El clan Montoro, las auditoras mercenarias y el asalto a la EASP

En el tablero político andaluz, las piezas se mueven con precisión cuando se trata de desmantelar instituciones públicas. Un actor clave en esta estrategia ha sido Alberto García Valera, exconsejero de Hacienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y exdirector general de Tributos con Cristóbal Montoro. Su paso por la Junta fue breve, pero dejó huella: presiones internas para obtener un sobresueldo y facilitar contratos a su antigua consultora, Ernst & Young (EY), marcan su legado. Años después, esa misma empresa firmaría una de las auditorías más polémicas de la Junta: la de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

EY fue una de las principales beneficiarias del plan de auditorías externas pactado entre el PP y Vox: obtuvo el 44% del total licitado (1,3 millones de euros), incluyendo la auditoría a la EASP. No era casual. La sede andaluza de EY está dirigida por el propio García Valera, reincorporado tras su dimisión como consejero. Una puerta giratoria entre política y empresa que muestra cómo el aparato institucional puede ponerse al servicio de intereses privados.

La auditoría a la EASP estuvo plagada de irregularidades. Aunque el informe técnico no contenía recomendaciones graves, apareció una hoja suelta, sin paginar ni indexar, en la que se proponía su extinción y el traspaso de funciones a entidades como la Fundación Progreso y Salud (FPS) o el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). Esa hoja no se correspondía con los análisis previos ni estaba justificada técnicamente. Funcionaba como una hoja de ruta política, camuflada bajo un supuesto criterio técnico.

La maniobra para reconvertir la EASP en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional

La respuesta del Comité de Empresa de la EASP fue contundente. Denunció que el informe final ignoraba las alegaciones previas, y que la supuesta duplicidad de funciones carecía de fundamento. Recordaron que la EASP está legalmente respaldada por la Ley Andaluza de Salud Pública y desarrolla funciones únicas en salud pública, formación y gestión sanitaria. Es, además, Centro Colaborador de la OMS y miembro de redes internacionales como ASPHER, EHMA o ALAESP. Ni la FPS ni FIBAO —entidades propuestas como sustitutas— cuentan con competencias ni experiencia para reemplazarla. El informe omitía el prestigio y la proyección internacional que la EASP ha cultivado durante décadas.

Más que una herramienta para mejorar la gestión, la auditoría fue usada como instrumento político. Se trataba de debilitar una institución incómoda por su independencia y su papel crítico dentro del sistema sanitario andaluz. La interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, también nombrada por el PP, fue quien firmó el contrato con EY. La falta de transparencia y el desprecio a las alegaciones revelan una preocupante complicidad institucional.

El caso EY no es aislado. Las grandes auditoras arrastran escándalos por falta de independencia, errores graves e incluso conflictos de interés en sus informes. Su papel como legitimadoras de decisiones políticas ya tomadas es cada vez más evidente, erosionando la confianza en el control externo y en la propia administración pública.

Lo que está en juego con la EASP es mucho más que una institución. Es un modelo de salud pública. La maniobra para reconvertirla en un instituto centrado en la investigación y despojado de su vocación formativa y de salud pública es parte de un plan más amplio de desmantelamiento institucional. Y sucede, además, en un momento crítico: después de una pandemia que evidenció la necesidad de sistemas sanitarios sólidos, públicos y preparados.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común

La EASP no solo forma profesionales sanitarios o asesora a gobiernos. Su trabajo influye directamente en la capacidad del sistema de salud andaluz para responder a crisis, prevenir enfermedades y formar líderes en salud pública. Atentar contra ella es debilitar deliberadamente una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la comunidad autónoma.

La reconversión legal de la EASP en 2024 fue el último paso: la convirtió en un instituto limitado, relegando su papel estratégico en salud pública. Fue la culminación del proceso iniciado años antes por García Valera, cuyo paso fugaz por la Junta bastó para influir decisivamente en el destino de una institución clave. Su trayectoria, marcada por sus vínculos con Montoro y la consultora EY, ejemplifica cómo los intereses privados pueden influir en decisiones públicas que afectan a toda la ciudadanía.

Andalucía no necesita menos EASP, necesita más. Necesita instituciones sólidas, independientes, al servicio del bien común. La historia reciente de la EASP es una advertencia sobre lo que ocurre cuando se convierte la política en una extensión de los negocios. La defensa de la EASP no es nostalgia burocrática: es la defensa del derecho a una salud pública de calidad, libre de injerencias, al servicio de todos.