Un año de impunidad

Primero dijeron que la Guardia Civil no había intervenido. Después tuvieron que admitir que sí, que había utilizado material antidisturbios, pero sólo en tierra. Cuando los testimonios gráficos demostraron lo contrario, el número de declaraciones absurdas se multiplicaron: que si dispararon para marcar la línea fronteriza, que si los inmigrantes que llegaron a la playa española no habían llegado a territorio español porque no habían superado la línea de guardias civiles…

Pero son muchos los testimonios que afirmaron, e incluso demostraron, el impacto de las balas de goma en los inmigrantes que de forma desesperada intentaban cruzar la frontera a nado. Como muchos otros que afirman que los devolvían a culatazos al agua cuando se agarraban a las rocas, o que se utilizaron gases lacrimógenos…

Pasado un año, las diligencias en el juzgado de Ceuta siguen en el limbo. Como ocurrió con los sucesos de 2005, ninguna responsabilidad política ha sido asumida, ninguna investigación se ha desarrollado con seriedad, el parlamento no aceptó una comisión de investigación y finalmente los hechos quedarán en la más absoluta impunidad. Pues quedan pocas dudas de que al menos una parte sustantiva de la responsabilidad de aquellas muertes radica en la acción de la Guardia Civil aquél fatídico 6 de febrero de 2014. Y menos dudas aún de los intentos del Gobierno español para ocultar y manipular lo ocurrido.

Se habla ya poco de Ceuta. En estos meses sólo de los saltos a la valla en Melilla. Es normal, en Ceuta apenas hay saltos a la valla porque la orografía del terreno los hace sumamente difícil. Y excepto en algún reportaje ocasional, apenas se recuerda ya la situación de las personas que llegan a las fronteras de Ceuta y Melilla.

¿Cuál es la situación de todas esas personas? Es difícil que nos hagamos una idea de la desesperación a que han llegado los centenares de migrantes provenientes del África subsahariana que aguardan una oportunidad para “colarse” por algún resquicio en las alambradas fronterizas de Ceuta y Melilla. Son seres humanos que vienen de países asolados por la guerra o por la miseria más descarnada o que emprenden un viaje migratorio simplemente por la falta de futuro y de la perspectiva de que éste exista.

Son personas que han atravesado media África pasando por un sinnúmero de penalidades. Y que cuando llegan a la frontera tienen que soportar el trato inhumano de la policía y el ejército marroquí. Tienen que vivir, a veces hasta un año, en condiciones peor que animales, en los bosques, sin techo bajo el que guarecerse, en muchas ocasiones sin comida ni agua, hostigados permanentemente por las autoridades marroquíes, cuando no deportados ilegalmente al desierto entre Argelia y Marruecos.

A ello habrá que sumar la extrema dificultad para poder atravesar la frontera. Si van en patera, se encuentran con el control de las costas por parte del ejército marroquí, que cada vez más ejerce de gendarme de fronteras de la UE a cambio de sustanciosas compensaciones. También se enfrentan a expulsiones ilegales de la guardia Civil, las “devoluciones en caliente”, que el gobierno quiere legalizar pese a el clamor social en contra, los informes de jueces, fiscales y abogados e incluso de la Unión Europea.

Se comprenderá entonces que se produzcan estos intentos desesperados de atravesar las murallas fronterizas como los que estamos viendo estos días. Están en un túnel sin salida y no pueden volver atrás. Estamos ante un grave drama humano de complejas soluciones sobre el que tendríamos que reflexionar. Pero la solución no está en culpar a las mafias y vulnerar gravísimamente los derechos humanos como hace el Gobierno o en comprometerse con Marruecos (y el resto de la UE) en aumentar el grado de militarización y de represión sobre los migrantes subsaharianos.

La reflexión podría venir tal vez de la mano de considerar que son precisamente esas mismas políticas de rechazo y de control las que han provocado esta situación. Y que su continuidad no hace sino agravarla.

El resultado es el que estamos viendo. Un número absolutamente intolerable de personas que pierden la vida en el conjunto del Mediterráneo y en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La globalización capitalista les condena en sus países a la miseria y al hambre. Nosotros les impedimos emigrar legalmente, les obligamos a intentarlo irregularmente y luego les recibimos a tiros y vulnerando todos los derechos humanos ¡qué barbaridad!

Porque de eso se trata. De una barbaridad. Lo de Ceuta y Melilla ya no puede sortearse por parte del Gobierno con algunas explicaciones exculpatorias por parte del Director de turno o del Ministro del Interior. Hace falta una Comisión de Encuesta internacional, imparcial, con presencia de los organismos humanitarios que determine lo que está sucediendo realmente en la frontera y en los bosques que rodean Ceuta y Melilla, que establezca las responsabilidades pertinentes y que proponga vías diferentes –que son claramente posibles pese a la complejidad del problema y que organizaciones como las que pertenecemos a Migreurop acabamos de plantear en el Congreso y en el Parlamento Europeo- para abordar la situación. Porque el camino emprendido desde hace años por unos y otros gobiernos nos lleva a la indignidad y al desastre.

Por eso el próximo 7 de febrero en Ceuta, una marcha convocada por numerosas organizaciones recordará a los fallecidos y clamará por la justicia y contra el olvido. Pero también será un recuerdo a todas las personas que han padecido la misma suerte, a las que siguen esperando la oportunidad de llegar a la ansiada Europa, a las que sufren las deportaciones “en caliente”, a las que son discriminadas, excluidas, criminalizadas, encarceladas, denigradas, explotadas, prostituidas, esclavizadas, extorsionadas, invisibilizadas… por el simple hecho de haber nacido en “otras tierras”.

Será por tanto, un acto en defensa de los Derechos Humanos, de la Democracia y los valores que representan: justicia, igualdad, libertad, diversidad, solidaridad, pluralidad, convivencia, respeto…