Agricultura intenta sofocar las reacciones a la PAC en Andalucía con reuniones sectoriales
El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, ha viajado tres veces en 15 días a Andalucía para sofocar los ánimos del sector agrario andaluz. Un día después de que se cerrara el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas estuvo en Sevilla. La semana pasada en Córdoba y ahora ha estado en Jaén. Tiene una misión: “el ministro [Miguel Arias Cañete] expresamente me ha pedido que venga aquí a explicar las cosas”. A ninguno de los asistentes se les escapa la incidencia de Bruselas en el campo andaluz, la inminencia de las elecciones europeas y el hecho de que el ministro de Agricultura sea uno de los nombres que se barajan para la candidatura del PP a esos comicios.
Pero lo que le ha tocado a Carlos Cabanas ha sido bregar con quienes tienen claro que pese a que España tiene más fondos europeos (47.000 millones durante el periodo 2014-2020) para el sector agrario, a Andalucía van a llegar menos. Cabanas ha insistido una y otra vez en que las críticas al modelo de reparto sólo han pretendido “generar miedo e incertidumbre” y las ha atribuido a razones políticas. Esas críticas han partido de la Junta de Andalucía y de las organizaciones agrarias que plantearon, desde el comienzo, un frente común para que no se produjera trasvase de fondos entre comunidades.
El director general ha reiterado que el Gobierno no ha hecho simulaciones del reparto por comunidades, que los cálculos de pérdidas no se ajustan a la realidad y que salvar a los productores españoles de la ‘tasa plana’ que proponía Bruselas al comienzo de la negociación “habría duplicado las pérdidas” en Andalucía. Según sus estimaciones los olivareros habrían recibido 100 euros por hectárea frente a los más de 500 que ha cobrado hasta ahora o los algo más de 300 que garantiza el modelo final de ayudas directas que recibirán a partir de octubre de 2015
El reparto territorial “nunca” ha existido
Para el director general el reparto territorial que reivindica Andalucía “nunca” ha existido. Sobre el recorte en las ayudas al desarrollo rural de un 10%, ha señalado que la petición del resto de comunidades era que esa rebaja para Andalucía alcanzara el 19% y que el gobierno ha conseguido que sea sólo la mitad al fijar en un 12% las aportaciones de cada comunidad a los fondos de desarrollo rural, frente al 15% que demandaba la mayoría de autonomías.
En cuanto al hecho de que cultivos como el olivar de montaña, el trigo duro o la uva pasa hayan quedado excluidos de las ayudas acopladas (las que se otorgan a cultivos poco productivos y en riesgo de abandono) lo ha atribuido a “criterios técnicos” que esos cultivos no cumplen y ha argumentado que no eran reivindicaciones de todas las organizaciones agrarias.
En el caso concreto del olivar en pendiente ha dicho que ha aumentado un 5 por ciento la superficie, por lo que no hay riesgo de abandono. Las organizaciones agrarias matizan: ha crecido el olivar en general, no el olivar de montaña y poco productivo. Pero por si acaso, el director general ha dicho también que este tipo de ayudas acopladas están generando problemas para la exportación en mercado como el estadounidense.
Frente a sus argumentos de que el reglamento no permite ayudas asociadas a los cultivos que demanda Andalucía, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha elaborado un documento para que se revise la incorporación del olivar de montaña a las ayudas acopladas antes de julio de 2016 –fecha en la que se ha fijado inicialmente el análisis de los cultivos acogidos a estas subvenciones-. Agustín Rodríguez, secretario de la organización en Andalucía y en Jaén, ha señalado que se conceden estas ayudas a cultivos como el arroz, en previsión de futuras pérdidas, mientras que se excluye al olivar poco productivo, en pendiente de más de un 20 por ciento, que es motor económico casi exclusivo en zonas de sierra. Por eso su “estudio serio y riguroso” para que el ministerio reconsidere su postura.
También la COAG ha pedido que se revise la incorporación de este olivar, del que hay medio millón de hectáreas en España, a ese paquete de ayudas. Además su secretario general en Jaén, Juan Luis Ávila, ha subrayado que es el momento de “empezar ya a trabajar para sacar partido a las escasas posibilidades de regulación de mercado que permite la reforma”. De hecho, estas medidas son una de las principales reivindicaciones del sector, ya que el 70 por ciento de la renta agraria procede de las ventas.
El director general se ha reunido con el Consejo Provincial del Aceite de Oliva para atemperar las reacciones después de dos semanas en las que el mensaje de que el gobierno castiga a Andalucía con la PAC ha calado entre los agricultores. Tras el encuentro, el presidente del consejo y de la Diputación, Francisco Reyes, ha mantenido esa postura: “la provincia de Jaén y Andalucía son las grandes castigadas” porque “es la única comunidad autónoma que pierde”. Reyes ha criticado el “absoluto desconocimiento” del Ministerio sobre la situación que vive el campo andaluz, y el jiennense en particular, y lo ha acusado de “premeditación” para “castigar a Andalucía en beneficio de sus comunidades autónomas”.
