Mirando lo que está pasando estos días, estas semanas, estos meses, estos años, con las llegadas colectivas marítimas de personas migrantes a nuestras costas, se hace necesario repensar y cambiar el sistema de acogida. Tras treinta años de llegadas, ¿estamos ante un desborde, algo que se nos dice como un mantra? ¿No será que tras tantos años de experiencia no hemos sistematizado y capitalizado protocolos que nos permitan reaccionar ante situaciones que se repiten?
No se puede traspasar esa responsabilidad a las trabajadoras y voluntarias de las ONGs que hacen lo que pueden, un quiero y no puedo sin recursos y sin organización. Se ha intentado traspasar la inoperancia del Estado a la reacción de organizaciones sociales, liberándose él de la responsabilidad que tiene en trabajar en un sistema de acogida con un enfoque de derechos humanos. Lo hemos visto durante este verano con las personas que han ido llegando y cuyos derechos se han vulnerado.
Es responsabilidad de nuestro Estado que se cumpla con los Derechos Humanos, derecho a recibir un trato digno, derecho de las madres y padres de no ser separadas de sus hijas y ser reunificadas cuando se encuentran separadas, derecho a no ser criminalizadas porque no han cometido ningún delito, derecho a ser rescatadas cuando sus vidas corren peligro… En definitiva, Derecho a la Vida con mayúsculas.
Se hace necesario cambiar la mirada. La imagen del desborde se ha escenificado con personas durmiendo en los barcos de salvamento, con centros cerrados improvisados en pabellones deportivos, con desplazamientos de personas en autobuses hacia el Norte que después eran abandonadas en la calle en distintas ciudades del país. Y en realidad, cuáles fueron los criterios para decidir quién entraba y quién no en el programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes y a quien se le daba un billete de autobús hacia la Frontera Norte de la Frontera Sur ¿De verdad son muchas las personas que llegan? Depende como se mire. Si se compara con la terrible tragedia de las personas que se han ahogado haciendo la misma travesía, son muy pocas. Faltan las muertas y las desaparecidas.
Se hace necesario cambiar la mirada. La gente recién llegada es alojada en polideportivos o en improvisados “centros” a modo de comisarías ambulantes. Luego en ocasiones, forzadas a trasladarse a otras ciudades, aun sin contactos, sin alternativas. No es digno después de jugarse la vida recibir ese trato. La falta de plazas en el programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes no puede ser una excusa. Este programa depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, antes Ministerio de Empleo y Seguridad Social con el gobierno del PP.
Un cambio de nombre no cambia nada. Ese programa consiste a grandes rasgos en tres meses de estancia en centros o pisos de acogida. Si se es susceptible de ser solicitante de Protección Internacional, después de un periplo dificultoso, se puede tener acceso a un programa de ayuda un poco más largo en el tiempo. Si no, búscate la vida. Y ahora ni eso. Colapso. Esa es la palabra que lo justifica todo. Colapso sí, el sistema está colapsado pero es un sistema que no es útil. Del colapso puede surgir la oportunidad de crear un sistema mejor. Esa es la urgencia, hacer un sistema útil para las personas, no improvisar una salida rápida.
Me pregunto qué diferencia hay entre el gobierno del PP y el del PSOE. En materia migratoria no la veo. El gesto que todas alabamos en la acogida del Aquarius queda lejos ya después de las devoluciones de las 116 personas al día siguiente de llegar a suelo español y “acogidas” en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta. Pasos adelante y pasos atrás. Política de Vendetta. No se puede justificar en un Estado de Derecho el que algunas de esas personas fueran violentas y agredieran a miembros de la Guardia Civil. En ese caso, este Estado tendría que abrir una investigación y encausar a aquellas personas que hubiesen cometido esos delitos, no realizar una expulsión colectiva y sumaria.
Se hace necesario cambiar la mirada con nuestros niños y niñas. Sí, nuestros, porque cualquier niña que esté en Andalucía tiene derecho a ser protegida. Dejemos de culpabilizar a los niños y niñas que se escapan de los centros, que no quieren ser ayudadas, que delinquen, que consumen drogas, porque el que no seamos capaces de protegerles no es culpa de ellos y ellas, es un fracaso de nuestro sistema. ¿Qué tenemos? Centros de menores sobreocupados. La primera vez que un centro de menores en Algeciras estuvo sobreocupado fue en el año 1996. Parece más bien un problema estructural, no algo puntual, anecdótico o un repunte en las llegadas. El Defensor del Pueblo Andaluz y Defensor del Menor acumula quejas sobre los centros de menores, que tendrían que estar bien dotados de recursos materiales y humanos, con personal formado que entendiese las circunstancias de esta niñez migrante.
Llamémosles niños y niñas, porque son solo eso. Nos acostumbramos a decir MENAs (Menores extranjeros no acompañados), y parece que hablamos de otra categoría social. Habrá que tener en cuenta sus circunstancias, su cultura, su idioma, su bagaje, pero no hacer una diferenciación en la atención dentro del sistema de protección de menores, porque tienen las mismas necesidades de otros niños y niñas.
Por eso es necesario cambiar la mirada, no porque se incremente el dinero o los recursos vamos a tener un sistema de acogida mejor, que por supuesto se hace necesario. El reto es aprender a ver las migraciones no como un problema sino como una oportunidad, como un cambio en un mundo en continua fluctuación. Así, podremos dar una bienvenida acorde con los Derechos Humanos, porque aprenderemos a ver que lo natural es moverse, lo antinatural es que las personas mueran en las fronteras o no tratarlas con la dignidad que merecen.
Montse Sánchez, trabajadora Social de la ONG CEAIN
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