El pasado 27 de octubre Unidos Podemos presentó en el Senado una moción solicitando la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Allí estábamos nosotros, la APDHA, junto con representantes de asociaciones de profesionales de la medicina como la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) o la Organización Médica Colegial de España (OMC) en la tribuna de invitados. Para todos nosotros la aprobación de esa PNL era importante porque llevábamos mucho tiempo defendiendo la importancia que esto tenía tanto para las personas presas como para los médicos que trabajan en los centros penitenciarios.
Justamente la transferencia de las competencias penitenciarias a las comunidades autónomas supone una de las acciones precisas para que mejore la asistencia médica de la población encarcelada y así lo hemos dicho en nuestro informe ─La salud robada entre cuatro muros. La isla de la sanidad penitenciaria─ donde se recoge el trabajo realizado por esta asociación durante años.
Ante nuestra sorpresa, esta moción fue votada por unanimidad. Todos los senadores de todos los partidos políticos la apoyaron, consiguiendo así 251 votos a favor. La propuesta defendida por la APDHA en su último informe de sanidad se veía así ratificada por el Senado en pleno. Tras la indudable alegría inicial sobrevino una mezcla de extrañeza y preocupación. Estábamos contentos, eso era indudable. Pero ¿por qué estábamos contentos? ¿Porque los senadores habían dicho que iban a pedir al Ejecutivo que cumpliera la ley tras 12 años de espera? No parece mucho. Y se puede pensar ¿cómo están pidiendo hoy que se cumpla algo que los Ejecutivos – tanto del PP como del PSOE ─ debían haber cumplido hace doce años? Sin duda suena extraño. Trataremos de explicarlo.
La Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, estableció que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Según el plazo que entonces se estableció, la transferencia debía hacerse efectiva antes del 1 de diciembre de 2004. Ni la Junta de Andalucía, e igual sucedió en la mayoría de las Comunidades Autónomas, ni el Gobierno Central han tenido hasta el momento ningún interés en realizar esta transferencia y han dado largas incumpliendo la ley y obviando las reclamaciones en esta línea realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo de España, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía General del Estado, las asociaciones mayoritarias de médicos penitenciarios y distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos. Y así han pasado doce años.
Dentro de las prisiones, la asistencia sanitaria primaria es prestada por facultativos penitenciarios y la atención especializada por médicos especialistas del Servicio Nacional de Salud, preferentemente. Uno de los problemas que plantea este modelo es que esta red sanitaria de atención primaria está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Esta situación supone un incumplimiento palmario de la Ley General de Sanidad y de la Ley Orgánica General Penitenciaria y esto acarrea la desigualdad más absoluta en los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica.
La transferencia de las competencias sanitarias es una necesidad urgente y requisito ineludible para conseguir la modernización y normalización de la sanidad penitenciaria. A la población reclusa se le debe dispensar una atención sanitaria en igualdad de condiciones a la dispensada al conjunto de la población libre. Los artículos 15 y 43 de la Constitución Española garantizan el derecho a la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose los primeros en el catálogo de derechos fundamentales, estos tienen un carácter absoluto y no pueden verse limitados por un pronunciamiento judicial. Sin embargo encontramos que, de forma continuada, esto se ha incumplido. Por eso consideramos que la aprobación de esta moción en el Senado es un paso adelante en la lucha por acabar con esta situación, pero solo un pequeño paso. Hasta que la transferencia se haga efectiva, los derechos de las personas presas se verán mermados.
Seguramente estarán pensando que para qué les estamos contando todo esto cuando ya se ha aprobado la moción. Han tardado, es cierto, pero ya han dicho que sí. Ojalá con eso fuera suficiente. Los problemas no se acaban aquí. Siendo una moción, ni siquiera su aprobación significa que se cumpla. Llevamos muchos años trabajando este tema y sabemos que otras muchas veces se han aprobado mociones similares y después se han dejado caer. Ignorar que puede volver a pasar otra vez sería ser demasiado ingenuo.
Tratándose de las cárceles y de los derechos de las personas presas solo nos queda –recordando a Gramsci- tirar del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón. La inteligencia nos dice que lo más probable es que de nuevo no se cumpla, la voluntad nos impulsa a seguir trabajando, a seguir luchando activamente desde nuestra campaña de Sanidad en Prisión para que esta moción se cumpla y para que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
Si quieres conocer y apoyar la Campaña que estamos llevando a cabo sobre Sanidad en Prisión, aquí puedes ver toda la información. En tiempo tan difíciles es más importante que nunca mantener el optimismo de la voluntad.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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