El gobierno chileno niega que el cártel del fuego español actúe ilegalmente en Chile
- La portavoz se hace eco de un reportaje en la televisión de su país con información de eldiario.es y otros medios españoles
La corrupción relacionada con la extinción de incendios es cosa de España. No de Chile. Así ha reaccionado el gobierno chileno al polémico reportaje sobre el cártel del fuego emitido este miércoles en 'prime time' por el canal de televisión chileno Mega, que se ha apoyado en informaciones de eldiario.es, con varias exclusivas del caso en Andalucía, y otros medios españoles como Levante-EMV, que destapó el caso en la Comunidad Valenciana. El escándalo ha provocado tantas reacciones, que el Gobierno chileno se ha visto obligado a reaccionar.
La portavoz del gobierno, Paula Narváez, ha señalado que el caso que investiga la justicia española por organización criminal, alteración de precios de concursos públicos, cohecho o prevarición, entre otros, “sucede en un país extranjero (España), no en Chile”.
En el país latinoamericano, que vive la peor oleada de incendios forestales de su historia con 600.000 hectáreas arrasadas, operan tres aeronáuticas españolas que están siendo investigadas en España por este caso: Faasa, Inaer y Martínez Ridao.
La ministra chilena ha subrayado que “todos los procesos de licitación se hacen en el marco de lo permitido por la ley”, a pesar de que el juez de Sagunto (Valencia), que acaba de enviar el caso a la Audiencia Nacional, ve indicios de delito no sólo en España, sino en Italia, Portugal y Chile.
Héctor Ignacio Santamaría, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, menciona Chile hasta en ocho ocasiones, dedicándole más de una página a las implicaciones de la trama en el país americano. Santamaría recoge un cruce de correos electrónicos que evidencia cómo se respetaban las “áreas de influencia”, en este caso a Martínez Ridao, por parte de Avialsa.
En los correos se señala “de forma esclarecedora, con ocasión de la invitación a AVIALSA, para que participare en un concurso en Chile, no solo acordaron la forma de presentar su oferta, en relación a Martínez Ridao, sino que del mismo modo, se vuelve a evidenciar, cómo las citadas empresas tenían perfectamente delimitadas sus áreas de influencia”, indica el juez.
Santamaría firmó un duro auto de inhibición en el que documentaba que 14 empresas aeronáuticas formaban, desde al menos hace 15 años, “una organización criminal” que había ganado al menos 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha áerea contra el fuego. Según las indagaciones judiciales, los delitos afectaban a los erarios públicos de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares, así como licitaciones nacionales de España, Portugal, Italia y Chile.
Durante un registro efectuado en la sede de Avialsa, la policía encontró el documento fundacional de la “organización criminal” en la que los cabecillas de la trama acordaban “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. El Grupo 6, como ellos mismos se denominaban, estuvo formado en un principio por Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex), formando finalmente un conjunto de 14 empresas.
La parte andaluza del caso la destapó un funcionario durante la licitación de un concurso por valor de 90 millones de euros y ha terminado con la imputación del jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente. Durante las investigaciones del caso andaluz, ha dimitido el ex director del Infoca, Juan Esteso, se ha imputado a dos directivos de Faasa por estafa y falsedad documental y la Junta de Andalucía se ha personado en la causa para solicitar su archivo. En la acusación sólo se encuentra, de momento, Ecologistas en Acción Andalucía.
