Empresas contratistas de las VPO de la CEA creen que González de Lara “debe afrontar los impagos”

Las empresas suministradoras y contratistas de las viviendas protegidas promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, se han mostrado “sorprendidas” por las declaraciones del nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y cree que éste “debe afrontar la solución del problema generado por los impagos” a estas empresas.

Fuentes de este colectivo de empresas suministradoras y contratistas ven “sorprendentes” las palabras de González de Lara, y afirmaron a Europa Press que el nuevo presidente de la CEA “debería debe afrontar, él y la CEA el impago sufrido por estas empresas”, a pesar de que el pasado jueves indicó antes de tomar posesión que no le correspondía a él buscar una solución.

Así, han recordado que en la constitución de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa “se dice expresamente que ha sido constituida por la Confederación de Empresarios de Andalucía”. De esta forma, según apuntan, en el articulo 14 de los estatutos de esta fundación “se dice que corresponde a la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía, la elección de los patronos, esto es, además de ser dueña absoluta, la CEA organiza todo el control en su funcionamiento”.

Han recordado además que la firma del convenio con Dolmen Consulting SL para la construcción de la promoción Isbylia “se realizó en la sede de la CEA”.

“Javier González de Lara ha sido elegido presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y manifiesta el tener 'ganas de trabajar duro por las pequeñas y medianas empresas y los autónomos', pues aquí estamos nosotros, las empresas constructoras y suministradoras de la promoción Isbylia, para que ponga en practica esas palabras”, agregan las fuentes, quienes consideran que “no hay mejor manera de que paguen lo que deben a las empresas constructoras y suministradoras del edificio Isbylia para que podamos restablecer los puestos de trabajo que hemos tenido que suprimir”.

Tras apuntar que debe resolver el problema que tiene con las empresas constructoras y suministradoras de la promoción Isbylia, estas empresas han pedido que el presidente de la CEA “se sensibilice con la situación en la que nos encontramos”.

“González de Lara debería también luchar para que se paguen los trabajos que realizan las empresas y se paguen las entregas de los suministros realizados por las empresas”, han aseverado.

Una representación de adjudicatarios de las viviendas protegidas promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y las empresas suministradoras de esta promoción de vivienda protegida promovida se han concentrado este jueves ante la sede de la CEA, coincidiendo con la celebración de la asamblea electoral en la organización, para pedir una solución a sus respectivos problemas.

La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting, en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA.

La juez había admitido a trámite la denuncia y había incoado diligencias previas tras dicha denuncia, por lo que ahora ha dictado una providencia en la que llama a declarar a partir de marzo de 2014 a Herrero y varios directivos de la CEA que son patronos de la fundación, así como a los responsables de Dolmen, según indicaron a Europa Press fuentes del caso.

Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.

En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos que superan los 600.000 euros, y aseguran que los denunciados actuaron “de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting”.