Existe un consenso muy amplio sobre la idea de que el progreso de la sociedad en todas sus dimensiones depende cada vez más del conocimiento. No hay país ni partido político que no asuman esta idea ni la invoquen en casi todos los discursos. Sin embargo, son pocos los países y regiones que son consecuentes con ello y hacen lo necesario para tener una posición avanzada en la producción de conocimiento, campo cada vez más competido a nivel global. La batalla que libramos contra la pandemia que nos azota es un buen ejemplo de esto, que ha reavivado el debate sobre el tema.
España y Andalucía se han sumado en los últimos cuarenta años a los países y regiones que han puesto en marcha sistemas de producción y transferencia de conocimiento, que emulan los de los países más avanzados. Contamos pues con el marco institucional necesario. Sin embargo, la eficacia con la que nuestro sistema de I+D+I realiza esa función está todavía lejos de poder ser calificada como avanzada, según algunos de los indicadores que se utilizan para medirla.
Un buen indicador de la excelencia del conocimiento científico es la proporción de publicaciones de cada universidad que están en el 1 por ciento de las más citadas; pues bien, según los valores publicados de este indicador (CWTS Leiden Ranking, 2020) para 413 universidades europeas, todas las de Andalucía ocupan posiciones por detrás de las primeras doscientas (desde la universidad de Sevilla en la 233 a la de Jaén en la 355), con un número de publicaciones de ese nivel relativamente reducido. Aunque hay algunas universidades españolas mejor situadas que las andaluzas, no hay ninguna que esté entre las cien primeras, sin perjuicio de que en los cien puestos siguientes haya algunas, entre ellas un buen número de las catalanas. Además, en un reciente estudio sobre los cien mil investigadores más citados del mundo (Ionnidis et. al, 2019), las universidades andaluzas contaban con poco más de cien de ellos, el 7,5% de los que hay en España. Para establecer alguna comparación internacional, la universidad de Utrecht contaba con cerca de trescientos y la de Copenhague con algo más de cuatrocientos.
La conclusión que se puede inferir de estos datos es que en las universidades andaluzas hay sólo unos pocos grupos de excelencia, dispersos entre ellas, que no constituyen masa crítica suficiente para que el sistema en su conjunto esté en posiciones más avanzadas, pese a que el número total de publicaciones ha aumentado mucho. Esto se debe a deficiencias institucionales, sociales y económicas que pueden calificarse de estructurales. Y la solución no solo depende de aumentar la financiación, por más que sea necesario hacerlo.
Entre las deficiencias institucionales se suele citar que el modelo de gobernanza de la universidad española no es el más adecuado para lograr la producción de conocimiento de calidad que se necesita en estos tiempos. Asociado a este problema está el de la endogamia, cuestión debatida, pero que las universidades más avanzadas tienen políticas para impedirla. Esta característica afecta a la universidad española y a la andaluza, donde tres de cada cuatro docentes trabajan en la misma universidad en la que leyeron la tesis doctoral (en Cataluña y Madrid son dos de cada tres y en Castilla-La Mancha, uno de cada dos). O donde nueve de cada diez de los que leyeron su tesis en una universidad andaluza trabajan en una universidad de Andalucía.
Las razones económicas son igualmente importantes, pero no las únicas. La financiación del sistema de I+D+I de Andalucía (0,92% del PIB, en 2018) está bastante por debajo de la media española (1,24% del PIB), la media de la UE (2,18% del PIB) y la de otras CCAA como País Vasco, Madrid, Cataluña o Valencia. También, lo es la participación de las empresas en el gasto en I+D, que en Andalucía es más un tercio del total (37%), mientras en España supera ya la mitad (57%) y en la UE llega a los dos tercios. Igualmente, es bajo el gasto comparativo de Andalucía en actividades de alta tecnología, muy asociadas a entornos avanzados en producción de conocimiento: en 2018 no llegaba al 6%, del total nacional y era cinco veces más bajo que el de Cataluña o Madrid.
La juventud de más de la mitad de las universidades andaluzas, la falta de especialización dentro del sistema de universidades y la dispersión de los limitados recursos disponibles son algunas de las causas del retraso de la Universidad en Andalucía
Pueden citarse otras causas: la juventud de más de la mitad de las universidades andaluzas (cinco con menos de 30 años), la falta de especialización dentro del sistema de universidades y la dispersión de los limitados recursos disponibles que ello ha supuesto; la creación en Andalucía de tantas universidades en poco tiempo, que puede haber sido útil para facilitar el acceso de la población a la enseñanza superior, cosa que se podría haber hecho alternativamente con un buen programa de becas, pero que no ha sido útil para robustecer la calidad de las universidades; la escasa coordinación que ha habido entre la formación de docentes e investigadores, que se ha impulsado bastante, y la oferta de empleos en el sector de I+D, que ha tenido como efecto la salida fuera de Andalucía de buenos investigadores.
En la última evaluación que se hizo del Plan Andaluz de Investigación 2007-2013 (IESA, 2013), se señalaban otras debilidades: dispersión y baja masa crítica de los grupos de investigación (cera de 2.500) y la ausencia de incentivos para la fusión de grupos o la colaboración entre ellos; la producción tecnológica medida en patentes y modelos de utilidad está poco desarrollada para el tamaño de sistema andaluz; la creación de start-ups o spin-off surgidas del sistema de I+D+I y el número de empresas y de entidades públicas que se estima que lo utilizan es pequeño para el tamaño que tiene; los dos grandes grupos de programas del PAIDI, el dirigido a proyectos de investigación y el dirigido a la innovación empresarial están desconectados; son muy pocas las empresas andaluzas que realizan investigación.
El sistema de I+D+I español y andaluz necesitan una importante reforma, cuyas líneas principales ya se han señalado en varios informes. A modo de ejemplo, sin pretensiones de exhaustividad, esa reforma debe incluir: un cambio del modelo de gobernanza que haga más compatible la participación con un modelo de gestión eficaz, reconfigurando los órganos de dirección para reducir el sesgo corporativo; medidas que reduzcan la endogamia, refuercen la excelencia, promuevan la colaboración y fusión entre grupos de investigación para aumentar su tamaño y mejorar la calidad; medidas para facilitar la contratación del profesorado y su movilidad internacional, así como flexibilizar la incorporación de investigadores de excelencia de universidades de fuera; medidas que faciliten e intensifiquen las relaciones de transferencia de conocimiento con organismos públicos y empresas; y medidas que reduzcan la carga burocrática que hoy pesa sobre la investigación. Hay también que aumentar la financiación del sistema, avanzando sin pausa hacia el 2% del PIB, referencia muchas veces asumida por las instituciones y nunca alcanzada. Pero para que este aumento de recursos se utilice con la eficacia necesaria debería acompasarse y acompañarse de las reformas anteriores y de que el sector empresarial aumente su participación en la financiación de manera significativa.
Todo esto y más es asunto bien conocido y debatido dentro y fuera de la comunidad científica. Lo que no ha habido es respuesta ni voluntad política para aplicar las soluciones, aunque alguna vez se ha intentado sin éxito. Son reformas que deben contar con el mayor consenso posible, que cuanto más se tarde en llevarlas a cabo peor será para el futuro.
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