En mayo de este año el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Presidente de la Junta, creó una Comisión sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía tras la crisis causada por la Covid-19. El 3 de septiembre, la Comisión aprobó su Dictamen, que ha ratificado íntegramente el Pleno del Parlamento. Sin duda era un trabajo parlamentario muy importante, cuyas conclusiones era lógico esperar que estuvieran a la altura de la gravedad del problema a tratar. Lamentablemente no ha sido así por dos razones.
Primera: la Comisión empezó mal por la polémica que se produjo al acordar la mayoría dar su presidencia a Vox, un partido que entre otras cosas cuestiona las Autonomías. La falta de acuerdo para resolver de alguna manera este conflicto hizo que PSOE y Adelante Andalucía se autoexcluyeran de ella, decisión a nuestro juicio poco coherente con la naturaleza del trabajo parlamentario, porque ha impedido lo más importante para esta tarea: debatir las aportaciones que estos grupos podrían haber hecho y dar a conocer a los ciudadanos los votos particulares o las propuestas alternativas que tuvieran frente a las de la mayoría.
Segunda, porque el texto aprobado es decepcionante por la falta de calidad de su contenido. El objeto formal del trabajo que asumió la Comisión era “el estudio y análisis sobre el desarrollo, control e incidencias de cualquier índole de la pandemia de la COVID-19 en Andalucía y la formulación de propuestas de actuaciones de todo tipo para la recuperación económica y social de Andalucía mientras persista la situación de pandemia y con posterioridad a la misma”.
De la lectura del Dictamen se desprende, por una parte, que el texto dice mucho de muchas cosas de manera desordenada y poco coherente y, por otra, dice poco y concreta menos sobre la cuestión que era el objeto de su trabajo. En otras palabras, que la relación de medidas tienen más que ver con una hoja de ruta o un programa de Gobierno para Andalucía, con indicaciones incluso para otros niveles de gobierno, que con el objeto del trabajo de la Comisión.
En efecto, la lectura de las propuestas ofrece muchas dudas sobre su calidad. El Dictamen contiene ni más ni menos que 563 medidas, entre las que se encuentran algunas duplicadas, triplicadas y hasta cuadruplicadas, muestra del escaso trabajo de edición que ha tenido el texto. Versan sobre tantos asuntos que el propio texto reconoce su carácter “abigarrado”: desde la protección al toro bravo, a la llamada al Ejército para atender a la industria, pasando por la revisión integral del sistema tributario español. Hay medidas contradictorias, otras heterogéneas en su alcance y detalle, varias contrarias a leyes, como algunas relacionadas con la contratación pública o las ayudas de Estado, y, finalmente otras son puramente retóricas y algunas sencillamente incomprensibles.
Estas deficiencias se concretan en aspectos técnicos y formales como los siguientes:
Inquieta particularmente que en el preámbulo del Dictamen se quiera neutralizar cualquier análisis crítico del texto, negando así el valor que tiene la crítica razonada en la democracia deliberativa, basándose en dos argumentos que se pueden calificar de singulares.
El primer argumento es que los propios redactores manifiestan su rechazo a que en un asunto tan relevante entren en juego las discrepancias ideológicas, como si estas fueran algo de lo que el trabajo parlamentario pudiera prescindir, cuando el propio Parlamento define a los Grupos Parlamentarios como “agrupaciones de diputados ideológicamente afines que se constituyen con el objetivo de presentar una posición común en los asuntos que se debaten y votan en el Parlamento”. Todo trabajo parlamentario está condicionado por las ideologías y este Dictamen no es una excepción.
Cosa distinta es que los distintos Grupos Parlamentarios, es decir todos, ante una situación tan grave como ésta, hubieran hecho un esfuerzo para llegar a acuerdos sobre la mejor manera de cumplir con su objetivo, sin que la mayoría que apoya al Gobierno tratara de imponer a las minorías sus análisis y propuestas. Eso es lo que espera la ciudadanía, que una vez más no ha ocurrido, en este caso porque las minorías se han ausentado del debate y ese diálogo no ha sido posible.
Lo que sí ha sido posible es que los responsables del Dictamen hayan sido sólo la mayoría (Vox, PP y Ciudadanos) y que éste refleje sus ideologías. La forma en que han resuelto las diferencias que hay entre ellos, se refleja muy bien en la calidad del documento resultante, que se limita a poner una tras otra las propuestas de cada partícipe, ya calificadas antes, sin siquiera tener en cuenta las discrepancias o incoherencias que pudiera haber entre ellas.
Esto explica que un Dictamen sobre la pandemia y sus efectos se incluyan temas tan ajenos a ese objetivo: atender a los que padecieron en el pasado la polio; el impulso de la enseñanza concertada; la caza; la salvaguarda del “pastoreo ancestral”; el toreo, el toro (la única “especie animal autóctona” que se cita como objeto de protección) y la mayor atención a los espectáculos taurinos en la televisión pública; el mantenimiento de los “derechos históricos” de la PAC frente a los actuales planteamientos de la UE; procurar el cumplimiento del objetivo de descarbonización “pero sin excesos”; la dispensación pública de medicamentos desde la medicina privada; la libertad de elección del centro educativo; la transferencia a la región del “profesorado de Religión de Primaria”; la llamada a “implicar a las Fuerzas Armadas en las actividades de la industria”; la petición de eliminar el requisito del conocimiento del idioma de la región en las oposiciones a puestos públicos en otras Comunidades Autónomas. Ninguna de las medidas trata de los problemas asociados a la inmigración (el 10% de la población andaluza), a la pobreza de los trabajadores y de los parados, quizás por considerar que son cuestiones “ideologizadas”.
El segundo argumento que la Comisión utiliza para legitimar el valor del Dictamen es atribuirle la cualidad de que lo se dice en él es lo que la sociedad “unánimemente demanda”. Apoya esa pretensión en el hecho de que la Comisión haya oído en comparecencias a 117 instituciones y haya recibido 17 correos de otras tantas. Es cierto que para realizar tareas de esta naturaleza es usual que los parlamentos soliciten la opinión de instituciones y especialistas de prestigio reconocido, generalmente propuestos y acordados por todos los grupos parlamentarios para garantizar una representación lo más amplia posible de la sociedad. Pero de esto a elevar la opinión de esa muestra de la sociedad andaluza a la categoría de demanda unánime de la sociedad es a todas luces una burda exageración, máxime teniendo en cuenta que de entrada el 46% de la Cámara ha estado ausente de este debate. El Dictamen refleja la opinión de quienes lo han hecho, que no pueden esconderse detrás de los comparecientes ni atribuirse la representación de la opinión de la toda sociedad andaluza, que no tienen, a pesar de ese “participacionismo difuso” que han practicado.
A la vista de lo anterior no es de extrañar que el documento haya tenido escaso eco en los medios de comunicación y que un tema tan importante no haya suscitado ningún debate social. Ni siquiera los partidos políticos, los que estuvieron en la Comisión y los que se ausentaron de ella, le han dedicado tiempo a defenderlo o a criticarlo. Esta falta de atención no dice nada bueno sobre el valor que tiene el Dictamen ni, en consecuencia, sobre el trabajo parlamentario que hay tras él. Tanto es así que hasta puede ser razonable preguntarse si merece la pena haberle dedicado el tiempo que ha requerido este texto. Puede que así sea, pero si por algo mereciera la atención sería por señalar la falta de calidad institucional del Parlamento de nuestra Comunidad y no callar ante ello: el Parlamento ha perdido una oportunidad de hacer un trabajo útil y necesario.
Este nuevo deterioro de nuestra democracia se produce en un momento muy delicado de Andalucía, cuando sufrimos la intensificación de la segunda ola de la pandemia, en la que hemos superado a finales de octubre los 424 infectados por 100.000 habitantes en 14 días con un incremento semanal del 20%, y con los desastrosos datos que nos ha aportado la Encuesta de Población Activa del 3º trimestre que señalan un incremento de 143.800 parados, el 40,5% del total nacional.
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