Los abusos denunciados por las temporeras marroquíes desplazadas a la campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva vuelven a traer a escena la dura realidad de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena del campo español.
Para una sociedad democráticamente madura como la nuestra, es intolerable que se sigan dando este tipo de casos de acoso laboral y sexual, poniendo en relieve unas prácticas de explotación más propias de tiempos feudales que de un sector productivo del siglo XXI. Lo ocurrido en Huelva es especialmente sangrante por la especial vulnerabilidad de este contingente de mujeres marroquíes, tanto por una cuestión de género, como por su desconocimiento de la lengua, de la cultura y por el aislamiento físico propio de la dispersión de las explotaciones agrarias.
Aunque obviamente la situación no se puede generalizar ni hacerla extensiva al resto del campo onubense, como se pretende desde algunos ámbitos, lo ocurrido es tan grave e indignante que ni puede ni debe quedar impune. Es más, ha de servir de revulsivo, marcando de una vez por todas el principio del fin de este tipo de prácticas en el campo español. Se hace urgente y necesaria la apertura de una comisión de investigación que evalúe exhaustivamente lo ocurrido, busque los puntos débiles del sistema de contratación en origen al que estaban adscritas estas trabajadoras, para trabajar en su corrección, así como delimitar las responsabilidades y las sanciones pertinentes.
Pero desgraciadamente esta situación no es nueva. Hace ya tiempo que nuestra Federación ha mantenido reuniones tanto con la OIT, como con la Administración Estatal y Autonómica informando de la situación de los temporeros y temporeras, y advirtiendo sobre su vulnerabilidad ante los abusos. La desprotección de este colectivo, integrado mayoritariamente por personas migrantes, es un caldo de cultivo para la creación de bolsas de fraude por parte de determinado tipo de empresariado sin escrúpulos.
Los abusos denunciados son sintomáticos de la situación en la que se encuentran los y las trabajadoras del campo. Un colectivo laboral tradicionalmente ignorado por las Administraciones, azotado estructuralmente por los más altos índices de paro de nuestra economía, en el que prolifera cierto tipo de empresariado, afortunadamente minoritario, que, en aras del máximo beneficio, impone el trabajo no declarado, lo que provoca grandes carencias en los trabajadores y trabajadoras a la hora de consolidar derechos sociales y laborales.
Desde UGT FICA pensamos que acabar de una vez por todas con esta situación requiere de decisiones valientes. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de propiciar que las relaciones laborales en el campo español ingresen en el siglo XXI dotándolas de dignidad y alejándolas de modelos que remiten a tiempos más oscuros, garantizando la integración plena de todos los trabajadores agrarios en el Régimen General de la Seguridad Social. Por eso le emplazamos a que apueste por un modelo agrario de futuro, respetuoso con los derechos de las personas que en él trabajan, lejos de la precariedad y la explotación laboral.
El Ejecutivo ha de tomar nota para que situaciones como la ocurrida en Huelva no vuelvan a repetirse. Para ello es imprescindible revisar y reforzar los mecanismos existentes y, sobre todo, dotar a la Inspección de Trabajo de los medios necesarios para llevar a cabo su labor durante las campañas agrarias. Asimismo es necesario fomentar la presencia de los mediadores sociales nombrados por las Administraciones para garantizar su imparcialidad ante las situaciones de abusos.
Reivindicamos la negociación y aplicación de un Convenio del Campo Sectorial Estatal que mejore las condiciones salariales y de trabajo y que acabe con la atomización de convenios provinciales existentes. Un convenio estatal enfocado a la calidad y estabilidad en el empleo, que mejore sustancialmente los derechos y los salarios, introduzca cuestiones de género, y establezca códigos éticos para garantizar las buenas prácticas empresariales.
UGT FICA rechaza rotundamente cualquier tipo de abuso tanto laboral como sexual, tanto en la Agricultura como en el resto de los sectores económicos de nuestro país, y vamos a luchar contra ello con todas las armas a nuestro alcance con el objetivo de consensuar las medidas necesarias para atajar las causas que las provocan, y erradicar estas situaciones de una vez por todas. Ante los abusos, tolerancia cero.
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