El gasto público en educación se recupera lentamente mientras que en sanidad sigue peor que hace una década

Tras 10 años desde que en 2008 se inició la crisis, el panorama que dibujaron los recortes impuestos en el periodo más duro de recesión se percibe claramente en los servicios públicos. En 2017, el gasto público ha supuesto en España un 41% del PIB, todavía el porcentaje más bajo de la década y lejos de la media de la UE (45,8%). Esto impacta directamente en el nivel de riqueza por habitante, que se reduce.

Observando dos pilares del estado de bienestar -las pensiones han tenido un capítulo aparte en esta serie- vemos cómo ni en educación ni en salud se ha recuperado el gasto público previo a la crisis, mientras que en cambio sí han crecido las cantidades que se destina a su prestación por manos privadas.

Comenzando por el gasto sanitario, sumó un total de 66.841 millones de euros en España en 2008, volumen al que que todavía no se había llegado con el cierre de 2016, el último año del que se ofrecen cifras: 66.678, según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con presupuestos liquidados. Tampoco en Andalucía. En 2008, Andalucía destinó 10.336.569 euros a gasto sanitario, mientras que fueron 9.346.223 en 2016, por lo que tampoco ha vuelto a los niveles de hace 10 años. Para 2018, hay consignados en Andalucía 9.013 millones de euros, de manera que continúa por debajo.

En paralelo, en el periodo se ha incrementado el número de pólizas privadas que contratan los ciudadanos para garantizarse estas prestaciones. En 2007, sumaban 5.406 millones de euros mientras en 2017 se elevaron a 8.058, es decir, casi un 50% más, según los datos provisionales recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA) y la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa). Tres comunidades autónomas (Cataluña, Madrid y Andalucía) suman casi la mitad de los hogares que declaran gasto en este seguro, si bien debe también tenerse en cuenta su elevado número de población funcionaria, normalmente con este tipo de pólizas privadas.

Esta bonanza para la sanidad privada se puede observar también mirando los datos del empleo que genera. La rama de la economía que ha registrado los aumentos más notables ha sido las “actividades sanitarias y de servicios sociales”, con casi un 60% más de ocupados que a finales de 2007, según revela la última Revista de coyuntura económica de Andalucía publicada por la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Sí crece en Andalucía el gasto en educación

Mientras el gasto público en educación en 2016 -que también es el último año con cifras hechas públicas por el ministerio- para el conjunto de las administraciones y universidades fue 47.578,9 millones de euros, lo que supuso un incremento en relación a 2015 de algo más de dos puntos. Con lo que tampoco aquí se ha vuelto a los niveles de 2008: 51.716,0 millones de euros de gasto público en educación. Eso sí, en Andalucía sí ha crecido el gasto público en educación si se compara lo destinado en 2008 con las últimas cifras disponibles: de 7.506,6 millones de euros a 7.630,9. No es, en cualquier caso, la cifra más elevada del periodo, dado que en 2010 superó los 8.000 millones de euros.

Pero en este contexto destaca que el dinero público destinado a conciertos con centros de enseñanza privados ha aumentado en todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía. Hace 10 años, en total en España, se destinaron 4.949,8 millones de euros a conciertos. En 2016, último dato disponible, fueron 6.055.479. Esto supone un incremento de más del 20%. Pero Andalucía subió más que la media, casi un 30%, pasándose de los 616,9 millones de euros para estos conciertos de hace una década a los 800,4 destinados el último año disponible.

No obstante, hay que destacar también que, según el mismo informe, el porcentaje del gasto público en becas y ayudas al estudio en general es inferior al 1%, salvo en el Cataluña (1,2%), Comunidad de Madrid (1,6%) y Andalucía y País Vasco, que destacan con un 4,0% y 3,2%, respectivamente.

La tendencia general es, además, una pérdida de peso de los alumnos en centros públicos a favor de los privados, tanto en España como en Andalucía. De este modo, la última actualización, que todavía es un avance, muestra que en el curso 2017-2018 había 5.486.774 de matriculados en enseñanzas no universitarias en toda España en centros de enseñanza públicos, es decir, un 0,1% menos, y 2.671.831, en privados, un punto más. En Andalucía, también en el curso recién terminado, han sido 1.186.831 alumnos en los públicos, que han perdido un total de 7.396 con respecto al curso 2016-2017, mientras que los privados, con 420.888 matriculados, ganaron 8.638, según las mismas fuentes.

Todo ello tiene un reflejo en la reducción de la deuda pública, una imposición que han cargado sobre sus espaldas los ciudadanos. De hecho, en cuanto a endeudamiento público, si se comparan los periodos, “Andalucía se encuentra

en una mejor situación relativa respecto al resto de comunidades autónomas“, como muestra el siguiente gráfico elaborado por la Dirección General de Economía.

Menos personal para los servicios públicos

El recorte se observa también mirando el personal en estos sectores. Basta con comparar el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 2007 con el de 2017. Hace 10 años había 487.456 empleados públicos en Andalucía y hoy son 474.035. Por tanto, en la última década Andalucía ha perdido un total de 13.421 empleados públicos. El grueso de ellos, de la Junta de Andalucía (con 10.105 menos), pero también de la Administración General del Estado (AGE), con una reducción de 5.259, y de las administraciones locales (-4.451). Este descenso se ha compensado por el incremento del personal en las universidades, que ha pasado de 18.984 a 25.378.

Mirando sólo los que dependen de la Junta de Andalucía, vemos que la recuperación no está llegando a todos los servicios públicos. De este modo, en 2007 (según los mismos boletines) había en Andalucía 250.076 empleados públicos de la comunidad autónoma: 105.103 en docencia no universitaria, 96.422 en sanidad, 40.364 en consejerías y entes instrumentales y 8.187 en justicia. En 2017 han pasado a ser 239.971 reduciéndose especialmente en las consejerías y entes instrumentales dentro del proceso de racionalización, con casi 10.000 menos (30.975 en el último informe). Pero también se han reducido en sanidad, donde se cuentan 93.176, con lo que se han perdido más de 3.000 en este pilar del estado de bienestar. Por el contrario, se han recuperado en docencia no universitaria, pasando a ser 108.366, mientras que la dotación en justicia, que en este caso depende de la AGE, sigue mermada con un plantilla de 7.554.

Los compromisos de las administraciones, con ofertas públicas de empleo que en el caso de Andalucía son las más elevadas de su historia, vendrán a corregir esta situación. En otoño está previsto, por ejemplo, la convocatoria de 3.618 plazas en el SAS, a lo que hay que añadir que se ultima el mayor concurso de traslado de la historia, con 10.024 puestos. En paralelo, la convocatoria de 5.404 plazas en educación este año en Andalucía ha sido la mayor del país.