Las fundaciones públicas de Andalucía regularizan a solo un 13% de sus investigadores porque no son “personal estructural”

Investigar en España y en concreto en Andalucía no es una labor que esté bien pagada. Según datos del sector, alrededor del 90% de los trabajadores de este ámbito de las fundaciones públicas andaluzas tienen contratos precarios. Sueldos bajos, cambios continuos de categoría o despidos si no hay financiación para proyectos son el día a día de estos investigadores que admiten aguantar porque este ámbito científico es su “pasión”. Por si fuera poco, la última Oferta de Empleo Pública (OEP) de la Junta de Andalucía, apenas ha convocado 190 plazas para estabilizarlas de las casi 1.400 que hay entre las cuatro fundaciones públicas. Una situación por la que los sindicatos no descartan tomar medidas legales.

Tras la Ley 20/21 de 28 de diciembre para reducir la temporalidad en el empleo público, conocida como “ley de interinos”, el Ejecutivo andaluz ha hecho una “interpretación libre” de la norma, según afirman investigadores y sindicatos. Legislativamente, las condiciones para estabilizar un empleo suponen que el trabajador llevase más de tres años trabajando hasta 2020. Algo que cumplen ampliamente la mayor parte de los científicos de estas fundaciones públicas de Andalucía, pero que no se ha visto reflejado en la OEP que solo apuesta por la estabilización de 190 puestos de trabajo. Según estiman fuentes de la mesa sectorial, para que se cumpliese la ley, habría que sacar a oferta pública 1.200 plazas.

La responsabilidad, de la dirección de los centros

De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, los 190 empleos que se van a estabilizar en esta OPE se reparten entre los 114 de la Fundación Progreso y Salud (FPS), los 30 de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), los 23 de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) y el mismo número para la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS). Cifras muy bajas teniendo en cuenta que las cuatro tienen plantillas más extensas, lo que dejará a un gran número de investigadores en situaciones precarias. Además, la Junta delega la responsabilidad en las direcciones de estos centros: “Las gerencias de cada fundación han remitido a la Consejería la propuesta de plazas a convocar. Dicha propuesta ha sido revisada y autorizada por la Dirección General de Presupuestos y la Secretaría General competente de la Consejería de Justicia. Esta OEP ha sido negociada con los sindicatos en cada entidad”.

María Jesús Pinto es una de las voces autorizadas para hablar de la situación de los investigadores andaluces. Portavoz del comité de empresa de FIMABIS por UGT, lleva 20 años trabajando como científica en esta entidad, pasando por diferentes categorías. A sus 45 años percibe 18.000 euros brutos anuales que llegan a ser menos en determinados proyectos. “En las reuniones que hemos tenido con Recursos Humanos nos dicen que los investigadores no somos personal estructural, cosa que no podemos entender porque sin nosotros no existirían las fundaciones”. Pinto asegura que han protestado “muchas veces” sobre la situación a la que se ven forzados al tener que asumir contratos precarios. “Ya no es solo el problema de la estabilización, es que nosotros tenemos muchos cambios de contrato. Yo soy investigadora desde 2003 y he ido cambiando de contrato, fui doctora y desde febrero pertenezco a un puesto de estructura de apoyo. Llevo con contrato desde 2009, antes fui becaria, pero no puedo pedir la estabilización porque he cambiado de puesto recientemente. Es injusto”.

Un investigador de una fundación pública de Andalucía no tiene una vinculación estable con su institución. Depende de los proyectos que se le asignen y del currículum de trabajos que atesoren para poder seguir manteniendo su empleo. El sueldo de un trabajador que lleve 20 años ejerciendo, encadenando contratos temporales, ronda los 18.000 euros brutos al año, pudiendo ascender a algo más de 23.000 si es postdoctoral, aunque también puede bajar del umbral de los 18.000 si la categoría correspondiente es la de técnico. Hasta hace una década, muchos investigadores percibían su sueldo a través de becas con las que no cotizaban a la Seguridad Social, por lo que hay un importante número de ellos que tienen años trabajados que no van a contar para su jubilación, salvo que decidan pagar las cuotas correspondientes a aquel tiempo.

Sin presupuesto autonómico

Por si fuera poco, el sector carece de convenio colectivo. Hay acuerdos puntuales entre los empleados y las fundaciones para establecer algunos derechos concretos, pero la realidad es que los investigadores se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y llevan desde 2016 reclamando que se establezca un convenio que tenga en cuenta sus particularices. Entienden que, de esa forma, la precariedad dejará de ser la norma porque podrán optar a contratos fijos y a no depender de la financiación que consigan para los proyectos. Porque esa es la premisa en la que se basan tanto las fundaciones como la Junta de Andalucía a la hora de establecer esta OPE. Como no hay un presupuesto cerrado por parte del Ejecutivo, sino que el dinero que tienen depende de las ayudas públicas, las contrataciones se hacen basándose en ese criterio. Razón por la que entienden que no sería posible estabilizar a todos los trabajadores. Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT, representantes de los investigadores de las fundaciones públicas, recuerdan que sin estos trabajadores no existirían dichas entidades, por lo que son personal estructural.

Fuentes sindicalistas censuran la actitud de las direcciones de las fundaciones y de la propia Junta por estabilizar sobre todo los empleos del personal de gestión y no de los científicos. Esto da pie a que haya personas que lleven años trabajando en el mismo lugar, encadenando contratos precarios, pero sin la posibilidad de obtener una estabilidad a lo largo del tiempo. Según Luis González, portavoz de CCOO, “la interpretación que han hecho las fundaciones de la OPE, y que ha avalado la Junta, va a dejar al 90% del personal en situación de precariedad”. Denuncia que, durante la anterior etapa del Gobierno andaluz, en la que se puso en marcha la OPE, negociaron con la Consejería sin llegar a ningún acuerdo. “Lo hemos vuelto a plantear ahora y siempre nos dan largas”. Con este panorama, cuenta cómo “a una investigadora de 62 años, después de más de 20 años trabajando, le dijeron que tenían que echarla porque no había dinero para otro proyecto”. Finalmente se logró detener el despido, pero situaciones así son muy comunes, afirman.

Según la información que manejan los sindicatos, si el convenio colectivo saliese adelante, la masa salarial de las fundaciones tendría que aumentar en 300.000 euros por la estabilización de empleos, aspecto que tratan de evitar a toda costa desde la Consejería de Hacienda. Con este panorama, “la gente joven cada vez tiene más reticencias de venir a estas fundaciones”. María Jesús Pinto considera que, si no se pone “remedio”, las investigaciones se quedarán “exclusivamente en el ámbito universitario”. Admite que son un colectivo precarizado, pero también un colectivo “poco reivindicativo” porque son unos “apasionados” de su profesión y aguantan pese a la precariedad.

De hecho, ocurre que en ocasiones hay proyectos en los que el dinero no permite cubrir los sueldos de los investigadores, por lo que se ven obligados a cambiar a una categoría inferior para poder trabajar en esa investigación. “No nos hacen contratos de menos horas, sino que nos hacen cobrar menos por hora. Es curioso cómo luego todos los políticos se llenan la boca hablando de nosotros y de la investigación, pero nos tienen maltratados”. Cansados por la precariedad y tras una OEP que apenas estabiliza al 14% de la plantilla de las fundaciones, los sindicatos advierten de que no descartan tomar medidas legales contra un proceso que consideran arbitrario.