'Andalucía Libre de Fracking' lamenta el rechazo del Parlamento andaluz a la ley de prohibición

La Plataforma 'Andalucía Libre de Fracking' (PALF) ha lamentado el rechazo del Parlamento autonómico a la propuesta de ley de IULV-CA que planteaba la “prohibición” de esta práctica --por fracturación hidráulica-- en la región, a la vez que ha considerado como “un paso más” la aprobación de una proposición de ley presentada por el PSOE-A que establece una moratoria de dos años en el uso de esta técnica.

En un comunicado, la plataforma ha anunciado que continuará su lucha por conseguir la aprobación de una normativa que prohíba este tipo de actuación. Asimismo, ha insistido en su “compromiso” con el cambio del actual modelo energético basado en el combustible fósil, “insostenible en el tiempo, altamente contaminante y acelerador del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático”.

En este sentido, el colectivo ha señalado que continuará con su campaña de información y movilización ciudadana “para concienciar del necesario y urgente tránsito de las energías fósiles a las energías renovables”, así como para la “organización y movilización social contra el 'fracking'”.

Del mismo modo, la organización ha recordado “las consecuencias negativas del uso de la fracturación hidráulica en el territorio andaluz”. Para ello, la plataforma se basa en la experiencia de otros países y en los estudios realizados por la comunidad científica, los cuales destacan, según la organización, “el uso desmesurado de los recursos hídricos y territoriales en clara competencia con nuestras principales actividades económicas, tales como el turismo, agricultura, ganadería y la pesca”.

Otras de las conclusiones que se obtienen de estos informes es que el uso de esta técnica provoca la “contaminación de los acuíferos, suelos y aire”, además de tener un “elevado” riesgo para la salud humana y medioambiental.

Por todo ello, desde la PALF han insistido en su rechazo a esta técnica y se manifiesta “abierta y claramente” su “rotundo” apoyo a una ley que la prohíba “totalmente y sin condicionamientos”.