En España existen tres administraciones penitenciarias diferentes, la de Cataluña, la de Euskadi y la Administración General del Estado (AGE). La normativa básica se aplica en todo el territorio (Ley Orgánica General Penitenciaria y Reglamento Penitenciario), pero estas administraciones tienen capacidad de dictar reglas de organización propias (circulares e instrucciones) y gestionar sus prisiones y su personal. Esta división puede inducir a errores al analizar los datos y estadísticas, sin embargo brinda una excelente oportunidad para realizar estudios comparados y evaluar las políticas públicas.

Las fuentes para obtener datos e información sobre la pena de prisión y el sistema penitenciario son variadas, aunque presentan algunos problemas tanto en su contenido como en su usabilidad. Aun así, algunos datos los podemos analizar en función de lo publicado por estas tres administraciones y por el Consejo de Europa. 

Por otra parte, la normativa prevé diferentes tipos de establecimientos, siendo el más común actualmente es el llamado Centro Tipo, que son establecimientos muy grandes, con capacidad para más de mil personas y divididos en módulos independientes. Aquí encontramos una mejora en habitabilidad e infraestructuras, pero una limitación de los contactos físicos más cercanos entre presos y con los funcionarios.

La población reclusa a 31 de diciembre de 2023 en los centros de la AGE fue de 47.083 personas. El 92,8% son hombres y el 7,2% mujeres A estas cifras habría que sumar la población de Cataluña, 7.582 hombres (94,3%) y 459 mujeres (5,7%) y la del País Vasco, 1.440 hombres (91,5%) y 134 mujeres (8,5%). Por tanto, la población reclusa total en el estado español fue de 56.698 personas.

La tasa de encarcelamiento en AGE es de 120 presos por cada 10 mil habitantes, por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno, a pesar de tener tasas de criminalidad relativamente bajas. En Cataluña, la tasa es de 110, más cerca de los valores de Europa occidental.

La causa fundamental de estas altas tasas de encarcelamiento no es que entre mucha gente en prisión, sino que está mucho tiempo. Tenemos una estancia media de 19,3 meses mientras que la mediana en el Consejo de Europa apenas supera los 10 meses.

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español

Por lo que respecta al tiempo de condena, y en relación con los países del Consejo de Europa, las administraciones penitenciarias españolas contienen un porcentaje menor de personas cumpliendo penas de prisión de menos de 1 año, así como entre 1 y 3 años. Por el contrario, en todas las categorías a partir de 3 años nos movemos en valores superiores tanto a la media como a la mediana europea. En nuestras prisiones encontramos sobre todo delitos sin violencia: más del 50% de la población reclusa cumple condena por delitos contra el patrimonio y salud pública (drogas). Además, los tres sistemas penitenciarios presentan preocupantes datos de envejecimiento de la población, por encima de los valores de los países del Consejo de Europa.

Nuestro sistema se configura como un sistema de individualización científica, dividido en tres grados de tratamiento. Sin embargo, en la práctica no suele haber un análisis individualizado de los internos ni estos progresan con facilidad a las formas más abiertas, siendo menos de un 20% los que se encuentran en alguna de las modalidades abiertas. Asimismo, tan solo el 12,6% de las salidas se producen desde una situación de libertad condicional, lo que nos sitúa en niveles por debajo de los países de nuestro entorno y de las cifras que teníamos hace unos años. La mayoría de los internos se encuentran en el régimen ordinario que supone generalmente pasar todo el día en un establecimiento cerrado y así terminan su condena. 

Es importante poner el foco en la atención sanitaria, pues constituye uno de los más graves problemas del sistema penitenciario español. En la AGE la gestión corresponde al Ministerio del Interior. En el País Vasco y Cataluña depende de sus departamentos de salud, lo que parece mejorar la atención. La dependencia jerárquica del Ministerio del Interior interfiere en la labor médica, la confidencialidad, la confianza paciente-médico y las relaciones con la asistencia especializada que suele darse en el sistema de salud extramuros. Por ende, esta situación contradice las recomendaciones internacionales en base a los principios de equivalencia e integración y la necesidad de independencia del personal médico. La falta de profesionales sigue siendo un grave problema que incluso se ha agravado en los últimos años y la comparativa con otros países europeos no nos deja en buen lugar, llegando la situación a ser denunciada por el Defensor del Pueblo y por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. 

Por último, hay que resaltar que en el año 2023 se produjeron 212 fallecimientos de internos. El Comité contra la Tortura alertó sobre el aumento de las muertes en prisión en los últimos años y lamenta la falta de información facilitada sobre estas muertes y sobre los resultados de las investigaciones realizadas. 

Fuentes:

Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (dependiente del Departamento de Justicia). Tiene las competencias desde 1984. 

La Comunidad Autónoma Vasca asumió estas competencias a finales del año 2021 integrándose en la Viceconsejería de Justicia.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno de España.

Council of Europe anual penal statistics, Space I, annual reports, 2023.