El Gobierno cierra otros 25 pozos que piratean agua en Doñana justo en la zona en la que el PP quiere indultar regadíos

La proposición de ley de PP y Vox para legalizar regadíos en la Corona Norte mantiene a Doñana en el centro de la refriega política, pero mientras tanto la maquinaria administrativa y legal sigue funcionando a su ritmo. Que es verdad que no es el más rápido, porque clausurar un pozo pirata que extrae agua del acuífero puede llevar hasta una década, pero lo cierto es que estas instalaciones ilegales siguen cerrándose, como demuestra que esta misma semana se han precintado 25 captaciones en el entorno del parque nacional. De hecho, las actuaciones se han desarrollado en cultivos asentados en municipios que se beneficiarían del indulto que persigue la futura ley, como Almonte, Lucena del Puerto, Bonares y Rociana del Condado.

La orden la ha dado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Gobierno central, que está llevando a cabo estas intervenciones en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. La presencia de agentes de la autoridad es necesaria ante las situaciones de tensión que se suelen vivir cuando se clausura un pozo, lo que en ocasiones se ha traducido incluso en amenazas a los técnicos de la CHG que desarrollan este trabajo. Estas actuaciones consisten en el requerimiento a la propiedad de la extracción de los equipos de bombeo instalados en las captaciones para proceder seguidamente a su precintado.

La Confederación del Guadalquivir tiene las competencias de policía de agua y es el único organismo que puede dar autorizaciones de riego en su demarcación. Las instalaciones ahora precintadas, se explica, no cuentan con “derecho al uso privativo de aguas” y están ubicadas fuera del suelo considerado agrícola regable en el Plan de Ordenación de Recursos de la Corona Norte de Doñana, el conocido como Plan de la Fresa. Los agricultores propietarios de estos pozos “están incursos en procedimientos sancionadores por detracciones ilegales de agua”, de ahí que con las medidas ejecutadas lo que se evita es que “continúen las infracciones detectadas” con extracciones de un acuífero declarado en situación de riesgo. La situación, además, se ve agravada por la fuerte sequía actual.

El último recuento oficial (que data de junio) situaba en 231 los pozos ilegales ya cerrados en los últimos años en este entorno de Doñana, a los que se unían otros 491 que se han clausurado de manera regulada, ya que estos regantes sí tenían permiso para obtener agua del acuífero pero ahora la han sustituido por recursos superficiales provenientes del trasvase que llega desde el Tinto, Odiel y Piedras. Esto hace un total de 722 instalaciones desmanteladas, aunque la propia CHG apuntaba que había otros 428 procesos en trámite, entre los que se incluirían los 25 con los que ahora se está procediendo.

Más instalaciones ilegales detectadas

De momento se han precintado 13 de los 25 pozos previstos, y sobre el resto se actuará durante los próximos días de este mes de julio, a lo que se une que en paralelo se están inspeccionando y levantando acta sobre otras captaciones existentes en la misma zona. Estas medidas cautelares “para proteger los recursos hídricos” tienen además el amparo del reciente decreto ley (del pasado 11 de mayo) que permite adoptar medidas urgentes en materia agraria y de aguas para paliar los efectos de la sequía.

También en la frontera con Doñana, aunque en este caso en el municipio sevillano de Aznalcázar, miembros de la CHG y de la Guardia Civil han entrado con autorización judicial en una finca para inhabilitar unas instalaciones sin permiso que los propietarios se negaban a cerrar. Esta ejecución forzosa subsidiaria ha consistido en la retirada de tuberías y cualquier otro elemento que permita la captación abusiva de aguas subterráneas en dos pozos en la finca Partido de Resina, que se abastecía de una masa de agua declarada en riesgo.

Al margen, la Confederación del Guadalquivir ha actuado también esta semana sobre cuatro captaciones (en breve se sumarán otra tres para un total de siete) en municipios de la Vega del Guadalquivir en Sevilla, especialmente en Alcolea del Río y Villanueva del Río y Minas. A esta intervención se ha procedido después de una investigación que durante un año han desarrollado la propia CHG y el Seprona tras detectar el uso irregular de aguas superficiales y subterráneas para regar cítricos y olivar, lo que ha permitido confirmar que había decenas de hectáreas que se estaban regando de manera ilegal.