La hoguera del prejuicio: cuando ser migrante borra tu derecho a protección

El incendio en La Isleta, en Las Palmas, y el encarcelamiento injusto de un joven marroquí acusado falsamente de intentar quemar a una menor muestran mucho más que un error judicial. Revelan cómo opera una maquinaria de odio que se alimenta del miedo y del prejuicio, distribuyendo su sentencia en medios y redes sociales, convertidas en tribunales paralelos donde la presunción de inocencia rara vez tiene cabida. 

Paralelamente, el 21 de septiembre, un nuevo incendio arrasó 70 chabolas en un asentamiento de Palos de la Frontera. ¿Qué trato reciben estas dos situaciones? En la primera, el joven migrante fue convertido en verdugo; en la segunda, se impone el silencio sobre la situación de explotación y la falta de acceso a derechos básicos de las personas que trabajan en nuestros campos. En ambos casos, la migración queda atrapada en narrativas negativas: criminalizada o invisibilizada, nunca reconocida desde la dignidad y la justicia. 

Durante casi dos meses, Abarrafia Hader fue señalado como “monstruo” mientras la ultraderecha agitaba el caso para reforzar su relato racista. No importaban los hechos, ni siquiera que la propia víctima lo hubiera exculpado apenas dos semanas después. Lo decisivo era mantener vivo un imaginario en el que la migración se presenta como amenaza. La justicia paralela que se levantó en redes sociales evaporó la presunción de inocencia en cuestión de horas, reemplazándola por titulares incendiarios y bulos que reforzaban la idea de que ser migrante basta para ser culpable. Ese terreno, regado de prejuicios, es el que la ultraderecha convierte en fértil para su estrategia: no necesita pruebas, sino relatos fáciles que movilicen indignación y justifiquen políticas de exclusión. 

El caso de La Isleta no es un episodio aislado. Es una advertencia: vivimos en un contexto donde el rumor y la sospecha pesan más que los hechos, donde el miedo se manipula hasta transformarse en arma política. La justicia no se defiende solo en los tribunales; también en las calles, en las redes y en cada espacio donde decidimos si reproducimos prejuicios o los desmontamos

Como Andalucía Acoge subrayamos la necesidad de trabajar en dos direcciones. Por un lado, garantizar justicia en el abordaje mediático de los casos que implican a personas migrantes: respetar la presunción de inocencia, visibilizar el impacto humano de catástrofes o desgracias que dejan a personas sin nada y defender siempre la dignidad de quienes las sufren. Por otro, avanzar hacia un pacto de Estado contra los discursos de odio que elimine el uso de las migraciones como arma electoral, porque ese clima tiene un impacto real y devastador en la vida de personas como Hader. 

El caso de La Isleta no es un episodio aislado. Es una advertencia: vivimos en un contexto donde el rumor y la sospecha pesan más que los hechos, donde el miedo se manipula hasta transformarse en arma política. La justicia no se defiende solo en los tribunales; también en las calles, en las redes y en cada espacio donde decidimos si reproducimos prejuicios o los desmontamos. 

Hay otra manera de narrar y de vivir: una en la que las personas no sean reducidas a etiquetas, sino reconocidas en su humanidad. Defender esa mirada es apostar por una sociedad donde nadie pueda ser convertido en “monstruo” por su origen, su acento o su situación administrativa. Ese futuro depende de nosotras y nosotros: de elegir el lado de la verdad, la dignidad y los derechos humanos.