Los freseros renuncian a la amnistía de la fresa ilegal en Doñana

Manifestante durante la concentración en Sevilla contra el Plan de la Fresa

“¡Agua y tierra ya!”. Así lo han gritado este miércoles hasta 5.000 personas, según cálculos de la Policía Nacional, ante las puertas del Parlamento de Andalucía.

Los manifestantes, jornaleros extranjeros en su inmensa mayoría, han acudido a la convocatoria de paro agrario organizada por la propia Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Los empresarios de la fresa y otros frutos rojos han hecho así su particular demostración de fuerza al gobierno y parlamento andaluz.

Su objetivo, según su propio argumentario, era “concienciar a todo el Parlamento andaluz de que el Plan de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana tiene deficiencias y que se deben realizar modificaciones en el mismo”.

El Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, también conocido como Plan de la Fresa, estipuló a finales de 2014, con el consenso de los propios agricultores y los ayuntamientos de la zona (Lucena del Puerto, Moguer o Almonte, entre otros), que, de las 11.023 hectáreas cultivadas actualmente al norte del parque nacional, solo se podían regularizar 9.340 hectáreas, acatando, por tanto, que un 15% de los cultivos de fresa, principalmente, eran ilegales.

Sin embargo, desde entonces la plataforma de regantes ha estado elevando el tono y las presiones para lograr una amnistía de todas esas plantaciones que -por estar en espacio protegido, haber sufrido recalificaciones tras la ley forestal de 1992 o no haber tenido continuidad en el riego- eran ilegales y estaban contribuyendo, por ello, a la sobreexplotación del acuífero del que beben no solo los cultivos legales, sino las propias marismas de Doñana.

Un informe de la organización ecologista WWF demostró la semana pasada que, aplicando rigurosamente la ley, había que legalizar el 68% de los cultivos y que tan solo cabían 7.523 hectáreas de “suelos agrícolas regables”. Ante la inminencia de la manifestación de los regantes intentando legalizar más hectáreas de las pactadas, los ecologistas presentaron su informe y tacharon de “suicidio” la estrategia de un negocio, que produce 300.000 toneladas de fresas y genera 355 millones de euros en la provincia de Huelva, y podía agotar su 'materia prima' imprescindible: el agua.

A pesar de las proclamas de “agua y tierra ya” o “consejero, dimisión”, la manifestación ha dejado claro un cambio de discurso: los regantes se conforman de nuevo con la legalización del 85% de los cultivos. Es decir, con esas 9.340 hectáreas que habían acordado inicialmente en el Plan de la Fresa, pero no con las 7.523 que WWF había calculado, en su informe, con técnicas de teledetección espacial.

Dicho paso atrás, y vuelta al inicio, de los empresarios de la fresa queda plasmado en la carta dirigida a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. En ella indican que la legalización de esas 9.340 hectáreas pactadas en el Plan hacían “compatible el cultivo de 'berries' (frutos rojos) con el respeto al medio ambiente”. Mostraban, eso sí, su preocupación por un Plan con “letra pequeña”, en referencia a la intención de los ecologistas de que se ilegalicen esas 1.817 hectáreas extra.

Cristóbal Picón, presidente la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, ha proclamado desde un balcón situado justo frente a la entrada lateral del Parlamento andaluz que “la letra pequeña de la normativa es un problema grave. Se pierden entre 3.500 y 3.800 hectáreas al aplicar la ley, pero no lo vamos a permitir, porque es una injusticia”. Según Picón, la manifestación ha recibido no solo el respaldo de los patronos y sus jornaleros extranjeros, sino de agricultores, empresarios, sindicatos y bancos de la zona.

Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, municipio que forma parte de la Corona Norte y tiene representación en la plataforma de regantes, le ha manifestado a eldiario.es Andalucía que lo que “reivindicamos hoy es la certidumbre y la garantía de las 9.340 hectáreas. Ni más ni menos. A partir de ahí, si cabe algún tipo de interpretación favorable al cambio de cultivo que va entre las 9.340 y las 11.023 hectáreas, bienvenida sean”.

En ese sentido, ha abundado que “alguien hizo la ley para que cupiesen interpretaciones dispares. Resulta que ahora con una interpretación muy restrictiva de la ley forestal y del POTAD (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana), son menos de 9.340… las 7.523 que, por ejemplo, dicen los ecologistas”.

Según consta en el propio Plan de la Fresa, la normativa trata de “establecer un equilibrio entre el desarrollo de la próspera actividad agrícola en el entorno de Doñana, y las consecuencias de esta actividad en el medio ambiente y fundamentalmente en las aguas subterráneas que inciden en el Espacio Natural”.

Preocupación por la sobreexplotación de las aguas de Doñana

La administración andaluza y los ecologistas no son los únicos que han mostrado su preocupación con la sobreexplotación del acuífero que nutre Doñana. A ellos se han unido las autoridades nacionales y europeas, así como los investigadores científicos y los grandes distribuidores comerciales europeos.

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la extracción ilegal del acuífero 27, que nutre el espacio protegido de Doñana, mientras que la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del gobierno central, ha mostrado su “preocupación” por su estado.

El CSIC, a través de su Estación Biológica de Doñana, ha demostrado que las lagunas permanentes están dejando de serlo ante el uso intensivo del agua subterránea por parte, tanto de Matalascañas, como del “crecimiento del sector de la fresa”.

La apuesta del sector fresero es, ahora, luchar por el agua superficial y que se les abra el grifo a los agricultores del trasvase del sistema Chanza-Piedras. “Cuando se pide agua ya, no se pide agua de los pozos del acuífero, se pide que las aguas superficiales lleguen a las 9.340 hectáreas”, ha señalado el alcalde de Moguer, quien también ha mostrado su preocupación ante el toque de atención recibido por parte de la plataforma SAI (Iniciativa de Agricultura Ecológica, que agrupa a algunos de los mayores supermercados de Europa) para que sus exigentes consumidores no reciban, bajo ningún concepto, fresas ilegales de Huelva.

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