Macondo, Andalucía y las mujeres

Treinta y cinco años atrás, el cantautor portugués Luis Cilia proponía la violencia de la idea frente a la idea de violencia. Más de mil mujeres asesinadas desde que se cuentan en España las mujeres asesinadas seguimos sin hacernos a la idea de las dimensiones de dicho crimen de lesa humanidad y buscamos para disimularlo la torpe complicidad de las palabras.

En Andalucía, para sacar adelante los primeros presupuestos del Gobierno del PP y de Ciudadanos, ambas formaciones han aceptado, entre otras propuestas de la ultraderecha católica de Vox, que se modifiquen los fondos para la Memoria Histórica y se incrementen los de la Memoria casi prehistórica, la que nos lleva –para lo bueno y para lo malo- a ser la puerta europea de América desde 1492 y la feliz Circunnavegación del Globo, cuyo quinto centenario estamos a punto de celebrar. Con tanta memoria difusa, a lo mejor no sólo nos olvidamos de García Lorca y de Blas Infante, entre muchos otros cadáveres sin nombres ni apellidos, sino que lo mismo nos olvidamos de que el próximo año se cumplirán cuatro décadas del referéndum autonómico del 28 de febrero.

No falta quien quisiera a su vez condenar al olvido a las mujeres machadas, maltratadas, humilladas y finadas. No hay mayor violencia contra ellas que invisibilizarlas de nuevo. En un documento firmado por PP, Cs y Vox, esta formación ha logrado que se incorpore un teléfono para denuncias de violencia intrafamiliar, un término que la Organización Mundial de la Salud equiparaba quince años atrás como sinónimo de violencia doméstica y que, aunque se sigue utilizando, no ha quedado en desuso pero se ha visto superado por la emergencia de los asesinatos y malos tratos machistas contra las mujeres.

Como este periódico ha recordado, desde hace mucho, existe un Teléfono de Notificación de Posibles Situaciones de Maltrato Infantil de la Junta de Andalucía, al margen de que la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía asuma también la Defensa del Menor en la plena extensión del término. ¿A qué viene que Alejandro Hernández, portavoz andaluz de Vox, diga entonces que en 2020 habrá un teléfono más, por ejemplo, para “los hijos maltratados por una madre alcohólica”? ¿Es que no sabía que ese teléfono ya existe o es que pretende generalizar el por fortuna minoritario colectivo de las mujeres borrachas? Desde 2013, cuando se empezaron a contabilizar los niños, han sido asesinados 27 menores en casos de violencia de género en los que las victimas iniciales habrían de ser sus madres.

Por teléfonos que no queden, aunque día a día los casos de violencia de género se multipliquen en los noticiarios. Otrosí ocurre con el Teléfono de Atención a las Personas Mayores, un servicio gratuito gestionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que, entre otros fines, incluye el de la prevención de posibles situaciones de riesgo y maltrato físico, psicológico o económico que pueda sufrir dicho colectivo.

Tampoco faltan, por cierto, servicios de ayuda contra la violencia juvenil. Del mismo modo, ya existe el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), a lo que se suma el hecho de que a escala estatal y desde marzo del pasado año el teléfono 016 ya admite llamadas de hombres que se sienten víctimas, aunque las emergencias, sea quien sea la persona que sufra, siguen siendo atendidas por el 112.

No sin controversia entre la Consejería de Empleo y del Instituto Andaluz de la Mujer, durante el mandato de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, se adaptó a la legislación andaluza el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. El documento partía del Convenio de Estambul (2011), que hace extensivo el concepto de víctima al hombre (adultos, mayores, niños), no sólo a la mujer, y fue firmado por 40 países, entre ellos España.

¿A qué viene entonces esta propuesta de Vox, amablemente aceptada por los actuales socios del gobierno andaluz con tal de sacar las cuentas adelante? La respuesta a dicha incógnita tiene que ver con el viejo chiste escolar de dónde se esconde mejor un elefante: en una manda de elefantes. Da la sensación a primera vista de que la ultraderecha española no parece buscar tanto, visto lo visto, que se haga justicia a los hombres maltratados por sus parejas, sino que se disimule la pertinaz sangría que sufre el género femenino. Es defensa propia –de la civilización frente a la barbarie-- y no ideología de género, como presume el partido de Santiago Abascal y con lo que, a las pruebas de dicho acuerdo parlamentario e institucional me remito, parecen estar de acuerdo la formación que preside Pablo Casado y la de Albert Rivera. De hecho, el Tribunal Constitucional avaló en 2008 la Ley contra la Violencia de Género, sin que se le considerara sectaria como pretendían sus detractores.

Claro que hay hombres golpeados, muertos, destrozados. Por un solo caso ya merecería la pena que el Estado les atendiese. Y les atiende, aunque algunos sufran errores por parte de la administración, como también sufren la inmensa mayoría de las damas. Pero es que el elefante de las mujeres muertas es mucho elefante para esconderlo.

El argumento de los datos

El que creo que sigue siendo el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en torno a las sentencias relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores, data de 2016. Dicho documento señala que ese año hubo 48 sentencias: 38 por violencia de género (mujeres asesinadas por parejas o exparejas) y 10 por violencia doméstica (hombres asesinados por sus parejas o exparejas). En tres de estos diez últimos casos –ojo al dato-- los autores fueron hombres. El informe que atañe a los homicidios en general acumula datos desde 2011 y establece que en dicho periodo se dictaron 259 sentencias por el asesinato de mujeres y 47 por el de hombres, aunque en este último caso no siempre a manos de parejas o exparejas mujeres. Para colmo, también son mayoría las mujeres que padecen violencia doméstica, ejercida por familiares que no son ni pareja ni expareja. En 2017, según datos del INE de los que se hace eco dicho organismo judicial, de entre las 7.392 víctimas en asuntos incoados con procedimiento judicial abierto, 4.619 eran mujeres (62,5%) y 2.773, hombres. Un informe de Interior sobre homicidios señala que de los 661 casos analizados entre 2010-2012, 90 eran de hombres que habían matado a familiares que no eran pareja ni expareja frente a los 30 de mujeres que habían matado a otros parientes.

Andalucía empieza a parecerse al Macondo de Gabriel García Marquez. Y no porque aquí anide lo real maravilloso, que también, sino porque en Cien años de soledad, Gabo evocaba cuando Macondo era “una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. “El mundo era tan reciente –escribía el Nobel colombiano--, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”.

Vox pretende alterar el nombre de las cosas para que dejen de existir. Tampoco tiene nombre lo que parece buscar la Junta de Andalucía con este acuerdo. Y hay, digo yo, que señalarlo con el dedo.