La Junta defiende la nueva gestión de la dependencia en Andalucía pese a que sube la espera y caen las prestaciones

Desde el pasado mes de marzo existe en Andalucía un nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones qu pretende conseguir “un alto impacto en los plazos de tramitación” pero que, de momento, lo que ha provocado es que en los primeros ocho meses del año se haya registrado una caída de 8.716 personas a las que se ha reconocido su derecho. También ha aumentado el tiempo de espera para acceder a la prestación, ha reconocido este jueves la consejera de Inclusión Social, Loles López.

Según ha explicado López en comisión parlamentaria, el cambio de modelo obliga a una “transición” en la que conviven el sistema antiguo y el nuevo. “Lo más fácil hubiera sido seguir con una gestión que lleva 17 años sin funcionar y que es un caos. Pero me da igual. Era cuestión de estadísticas o de personas”, ha insistido durante sus intervenciones. Después de que el año anterior se reconociera la prestación a 322.158 personas (14.920 más que un año antes), la Junta ya reconocía esta semana que ha subido la media de días de espera ya que el cambio en el modelo de gestión ha hecho “aflorar” solicitudes sin resolver de años atrás, con “expedientes duplicados” y solicitantes “en el limbo”, en palabras hoy de la consejera.

López ha dicho que sabe que, mientras cuaje la adaptación al nuevo sistema, le va a estar dando “baza política a la oposición”. Los portavoces de los grupos parlamentarios, efectivamente, no han dejado pasar la oportunidad. El socialista José Luis Ruiz Espejo le ha mostrado su “preocupación” por el hecho de que Andalucía sea la única comunidad autónoma en la que han bajado las solicitudes, es decir, el número de personas que hay en el sistema, pese a que el número de mayores viene creciendo en todo el país. “Van a seguir subiendo los días de espera, sí, pero yo me acuesto con la conciencia tranquila porque estamos hablando de personas. Está dando errores, sí. El sistema requiere tiempo, pero la basé está”, ha incidido Loles López.

Cifras relacionadas con la dependencia hay muchas y diversas, y para todos los gustos han salido a relucir este jueves en la comisión parlamentaria, que ha celebrado un debate agrupado acerca de la materia, con dos preguntas orales planteadas por PP y Vox. La consejera, Loles López, no ha dejado pasar la ocasión, como viene haciendo, de denunciar que el Gobierno andaluz está recibiendo “menos fondos” que otras comunidades autónomas para financiar la dependencia, acusando al Ejecutivo central de “infrafinanciar” el sistema al prorrogar también los Presupuestos Generales del Estado.

Andalucía, en contra de lo expuesto por la consejera, es la comunidad autónoma que más fondos ha recibido, ya que la cofinanciación por parte del Estado en 2023 fue del 37'74%, según se puede comprobar en la web del Imserso. La aportación del Estado a Catalunya, por ejemplo, es del 23,45%. “O están con Sánchez o están con los andaluces”, ha dicho López, quien también ha repasado las consecuencias económicas que, de acuerdo al argumentario popular, tiene para la comunidad autónoma andaluza el “cupo catalán” derivado del acuerdo PSOE-ERC.

“A mí no me venga con pizarritas”

Mientras el portavoz de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha criticado que la consejera eche “balones fuera” en estas cuestiones, la portavoz de Vox le echado en cara sus explicaciones: “Conozco perfectamente el sistema. A mí no me venga con pizarritas después de cinco años en la gestión porque su departamento llamó a mi abuela para elaborarle el Programa Individual de Atención (PIA) cuando llevaba ocho meses muertas”, ha puesto como ejemplo.

El nuevo marco normativo andaluz en esta materia, según ha explicado López, reduce a una única visita al domicilio de la persona que solicita la dependencia (hasta ahora eran necesarias dos visitas -una para la valoración y otra para la elaboración del PIA -) y unifica en una sola resolución administrativa el reconocimiento de la dependencia y las prestaciones de cara a una “gestión integral”. El nuevo modelo de la Junta también regula la prioridad en el acceso a las prestaciones y servicios, en función del grado de dependencia y la capacidad económica de la persona beneficiaria y se establecen determinados supuestos de tramitación preferente por su especial naturaleza.

A vueltas con las cifras. En 2023 había 420.976 personas de Andalucía dentro del sistema de dependencia, lo que supuso un descenso del 0,4% respecto a 2022 pese a que el número de personas mayores viene creciendo en España. De las 289.000 personas actualmente beneficiarias del sistema en Andalucía, el 37% del total de prestaciones vigentes se corresponden con el servicio de ayuda a domicilio (155.969 prestaciones), el 31,8% con la teleasistencia (única prestación para casi un tercio de los beneficiarios del sistema) y el 19,6% de se corresponde con la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (el 27,4% de las personas con grado III de dependencia reconocido sólo tienen esta prestación). 

Ceses en Córdoba y Granada

Por otra parte, fuentes de la sección sindical de CCOO en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía han informado de los ceses de las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba y en Granada tras meses de “caos” en la gestión de la materia y después de “plantarse” ante “las barbaridades que se están implementado desde la dirección gerencia con el procedimiento de simplificación, y sin contar con la opinión de nadie”.

Según CCOO, ambas trabajadoras han solicitado instrucciones por escrito para no respetar la antigüedad de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia. “La ciudadanía no puede llevar casi dos años esperando una valoración de dependencia y que atendamos primero a las personas que la presentaron hace unos meses”, dicen desde el sindicato, pidiendo a la Agencia “que cese en este plan descabellado y ponga cordura.

La sección sindical denuncia que las jefas del servicio recibida “verbalmente” las órdenes de “resolver dando un recurso concreto a las personas de una edad concreta”, lo cual “supone una ilegalidad en el procedimiento”. “Cualquier voz discordante con la Dirección es una voz molesta, y esta es la forma de proceder”, comentan las fuentes acerca de sus ceses, anunciando la solicitud de una reunión con el viceconsejero, José Repiso.