Por una reforma federal y plurinacional para la igualdad y la convivencia

Manifiesto 28F 2018: Andalucía mirando al futuro

28 de febrero de 2018 21:18 h

En este 38 aniversario del 28F, y tras el debate y reflexión que hemos tenido en las cinco mesas celebradas en torno a las jornadas sobre Federalismo y Plurinacionalidad Mirando al futuro desde Andalucía, desde nuestra pluralidad política, queremos proponer al conjunto de la ciudadanía y a las organizaciones y partidos progresistas, la siguiente perspectiva de cambio por nuestro compromiso con Andalucía y con la democracia:

Andalucía fue la única comunidad que eligió la vía del 151 de la Constitución, a pesar de todas sus dificultades. Ese día, el 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz manifestó en las urnas su determinación de tener el máximo nivel de competencia. No necesitamos construir una mitología porque somos una nacionalidad histórica en el sentido institucional y democrático de la palabra que comparte emocionalidad y símbolos, y, tal como está plasmado en el preámbulo del Estatuto de Autonomía, “respeta y respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad”.
Sin embargo, la enorme desigualdad territorial, social, de género, ecológica, laboral e incluso generacional es el principal problema que tenemos no solo por el sufrimiento que provoca sino porque condiciona la solución de cualquier otro problema. Todos los indicadores lo demuestran: tasa de paro, PIB per cápita, salarios, pensiones, pobreza, capacidad tecnológica, índice de industrialización, gasto en educación, sanidad o servicios sociales, etc. hasta el punto de que España es el Estado más desigual de la UE tras Rumanía y Bulgaria.
Hay una desigualdad histórica de carácter estructural que causó el Estado centralista que no ha terminado de solucionar el Estado autonómico, a pesar del avance que ha supuesto, y que se ha agravado por la crisis. Lejos de converger en la cohesión, retrocedemos. Los que estábamos peor hemos caído más y nos recuperamos menos. Andalucía es rica, pero está a la cola de la desigualdad. Por dar sólo algunos datos, nuestra tasa de paro es diez puntos superior a la media del Estado y 20 puntos más que la media de la UE; el PIB per cápita de Madrid supera en 50 puntos al andaluz; la inversión pública por alumno en el País Vasco es el doble de la de Andalucía; la tasa de riesgo de pobreza es en Andalucía del 35,4% mientras que en Navarra es del 9%, etc.
El Estado autonómico tampoco ha logrado normalizar la convivencia entre la pluralidad de sentimientos nacionales que existen en el Estado. En más, tras la crisis se ha producido una polarización que está causando un grave problema de Estado. El predominio del nacionalismo exclusivista en Cataluña se retroalimenta con el nacionalismo exclusivista españolista, socavando la tolerancia y por lo tanto favoreciendo la hegemonía de los valores de la derecha. España es un Estado plurinacional. La plurinacionalidad ya existe, es una realidad efectiva. Se trata de construir estructuras institucionales que faciliten la convivencia desde el respeto y la valoración de la diversidad cultural.
La actual desigualdad económica provoca en la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas asimetría fiscal y obliga a importantes trasvases financieros que crean una apariencia de que a territorios como Cataluña les iría mejor fuera del Estado, sin valorar el aporte económico, laboral, comercial y ambiental que realizan al conjunto del Estado los territorios más empobrecidos como Andalucía. Sin embargo, la realidad es que la presión fiscal en Andalucía es mayor que en el conjunto de España. Los andaluces pagamos en impuestos el 34,6% de nuestro PIB, mientras que en toda España se paga el 32,7%. La situación todavía empeora en términos de esfuerzo fiscal, que se mide relacionando la presión fiscal con la renta bruta por habitante. En este caso, Andalucía queda un 34% peor que la media española, sólo superada por Extremadura.
El Estado central, con la actual estructura territorial, carece de incentivos institucionales para resolver los graves problemas de desigualdad y de polarización de sentimientos nacionales. Los mecanismos previstos en la Constitución para la cohesión social se han convertido en papel mojado. El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que es el instrumento constitucional para corregir los desequilibrios económicos territoriales, prácticamente ha desaparecido de los Presupuestos generales del Estado (PGE). El uso discrecional y arbitrario del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es buena muestra de la recentralización a la que nos dirigimos. La inversión directa del Estado se reparte según la conveniencia política del Gobierno central y está haciendo del techo de gasto la excusa perfecta para el deterioro del estado del bienestar. El Estado central controla de forma autónoma las grandes decisiones económicas que afectan a todos los territorios como el diseño de la red de comunicaciones que ha provocado un incremento de la centralización.
El actual Sistema de Financiación Autonómico (SFA), se aleja no ya de criterios de equidad sino incluso de igualdad. Andalucía tiene una financiación por población ajustada para los servicios públicos esenciales inferior a la media. A pesar de que aquí hay más pobreza y desempleo y menor nivel de renta por habitante, el gasto público en Andalucía es inferior a la media española. Reivindicamos un nuevo sistema que, al menos, iguale la financiación por población ajustada, tanto en el sistema de régimen general como en los sistemas forales, y que incluya para su cómputo variables como la tasa de paro, el riesgo de pobreza y la falta de inversiones pasadas.
La perspectiva de cambio está en el Estado federal. El federalismo necesita dotar de estatalidad a las Comunidades Autónomas, como sucede en cualquier Estado federal, pero sobre todo puede transformar el Estado central al articular la participación de las CCAA sustituyendo la dinámica actual de desigualdad y polarización de sentimientos nacionales por una dinámica de cohesión social y reconocimiento de la plurinacionalidad para fortalecer el Estado del Bienestar y permitir una nueva correlación de fuerzas que afronte la reforma del modelo productivo, en especial un sistema energético basado en energías renovables, para hacerlo más eficiente y sostenible así como la reforma del sistema fiscal para su transformación en un sistema equitativo y verde que aporte los recursos necesarios para un gasto social que se asemeje a la media europea disminuyendo los niveles de deuda para fortalecer al Estado democrático.
Igualmente reivindicamos la plena autonomía municipal. Los municipios han sido uno de los principales agredidos por la ola recentralizadora del Partido Popular. La “ley Montoro”, la regla del gasto, las limitaciones a la reposición de los empleados públicos son solo algunos ejemplos de esta agresión a la autonomía municipal. Andalucía no se entiende sin sus municipios y la Andalucía Federal deberá tener entre sus prioridades la defensa de su capacidad financiera y su autonomía para la eficaz prestación de los servicios públicos que le competen. Los municipios pueden y deben prestar más servicios (vivienda, asuntos sociales, etc.) ya que, por su proximidad a los problemas, son las instituciones públicas más adecuadas para resolverlos, lo que exige un aumento de su presupuesto respecto al total del gasto público y el traspaso de competencias también desde la Junta a los Ayuntamientos.
Corregir el “fallo de sistema” que tiene el actual modelo autonómico con respecto al Estado federal tiene como elemento central la reforma del Senado como Cámara territorial para dotarlo de capacidad legislativa real, suprimir la provincia como circunscripción electoral y sustituir esa representación provincial por la representación de las Comunidades Autónomas ya sea de los Parlamentos o Gobiernos, en situación de igualdad, para que articule la organización territorial del Estado y pueda decidir sobre las leyes y planes del Estado central que afectan a todos los territorios.
El federalismo no sólo ofrece soluciones internas sino también ayuda a articular democráticamente la Unión Europea. La organización estatal del siglo XXI para hacer frente a los problemas de la globalización necesita tanto enraizar desde las emociones a las instituciones como tener las escalas necesarias que permitan ejercer la soberanía ciudadana de forma efectiva. Una Europa federal, articulada desde la ciudadanía, los Estados y las Regiones, puede cambiar las actuales políticas neoliberales por un nuevo liderazgo mundial para la defensa de los valores de la democracia, la igualdad, la solidaridad y la sostenibilidad ambiental.
Somos conscientes de la importancia de Andalucía en este proceso de cambio. No sólo porque es la comunidad más poblada de España y la tercera de la Unión Europea, sino también porque tenemos una cultura diferenciada por su potente singularidad porque es una cultura popular producto de un proceso de sincretismo, con una evolución muy dinámica, lo que ha proporcionado un contenido universalista y heterodoxo. Andalucía es una nacionalidad, como dice el Estatuto. En el referéndum del 28 de febrero de 1980 optamos por querer ser una comunidad autónoma con el máximo nivel de autogobierno, como la que más. Ese es nuestro patrimonio constitucional. Además, aquel 28F no sólo conseguimos el reconocimiento de nuestra identidad política y tener un nivel de autogobierno como la que más, sino que logramos cambiar materialmente la Constitución mediante una interpretación más justa y equilibrada de su Título VIII, propiciando una dinámica federalizante, Se trata, por lo tanto, de no ir hacia atrás del 28F sino de hacer realidad lo que Andalucía empezó con su 28F: consolidar un modelo federal multinivel y plurinacional.

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