Cuando hablamos de derechos humanos en la Frontera Sur, siempre olvidamos a un colectivo humano muy numeroso que son las personas trabajadoras transfronterizas de Gibraltar. Un colectivo que, si bien no es equiparable a las personas migrantes que intentan llegar a Europa, sí padecen una merma de sus derechos, solo por el hecho de cruzar a diario una frontera. Hay unas 15.000 personas que viven en España y trabajan en Gibraltar y representan alrededor del 50% del mercado laboral gibraltareño, entre ellas, 10.000 españoles. Gibraltar es el primer empleador de Andalucía.
En este territorio de ultramar, tal y como lo denominan las leyes inglesas, no existe una protección plena de los derechos humanos. El libre tránsito por la frontera, que cruzan las personas que quieren entrar y salir del Peñón, se ve afectado por continuas esperas sin razón aparente, provocadas por los controles de un lado y otro de la verja, en su mayoría del lado español.
En la actualidad, en Gibraltar, no se atienden derechos esenciales como el de la salud, pues desde el 1 de julio de 2022, la Agencia Tributaria del Gobierno de Gibraltar ha dejado de emitir los formularios portátiles S1 al colectivo de trabajadores transfronterizos residentes en España, no cubiertos por el “Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea”, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras contratados después del día 1 de enero de 2021.
Sólo los trabajadores y trabajadoras transfronterizos contratados hasta el 31 de diciembre de 2020, así como los que reciben una pensión de Gibraltar, tienen la asistencia sanitaria asegurada con cargo a fondos públicos gibraltareños.
Además, no todas las personas que trabajan en Gibraltar son iguales ante la ley. Existe una discriminación clara y evidente entre las y los trabajadores británicos, gibraltareños y españoles en la contratación (contratos de cero horas), salarios (hasta tres libras/hora de diferencia), horas extras, antigüedad, desempleo, pensiones, vacaciones, doble imposición de impuestos, etcétera…
Un caso sangrante de discriminación son los contratos a cero horas. Con estos contratos, quienes trabajan están a disposición del empresario, que si no da horas de trabajo, no paga. Estos contratos provocan incertidumbre y precariedad. Si a esto le añadimos una práctica fraudulenta, como es exigir que la persona firme una carta de renuncia para arreglarle los “papeles del paro”, se deja en manos de la empresa la posibilidad de cobrar o no cobrar prestación por desempleo.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en una carta que remitió a los representantes del colectivo de trabajadores transfronterizos, decía que los derechos estaban garantizados en el marco del Protocolo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Pero, no tanto.
Porque uno de los problemas a los que se enfrentan las personas trabajadoras transfronterizas es la falta de información sobre sus derechos y sobre los organismos a los que acudir en caso de conflicto. Además, estos organismos no actúan de oficio, hay que acudir con un abogado privado, cuya consulta puede suponer un gasto de 500 libras, dada la tibieza con que trata la Central Sindical Trade Unions a este colectivo.
Por eso, cuando la ministra del Gobierno español dice que estos trabajadores y trabajadoras están cubiertos por la Comisión de Coordinación del Memorando de Entendimiento sobre los Derechos de los Ciudadanos, que fue firmado el mes de noviembre de 2018, no es así, aunque este sea el foro que viene negociando esta cuestión prioritaria de derechos.
En el futuro Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, se prevé incluir un capítulo sobre coordinación en materia de seguridad social para las y los trabajadores residentes en España que se encuentran empleados en el territorio de Gibraltar y viceversa, garantizando un nivel de protección de los derechos de estas personas equivalente al del Acuerdo de Retirada.
Actualmente, no existe una información clara sobre los derechos laborales de los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, ni transparencia sobre la información de los convenios existentes, lo que permite a las empresas saltarse sus derechos. Tampoco se han traducido en mejoras las reuniones de este colectivo con el Gobierno de Gibraltar. Ni siquiera hay un respaldo desde el sindicato Trade Unions con cientos de trabajadores y trabajadoras españoles afiliados.
El día 7 de julio, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, y el viceministro principal, Joseph García, se han encontrado en Madrid para mantener dos días de conversaciones técnicas sobre las bases de un tratado que regule la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea y su Estado miembro más cercano, España.
Así lo ha explicado el Gobierno de Gibraltar en una nota informativa: “El Gobierno sigue plenamente comprometido con la consecución de un tratado para Gibraltar en consonancia con el Acuerdo de Nochevieja y, trabajando estrechamente con el Reino Unido para lograrlo. Este Gobierno no escatimará ningún esfuerzo para ello”.
Los trabajadores transfronterizos desean que estas nuevas negociaciones alcancen un acuerdo definitivo que permita establecer un marco de relaciones estables y terminar con la situación de incertidumbre en la que vive buena parte de la población de ambos lados de la frontera. Porque todo lo que sea respetar los derechos humanos y laborales, mejorará la convivencia entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, donde las personas trabajadoras transfronterizas son una parte esencial.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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