empeño constante de dar una imagen de Andalucía tercermundista”. En su opinión, “el problema se soluciona con más recursos y no con tantas leyes”, pese a que no ha querido “dudar de las buenas intenciones” de Podemos con esta propuesta.
Mientras, Ana Vanessa García (PP-A) ha comenzado echando en cara a Teresa Rodríguez su política de donar las dietas: “Si fuera coherente, debería ingresar el dinero en las arcas de la consejería, para que los trabajadores dijeran a qué se destinan, y no dárselo a quien usted le dé la gana. Porque la solidaridad se practica y no se predica”. Eso sí, ha coincidido con el resto de la oposición en censurar la tardanza de la Junta de Andalucía para hacer frente a los expedientes relacionados con esta materia, “que incumple todos sus plazos sencillamente porque no hay voluntad política”.
“No hace falta ninguna ley porque ya hay una que contempla los procedimientos de emergencia ciudadana”, ha respondido la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy para expresar su rechazo. Es más, en su opinión, la de Podemos “sólo serviría para dilatar la respuesta” de la administración, y ha aprovechado su intervención para desglosar todas las herramientas que ya existen para estos casos.
El devenir de la PEC
Esta misma propuesta, que Podemos ha lanzado en 10 de las 14 comunidades autónomas en las que tiene representación, ha superado ya el trámite de toma en consideración en Aragón, donde fue aprobada con los votos también de CHA, PSOE e IU; Asturias, donde votaron a favor, además de los proponentes, el PP, Foro Asturias e IU; Murcia, donde sumó el respaldo del PSOE y C's; y Comunidad Valenciana, donde cosechó la unanimidad de todos los grupos. Mientras, en Castilla la Mancha se ha incorporado a la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias y a la Ley General de Presupuestos.
En cambio, ha sido rechazada su toma en consideración en Castilla y León, La Rioja, mientras que en Extremadura el PSOE tumbó desde el Consejo de Gobierno la norma aduciendo que incrementaba los gastos. Esto demuestra que la misma propuesta ha tenido un devenir muy diferente en cada territorio y el pronunciamiento de los partidos ha variado sin que haya una coherencia en materia ideológica.
