Hace pocos días hemos votado para la formación del Parlamento Europeo, uno de los órganos de gobierno de Europa. Es un momento oportuno para preguntarnos aquí cómo son las relaciones de Andalucía y de Europa, como estamos en Europa. Porque en Europa estamos, aunque a muchos no les suene, y a algunos incluso no les agrade. Y no estamos seguros de que, como se decía antiguamente, “sepamos estar”.
De la Unión Europea proceden la mayoría de los recursos para acometer las inversiones públicas realizadas en Andalucía, para subvencionar buena parte de las actividades inversoras de las empresas, para mantener las rentas a los propietarios agrícolas y pesqueros, y para sufragar parte de las actuaciones sociales. Sin esos recursos, muy superiores a nuestras aportaciones, muy pocas de esas inversiones e iniciativas se hubieran materializado.
En un reciente libro colectivo sobre los Fondos Europeos en Andalucía, uno de sus autores, Manuel Marchena, hacía balance de los casi 40 años que Andalucía recibe Fondos Europeos, y estimaba ni más ni menos que en 2.500 millones de euros/año la cuantía de las aportaciones de esos Fondos durante ese período. De la Unión Europea proceden también buena parte de las directrices y pautas con que se construyen las reglas de juego de nuestra sociedad: calidad y seguridad alimentaria, normas de competencia, comercio exterior, seguridad en la producción y en el trabajo, cuidado del medio y de los recursos hídricos, movilidad, finanzas, migración, transición justa… y, con ello, la mayoría de los impulsos para dotarnos de infraestructuras y equipamientos, para alentar el empleo y para adaptarnos al cambio climático. De la Unión Europea parten también las medidas para fortalecer nuestro conocimiento y promover la I+D, y en ella están, en buena medida, los recursos humanos que, con sus conocimientos e innovaciones, nos permiten vivir mejor. Y, por si fuera poco, la Unión Europea es, además, nuestro paraguas para construir un futuro relativamente independiente de los intereses de los tres grandes bloques mundiales que compiten hoy por controlar el mundo.
Siendo una institución con esas importantísimas funciones, Andalucía –ciudadanos, Gobierno y oposición- ve a menudo a Europa desde una perspectiva muy limitada: la del pedigüeño que espera que le caiga algún dinero de los “burócratas” que pasan cerca. A esa imagen de Europa, proyectada no pocas veces por nuestras mismas instituciones, contribuye sin duda la misma Unión que, ya de antiguo, falla de manera sistemática en cuanto se refiere a comunicar bien la cultura política y social que la alienta y la imagen de que se trata de un proyecto en construcción por todas sus partes.
Las Regiones –los órganos políticos de nuestras Comunidades Autónomas- tienen un papel prácticamente simbólico en la Gobernanza de la Unión Europea
Fruto de ello y de otras múltiples causas que convendría conocer mejor –nuestro nivel de inglés, entre ellas- Andalucía apenas se plantea participar activamente en la Unión. Una participación en donde el protagonismo le corresponde a las instituciones de la sociedad civil: a ONGs, universidades, empresas, sindicatos…, trabando relaciones y manteniendo una presencia activa en los cientos de plataformas, lobbys e iniciativas que, a la postre, configuran muchas de las decisiones de la Unión. Porque, no lo olvidemos, las Regiones –los órganos políticos de nuestras Comunidades Autónomas- tienen un papel prácticamente simbólico en la Gobernanza de la Unión.
Nos podríamos explicar así, desde estas consideraciones, el porqué Andalucía tiene una presencia muy tímida y poco efectiva en las instituciones europeas. ¿Cuántas empresas, instituciones y personas andaluzas figuran en los proyectos que están desplazando las fronteras del conocimiento en la UE? ¿Cuántas de ellas participan en los cientos de plataformas, organizaciones y redes que orientan las actuaciones de Europa? Cada vez que revisamos la lista de los partícipes en los grandes grupos de investigación o en los lobbys europeos sorprende comprobar el escaso número de agentes andaluces que figuran en ellos.
Pero ¿cuántas de las agendas de los parlamentarios andaluces en Europa dan cabida a iniciativas del interés regional? ¿Qué estrategia específica tiene la oficina andaluza en Bruselas? ¿Y la propia Junta respecto a Bruselas? Y, más allá, ¿qué interés tienen las instituciones políticas andaluzas por interactuar en la definición y aplicación de las políticas de transición justa, de migración, de empleo…? ¿Acaso eso hace que “nos llegue más dinero”, que es lo único que nos interesa?
Nos podemos sonrojar además cuando somos testigos de la torpeza con que muchas de nuestras instituciones se aproximan a los órganos hacedores de las políticas de la UE; una torpeza que quizás pudo entenderse en los años previos e inmediatos a nuestra entrada en la UE, pero que es difícil de explicar ahora. El resultado de la suma de la ausencia de referentes andaluces en las plataformas de decisión claves de la UE y de la torpeza en el acercamiento a ellas, desalienta a menudo: no llegamos a explicar bien nuestros retos, no “vendemos” bien nuestros logros ni nuestras buenas prácticas, no conseguimos atraer conocimientos ni apoyos de la UE para avanzar en la elaboración de nuestras iniciativas, no aprovechamos muchas de las oportunidades que nos brinda la UE para perfeccionar nuestros instrumentos de intervención, para corregir las desigualdades internas, desatendemos las oportunidades de captar recursos para operaciones estratégicas (PERTES, Transición Justa, ITI’s…).
La Junta tiene acaso una misión muy específica que, de asumirla, podría dar espléndidos resultados a futuro: estimular a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para que participen de modo activo en el amplio entramado de grupos de intereses vertebrados en torno a Bruselas y para que aprovechen al máximo sus recursos
Olvidamos además a menudo que la UE no es únicamente el entramado institucional ubicado en Bruselas, sino 27 Estados y 300 Regiones con los que debemos interrelacionarnos, aprender, compartir ideas y experiencias y desarrollar conjuntamente proyectos que nos interesen. Algo se hace desde las organizaciones y agentes de la sociedad civil, si bien en pocas ocasiones las empresas, los centros educativos, las ONGs andaluzas que “tienen proyectos de Europa” comparten entre sí sus experiencias, aúnan sus estrategias y fortalecen conjuntamente sus conocimientos.
Cuando la UE es una de las mejores garantías para afrontar las incertidumbres de un complejo futuro, Andalucía –una región que excede en población a varios de sus Estados- parece a menudo como si no estuviera en ella. Espera lo que le den; y trabaja poco o nada por moldear la propia acción de la UE y, en la medida de lo posible, adecuarla a nuestros intereses más básicos. Y si no trabajamos en común con la UE, nuestro derecho a participar ampliamente de sus beneficios carece de sustento.
Un nuevo período de gobernanza en la UE es una buena oportunidad para que los agentes institucionales andaluces, dibujen de modo preciso el sentido de su trabajo en Bruselas y en Estrasburgo, expliquen y compartan con los ciudadanos qué es lo que van a hacer allí, y se esfuercen por contar mejor en qué consiste el quehacer de una institución crítica para las próximas generaciones.
En este marco de responsabilidades compartidas, la Junta tiene acaso una misión muy específica que, de asumirla, podría dar espléndidos resultados a futuro: estimular a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para que participen de modo activo en el amplio entramado de grupos de intereses vertebrados en torno a Bruselas y para que aprovechen al máximo sus recursos –de conocimiento y de financiación-. Un estímulo fundado en ayudas e incentivos económicos y relacionales, en el fomento de programas de trabajo convergentes con los europeos y en ese trabajo de networking que tan bien saben hacer otras regiones españolas para activar enlaces con otros agentes europeos.
Se construiría así una cultura política sobre Europa, de la que quedaría excluida por sí misma la facilidad con que echamos la culpa a Europa de cuantos males supuestamente nos acontecen, arrogándonos, sin embargo, la autoría de cuanto bueno nos ocurre. Se neutralizaría así una política de comunicación antieuropea fundada en movimientos más o menos oscuros de las potencias mundiales para las que una Europa desunida es una espléndida noticia y que tanto hacen por (con mentiras, con la financiación de organizaciones políticas ciegas) conseguirlo.
Andalucía podría rescatar aquí su mejor imagen, la ponderación serena y constructiva con que quiere que se la reconozca, y hacer valer desde ella la relevancia del proyecto europeo. Cuanto más conozcamos a la UE, más fácil será desempeñar ese papel, y aunque acaso un poco tarde, nunca está de más retomar el reconocimiento y valoración de la importancia de Europa como campo de trabajo de nuestras instituciones políticas y de nuestras organizaciones de la sociedad civil.
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