La pandemia: la excusa perfecta para el recorte de servicios públicos

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entiende que la recuperación económica en España ha llegado antes de lo esperado, elevando al 6,8% su previsión de crecimiento económico en 2021, “ayudado por un fuerte apoyo político, el despliegue de vacunas eficaces y la reanudación de muchas actividades económicas”.

En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) nos preguntamos: ¿Y para los sectores más excluidos y marginados de Andalucía cuándo? ¿Y para nuestros barrios empobrecidos cuándo?

Todos los indicadores que hacen referencia a la pobreza y exclusión en Andalucía no dejan de crecer, abarcando a una población cada vez más extensa. Según el Urban Audit 2021 publicado por el INE, en Andalucía están 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita y 12 de los 15 barrios más pobres de toda España. El paro desciende un punto respecto al trimestre anterior, pero aumenta 0,3 puntos más que el mismo trimestre del año anterior. Afecta ya al 21,58% de personas trabajadoras frente al 15,26% de media estatal, según la Encuesta de Poblacion Activa T2 INE. En el primer semestre de 2021 ha habido 2.572 desahucios (19,84 diarios) según datos del CGPJ, pese a la prórroga establecida por el Decreto “antidesahucios”. Los precios de la electricidad siguen disparados. Los cortes/apagones de luz son continuos por falta de inversión en la modernización de infraestructuras eléctricas.

Y en medio de este desbarajuste social, observamos de manera atónita que continúen vigentes algunas medidas tomadas en épocas de expansión de la pandemia, como la generalizada prestación no presencial de los servicios sanitarios y sociales o el recorte de recursos materiales y humanos para casi todo el sector público. La enorme ayuda europea de 140.000 millones de euros se pretende canalizar a través de las grandes empresas sin ninguna garantía de fortalecimiento del sector público, pese a haberse demostrado su rol fundamental para enfrentar la crisis de la COVID-19. Las anunciadas inversiones presupuestarias tienen mayoritaria aplicación en las empresas privadas, ya sean del ámbito sanitario, educación o servicios sociales, siendo lo público mayoritariamente recortado y, en el mejor de los casos, convertido en gestión privada a través de la subcontratación o externalización.

Asistimos al recorte de líneas, plazas y profesorado en la educación pública, recortes de personal sanitario y servicios en la sanidad pública, extinción de contratos y programas en la atención social. Se reducen líneas de trenes de media distancia y paradas de los autobuses públicos buscando cuadrar presupuestos, con el consiguiente aislamiento de pueblos y barrios. La energía eléctrica supera precios día a día, castigando las economías más estrechas y al pequeño comercio, para regocijo del oligopolio eléctrico. Todo en beneficio de las grandes empresas. Ante este despropósito creciente, la población que puede soportar su costo recurre a los servicios privados buscando o reemplazando las prestaciones de calidad que tradicionalmente disponía en la esfera pública.

Ya han recuperado la plenitud de uso y normalidad de funcionamiento los centros comerciales, grandes superficies, supermercados, fábricas, bares y restaurantes, comercios en general, cines, teatros, corridas de toros, aviones y transporte en general… ¿Por qué, en Andalucía, en el grueso de las Administraciones públicas que prestan servicios a la mayoría social permanecen vigentes gran parte de las medidas impuestas desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020? ¿Por qué se sigue imponiendo en ellas el servicio vía telefónica y telemática?

Tengamos presente que para poder sortear los filtros digitales y acceder a la atención presencial, se requiere una buena dosis de constancia, capacidad de comunicación y conocimientos de los vericuetos administrativos. Y además disponer de tiempo y recursos digitales. Y no desfallecer ante las inaceptables demoras.

Desde la llegada de la pandemia, hemos sufrido el mal funcionamiento de la mayoría de los servicios telemáticos y telefónicos públicos. Han estado colapsados, inoperantes, con falta de personal y de otros elementos necesarios para una respuesta mínimamente aceptable. No es admisible, por más tiempo, esta situación de falta de accesibilidad a los servicios básicos. Las personas en exclusión y en riesgo de exclusión sufren doblemente por no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y por quedarse excluidas debido a la brecha digital y las reticencias a atenderles presencialmente. Recordamos que la razón de ser de las Administraciones públicas es aportar los servicios necesarios para las personas, especialmente, la atención y el cuidado de aquellas más vulnerables y empobrecidas. Lo demás debe subordinarse a esto.

En particular, la atención sanitaria y los servicios sociales son las grandes bolsas que siguen concentrando buena parte de las quejas ciudadanas por el no restablecimiento de los servicios presenciales. Las deficiencias existentes en la atención remota obligan a desistir en la demanda o a desplazamientos para mendigar la cita in situ. Es llamativo el bombardeo de ofertas de compañías sanitarias que intentan explotar el nicho de una sanidad pública desprotegida. Y la administración andaluza, como si nada.

No debemos permanecer impasibles frente a esta realidad. El derecho humano a la protección social (artículo 25 de la DUDH) es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y viven, o malviven, en el más absoluto desamparo. Son personas privadas de derechos sociales y económicos. Personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas. 

Desde la APDHA denunciamos que la mayoría de las ayudas sociales anunciadas, en particular la Renta Mínima de Inserción (REMISA) y el Ingreso Mínimo Vital, se quedan en simple propaganda que no termina de llegar a las personas, a pesar de las urgentes necesidades existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos.

Exigimos el fortalecimiento del sector público con partidas presupuestarias acordes a las necesidades reales de la población que permitan contar con personal estable para unos “servicios sociales públicos, universales y de calidad” y la recuperación de la atención presencial en los servicios ahora relegados. La pobreza no puede esperar y la situación se recrudece y empeora. Es hora de actuar. Esto se concreta en inversión, puesta en marcha de programas sociales que, además de a lo paliativo, vayan a las causas que generan la exclusión.

Y una vez más, desde la APDHA reclamamos la puesta en marcha la Renta Básica Universal, que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza. Es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz. Ayudaría a descongestionar los Servicios Sociales, poniendo en valor su verdadera función y devolvería la dignidad a quienes se les pisa a diario.