Alaya sube la apuesta e imputa al presidente de Unicaja en el caso de los ERE
La jueza Mercedes Alaya da un nuevo paso en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos. En un nuevo auto dado a conocer en la noche de este miércoles, imputa a toda la cúpula de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz de Andalucía (IDEA, antes IFA) que pagaba las ayudas directas y sociolaborales que concedió la Consejería de Empleo entre 2001 y 2008.
Alaya vuelve a dejar fuera de las nuevas imputaciones (un total de 16) a personas aforadas como José Antonio Viera y Francisco Vallejo (presidentes del consejo rector de IFA/IDEA), así como Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo (vocales del consejo rector), todos ellos exconsejeros y que ya 'preimputados' anteriormente junto a los expresidentes Chaves y Griñán en otra de las ramas del caso. También se dejan fuera de las imputaciones a otro vocal, Isidoro Beneroso, expresidente de El Monte.
El auto, que no nombra esta vez a las personas aforadas, coincide prácticamente en el tiempo con la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción de que Alaya envíe al Supremo la parte o las partes de los ERE en las que crea que hay presencia de aforados. Esta misma semana, dos exaltos cargos se han negado a declarar porque entienden que la jueza ya no debe ser competente para seguir investigando. Alaya, de nuevo, esquiva a los aforados para mantener una investigación que, según ha dicho recientemente, concluirá “en breve plazo”.
Entre los nuevos imputados destaca el actual presidente de Unicaja, Braulio Medel que ha sido citado para el próximo miércoles 21 de mayo. Fuentes de Unicaja dicen que “habrá que ver qué dice el auto, y cómo lo dice”. También está entre los imputados el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, exsecretario general de Industria, así como otros 14 miembros del consejo que ya han sido citados a declarar la próxima semana, muy apretada en cuanto a citaciones, un total de cinco al día.
Los hechos que describe la jueza en un detallado auto de 95 folios son , “de indudable trascendencia penal” y por los que imputa a todas estas personas, podrían suponer un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en documento oficial, “pues a ellos les compete la aprobación de la propuesta de anteproyecto de presupuesto de IFA/IDEA”.
La finalidad de la imputación, según argumenta la jueza, es “conocer el funcionamiento de la Agencia, la estrecha cooperación prestada por la misma y por la Consejería de Innovación a la Consejería de Empleo antes y después de mayo de 2004 y concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al consejo rector, si bien todo ello requiere el indispensable complemento del atestado de la Guardia Civil sobre IFA/IDEA y sobre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo en el que se está trabajando en la actualidad, sin el cual la investigación estaría incompleta”. A ello aludía recientememente la jueza para retener el caso y no enviarlo aún al Supremo, si bien emite el nuevo auto con numerosas nuevas imputaciones.
“El compañero perfecto” de la Consejería de Empleo
Alaya repasa pormenorizadamente las 32 actas del consejo Rector de IFA/IDEA entre 2001 y 2008 en las que se informó, ratificó o autorizó la firma de los convenios entre la Agencia y la Dirección General de Trabajo. Destaca la jueza el acta de 23 de julio de 2001, cuando el presidente del entonces IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), el exconsejero Antonio Fernández, informó de la suscripción del conocido convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social, y que supuso el comienzo de las irregularidades según la tesis de la jueza.
La jueza indica que, a partir de junio de 2008, en las sesiones del consejo rector no se informaría ni se autorizaría ningún convenio entre la Dirección General de Trabajo e IDEA, aunque siguieron otorgándose subvenciones con el mismo objeto en virtud de convenios entre dicha Dirección General y el director de IDEA, dejándose al margen al consejo rector, modulando para ello las cuantías de las ayudas.
“A nivel presupuestario, IFA/IDEA fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo, pues aunque a la misma el pago de subvenciones no le suponía gasto alguno, pues se trataba de pagos por cuenta de la citada Consejería, para que ésta pudiera en su presupuesto de gastos incluir como créditos las partidas de transferencias de financiación a IFA/IDEA (hecho que ocurrió hasta el presupuesto de 2009 inclusive), la Agencia falsearía su Presupuesto de Explotación y presupuestaría cada año gasto equivalente a las citadas transferencias en la partida 'Otros gastos de Explotación' aunque, al no existir tales gastos, luego la misma escasamente se ejecutaba”, explica la jueza.
“Este hecho del falseamiento del presupuesto de IFA/IDEA es tan trascendental, que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31L de la Dirección General de Trabajo”, argumenta Alaya.
La jueza va más alla y destaca que “el hecho de que en tan vasto periodo de tiempo (2001–2008) ningún miembro del consejo rector opusiera reparo a ninguno de los convenios de los que se le dio cuenta en el necesario ejercicio de control que legalmente les competía” significa que “su funcionamiento plenamente acorde respondía a un mismo criterio, a un mismo diseño político del que eran partícipes, pero que debía haber sido previamente establecido, lo cual es totalmente coherente con el resultado que la presente investigación está ofreciendo en las diferentes facetas ya abordadas”.
Aforados 'preimputados' por segunda vez
Alaya vuelve a dejar fuera de las imputaciones a personas aforadas pero en esta ocasión acuerda, sin nombrarlos, practicar nuevas diligencias para “determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados” ya señalados en autos anteriores de la jueza y que integraron el consejo rector en su condición de presidentes o vocales. En este caso se trata de los cuatro exconsejeros citados más arriba y que ya fueron 'preimputados' en los autos de septiembre y diciembre pasado.
Entre los nuevos imputados destaca Braulio Medel, quien fuera ciceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda desde 1986 y, posteriormente, a partir del año 1991, presidente de Unicaja. De las 32 sesiones analizadas solo asistió a tres de ellas a lo largo de siete años, con una media de diez sesiones por año. En las tres sesiones citadas se le informaría de cinco convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y seguridad Social (2 sesiones) y votaría a favor de la autorización de dos convenios. Se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios, explica la jueza.
Por su parte, José María Bueno Lidón, que fue secretario general de Industria hasta 2001, fue a partir de 2002 el presidente de El Monte, Caja de Huelva y Sevilla. Asistió en total a 26 sesiones del consejo rector de IFA en las que se le dio cuenta, mediante concreta información, la firma de 60 convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo, para el pago de subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación.
“A ninguno de dichos convenios ejerciendo su labor de control opuso reparo alguno”, dice la jueza de Bueno Lidón. Asimismo ejerció su derecho de voto en 17 ocasiones y votó a favor de la ratificación o autorización de 42cConvenios (normalmente de mayor cuantía que los anteriores) con la Dirección General de Trabajo, de los cuales a 39 (15 sesiones) fue por votación directa y a 5 (2 sesiones) por delegación. Existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la consejería de Empleo en la sesión de 11 de junio de 2007, por importe de 58 millones de euros y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios entre la Dirección General e IDEA.
Entre los imputados destaca también Francisco del Río Muñoz, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2008, igualmente miembro del consejo rector de IFA/IDEA. El resto son Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Ana María Peña, Ángel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia.
La jueza amplía la imputación de otros cuatro exaltos cargos (el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete), miembros del consejo, por su presencia en las reuniones donde se autorizaban las “importantes irregularidades de las ayudas directas y sociolaborales que se gestionaban entre la Agencia y la Dirección General de Trabajo”. También pide que se tome declaración en calidad de imputados a Francisco Mencía Morales, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Pablo Millán y Juan Vela Quiroga.
