La ocupación de viviendas ha venido para quedarse

La ocupación de viviendas, como modelo habitacional de quienes no tienen recursos para procurarse una casa en la que vivir, ha venido para quedarse.

La crisis que desde hace diez años azota a nuestra sociedad ha expulsado del sistema a numerosas familias, hasta ese momento básicamente normalizadas y estabilizadas. Esto se manifiesta en muchos casos en la pérdida de su vivienda habitual. Este estado de emergencia habitacional, con su secuela de desempleo, carencia de ayudas sociales e ingresos significativos, las ha obligado a resolver su alojamiento y subsistencia mediante la ocupación de pisos vacíos, para no caer en el hacinamiento, infravivienda o a vivir en la calle.

Hoy en nuestras ciudades se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas. Y carecer de vivienda no es sólo carecer de techo. Es también carecer de un hábitat estable donde desarrollar nuestra vida personal y familiar, con equilibrio y estabilidad, con lo que esto supone para la salud física y mental. Y es, además, no contar con los suministros básicos y suficientes. Es, en definitiva, carecer de las mínimas condiciones para una vida digna.

Décadas atrás se veía a los ocupantes de viviendas como okupas, personas habitualmente jóvenes que por motivos ideológicos y como parte explícita de su modo de vida, se saltaban los derechos de propiedad para instalarse en un piso. Coexistían con ellos los desheredados de siempre, que de forma más moderada entraban y usaban viviendas deshabitadas. Se veían como situaciones puntuales, marginales.

En la actualidad, las grandes olvidadas cuando hablamos de derecho a un alojamiento digno, son las familias que se ven obligadas a recuperar para su uso viviendas vacías. Estas casas están en manos de la banca, entidades financieras y grandes inversores: acaparan viviendas y las mantienen cerradas por objetivos claramente especulativos.

Todas estas personas y grupos familiares son los grandes invisibles que este fracasado modelo ultraliberal se empeña en ocultar, cuando no negar. La mayoría de los partidos políticos y sus administraciones públicas los quieren así, invisibles. Minimizando la importancia y magnitud de esta situación, e incluso negando su existencia, ocultan el rotundo fracaso de sus políticas de vivienda y de sus políticas sociales.

Modelo de ocultamiento

Los bancos también desarrollan su estrategia dentro de ese modelo de ocultamiento. Su accionar es maniqueo y bipolar: inicialmente acosan insistentemente a través de demandas, multas, lanzamientos; y por otro lado, toleran las ocupaciones y los alquileres a precios más bajos de los del mercado, cuando el vecino resiste, actúa organizado en los movimientos ciudadanos, denunciando públicamente el escarnio.

Las administraciones públicas no escapan a ese actuar: amén de tolerar y amparar con sus leyes estos comportamientos, niegan las ayudas aduciendo cuestiones presupuestarias, los someten a interminables trámites y gestiones, y se desentienden de los lanzamientos sin garantizar por sí mismas el realojo. Intervienen sólo cuando la movilización de los vecinos y de los colectivos sociales por el derecho a la vivienda sacan a la luz pública los hechos. Las soluciones que ofrecen, las de siempre: temporales y paliativas, sin respetar el derecho al arraigo, salvo que el vecino exija y luche por sus derechos. La situación de estas personas que se ven en la necesidad de ocupar es totalmente desesperada, a lo que hay que sumar que la ocupación de un inmueble está tipificada como delito de usurpación, y como tal, está penado con multas o con cárcel caso de no abonarlas. Con lo que a la ya acuciante situación de estas familias, se une las consecuencias legales.

Estas familias provienen mayoritariamente de nuestra clase media y obrera empobrecida, o de los dependientes de ayudas sociales reducidas en los últimos años. Como tales son vecinos descreídos del sistema, pasivos, sin organizar y con un acentuado carácter individualista. Y como generalmente no son votantes habituales, tampoco son un nicho atractivo a considerar por los partidos.

Existe la solución: La implicación firme y decidida por parte de las distintas administraciones para legislar a favor de las familias que están padeciendo esta injusta situación, tomando medidas que incrementen de manera sustancial el parque público de viviendas (en régimen de alquiler), mediante la cesión obligatoria de aquellas que hayan estado vacías por tiempo prolongado sin justificación. Se trata de adecuar sus rentas a los ingresos reales de las familias, así como gravar la venta de vivienda, fomentando el alquiler. En definitiva, aplicar las soluciones que los distintos colectivos sociales les planteamos a través del documento Estado de Emergencia Habitacional, o las presentadas por la PAH. Todo esto ayudaría a frenar el proceso especulativo que lleva a la inmovilidad, cuando no subida del precio de los alquileres pese a la carencia de mercado para ello.

“La Constitución de 1978 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación (artículo 47), imponiendo a los poderes públicos el deber de garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial (artículo 33) y subordina toda la riqueza, sea cual sea su titularidad, al interés general (artículo 128)”. (Ley Vivienda, 5 propuestas PAH).

Hay numerosas sentencias judiciales que en su veredicto recogen lo anterior. Pongamos fin a la estigmatización de la pobreza. Situemos en primer plano a estas miles de personas olvidadas, ayudando a hacer digna su situación.