Una reforma para la clase trabajadora

El 3 de febrero de 2022 será una fecha que se estudiará en las universidades de toda España desde diferentes perspectivas (política, histórica, del derecho, relaciones laborales) en cuanto a contenido y a la forma en que se convalidó el RDL 32/2021. Pero, a pesar de lo bochornoso de lo acontecido en el Congreso, no podrán enturbiar el valor de la Reforma y algunos y algunas tendrán que explicar por qué han dado la espalda a las personas trabajadoras y su comportamiento antidemocrático. Intentar enmendar la plana a los agentes sociales y económicos no solo es una falta de respeto democrático hacia quienes estaban legitimados no solo por la Constitución Española, sino por los millones de personas que nos votan en elecciones sindicales, sino que es un signo de prepotencia basada en no se sabe qué criterios etnocentristas y ególatras.

Pero no gastaremos ni un solo segundo más en ello, porque lo verdaderamente importante para la ciudadanía, y en especial para la gente trabajadora, son los efectos que va a tener sobre sus vidas esta reforma laboral. Quienes estamos en el día a día de la gente sabemos de su sufrimiento, de los apuros que llevan pasando las familias para pagar sus viviendas, la luz e incluso llenar la nevera, con salarios de miseria que no alcanzan. Un dato: más de la mitad de las personas asalariadas de Andalucía no llega siquiera al SMI.

Es un acuerdo centrado en las trabajadoras y trabajadores más vulnerables y llega en un contexto de agotamiento pandémico, mostrando un camino para la recuperación y dejando patente la capacidad del sindicalismo organizado de clase para negociar con visión de estado, en la elaboración de un marco normativo que rompa la perversa dinámica que impusiera el PP con la reforma de 2012.

Sabemos que cambiar el paradigma no es fácil, por lo que la administración también jugará un papel importante en el cumplimiento de la norma y será necesario aumentar las plantillas de la Inspección de trabajo

Si durante la pandemia los agentes sociales y económicos hemos afrontado con responsabilidad la crisis sanitaria, generando medidas que han sostenido la economía del país, ahora firmamos un acuerdo que devuelve la esperanza y marca la senda de la recuperación de los derechos y de los salarios.

Es un acuerdo para acabar con la temporalidad laboral que tanto ha lastrado la vida de las andaluzas y de los andaluces; para combatir el fraude empresarial y social que la patronal y la derecha han amasado durante una década; y que se orienta hacia un nuevo contrato social que devuelva la dignidad y la centralidad de las personas.

Y no es solo que lo digamos unos cuantos, es que también lo exige la UE: ya era insostenible la situación de temporalidad y precariedad laboral que tiene España y en este sentido el contrato se entiende indefinido como modalidad, acabando con los contratos de obra y servicios que han propiciado altos índices de precariedad. No obstante aún pervivirá con la contratación temporal, a la que se le pone coto y se sancionará su uso abusivo. No podemos obviar que existe un gran volumen de personas que trabajan de forma temporal y determinados sectores a los que deberemos estar atentas para que no persista el fraude empresarial.

En una comunidad como la nuestra donde el 95% de la contratación venía siendo temporal y con duración de 7 días en muchos casos, datos como el del mes de enero de 2022 en el que el porcentaje de contratación indefinida ha duplicado el dato más alto de los últimos 12 años se convierte en un indicador de que algo ha empezado a cambiar.

Pero sabemos que cambiar el paradigma no es fácil, por lo que la administración también jugará un papel importante en el cumplimiento de la norma y será necesario aumentar las plantillas de la Inspección de trabajo.

Es una reforma pensada para aquellas personas que aún sufren con mayor virulencia las consecuencias de la precarización del empleo y por tanto el empobrecimiento. El empleo es fundamental para las personas y tener estabilidad es la clave para poder proyectar la vida, por ello estos cambios serán claves para las mujeres y las personas jóvenes que tienen mayor temporalidad y precariedad. Especialmente sangrante ha sido para estos últimos quienes no han conocido otra forma de empleo y han vivido en permanente crisis. Muchos de ellos sufriendo situaciones de semiexplotación, no solo por la temporalidad y la parcialidad, sino mediante los contratos formativos. Ninguna sociedad que se precie puede machacar a quienes serán su futuro como se ha estado haciendo.

Ninguna sociedad que se precie puede machacar a quienes serán su futuro como se ha estado haciendo.

Toda la sociedad tenemos una deuda pendiente con estas generaciones, altamente formadas y que se han visto obligadas en muchos casos a emigrar. Por eso, ahí también ha puesto el foco la reforma, introduciendo importantes cambios en cuanto a las condiciones de la contratación formativa, su temporalidad, derechos salariales y de derechos sociales, para evitar la sangría de talentos y el abuso empresarial. 

Y a pesar de que durante la primera parte de la Pandemia parecía que habíamos tomado conciencia del valor del trabajo de cuidados y de determinados sectores feminizados, la situación de las mujeres de la limpieza, comercio, campo y servicios sociosanitarios no ha mejorado. Esta reforma es un importante instrumento para transformar esa realidad, y avanzar hacia la erradicación de las brechas laborales de las mujeres, pues son ellas quienes mayoritariamente sufren los bajos salarios y la mayor parcialidad. La recuperación del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, revierte esa perversa medida que permitía a las empresas descolgarse de los convenios empeorando las condiciones de trabajo y salariales de las plantillas y limita el abuso de las empresas que subcontratan parte de su actividad y servicios a otras empresas para aumentar sus cuentas de beneficios.

La norma, por tanto, supone un cambio importante en el mercado de trabajo y con la recuperación de la ultractividad se reequilibra la negociación colectiva, que es el más importante instrumento para ganar derechos, recuperar y mantenerlos.

Esta reforma es posiblemente la norma más relevante de esta legislatura, no solo por la repercusión laboral, social y económica, sino porque corrige normas anteriores dañinas y se hace con perspectiva de futuro y pensando en las próximas generaciones.