Ex delegados municipales niegan haber recibido instrucciones de Pilar Sánchez para favorecer a TISA

Los dos ex delegados municipales de Fomento y Medio Rural en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) Francisco Lebrero y Carmen Martínez, respectivamente, ambos imputados en el caso PTA, han negado haber recibido instrucciones de la exalcaldesa Pilar Sánchez (PSOE) para favorecer a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (TISA) en la obtención de una ayuda de 244.000 euros para comprar suelo e instalarse en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA).

En el segundo día del juicio que acoge la Sección Octava de la Audiencia de Cádiz, la jueza y presidenta del tribunal, Lourdes Marín, les ha reprochado que se “tiren la pelota de uno a otro” a la hora de señalar cuál de sus departamentos tenía las competencias para decidir si las empresas cumplían los criterios para instalarse en el PTA y podían beneficiarse de las subvenciones.

Tanto la jueza como el fiscal han preguntado también por la existencia de un segundo informe -el definitivo- firmado por un técnico municipal encargado del mantenimiento del edificio del PTA -también imputado- pero redactado por su jefe de departamento, que se negó a rubricarlo. En dicho informe se otorgaba la máxima puntuación (12) a TISA para recibir una ayuda de 244.000 euros para llevar a cabo una planta de fabricación de generadores de oxígeno.

Los dos ex delegados municipales han negado haber recibido instrucciones y haberse “confabulado” con la entonces alcaldesa para que dieran orden de que se emitiesen un informe favorable a TISA para la concesión de esta ayuda. En esta misma tónica, han rechazado que conocieran a los empresarios de TISA, así como que se hayan reunido con ellos en sus respectivas delegaciones para abordar este tema.

Quién tomó las decisiones

Francisco Lebrero ha admitido que sí asistió a varias comisiones técnicas de seguimiento en las que se abordaba la incorporación de empresas al PTA en función del protocolo firmado entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en 2003 que derivó en un posterior convenio en 2005, pero “no tomó decisiones” ni tenía capacidad “para intervenir en otras delegaciones” como vicepresidente del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

Por su parte, Carmen Martínez ha explicado que se incorporó al consistorio en junio de 2008 para estar al frente de la Delegación de Medio Rural y ha dicho que “nunca” participó en la adjudicación de terrenos para las empresas que se querían instalar, y que sus competencias “agroindustriales” se limitaban a las que ya estaban en el PTA.

Cuando todavía falta que este jueves declare el técnico municipal acusado para aclarar en qué condiciones firmó el informe de su superior en el que se adjudicaba la ayuda a TISA, la exedil ha explicado que las órdenes para que se rubricara dicho documento vinieron “de arriba”, en referencia al Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad. De igual manera, ha aclarado que ante la negativa del director del departamento de Medio Rural a firmar el informe que él había redactado previamente donde TISA obtenía la puntuación máxima para recibir una subvención -lo cual achaca a su enfado por no ser nombrado gerente del PTA-, fue ella quien, confiando en su “capacitación”, le pidió al procesado que lo rubricara sin que éste se opusiera en ningún momento.

Para este jueves está prevista la declaración del técnico municipal y la exalcaldesa, para quien la fiscalía y las acusaciones que ejercen la Abogacía del Estado y el consistorio solicitan siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Mientras, el lunes está citada a declarar como testigo la actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), en el transcurso de un juicio que se prolongará hasta finales de mes.