CCOO y víctimas piden que se elimine el amianto de los edificios por su “enorme riesgo”

CCOO-A y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) piden a la Junta de Andalucía que incluya en su plan de contrucción sostenible, anunciado este jueves en el Parlamento por Susana Díaz, un proyecto de desamiantado de edificios por las consecuencias del contacto con el producto mineral en la salud de la ciudadanía. Según un estudio epidemiológico de la Unión Europea, entre los años 2010 y 2025 se prevén 45.000 muertes por cáncer de pleura, una de las enfermedades derivadas del amianto. “No es una cuestión del pasado sino de presente y de futuro”, señala el secretario general del sindicato, Francisco Carbonero.

El marco en el que ha hecho la petición es la celebración la semana que viene del segundo juicio colectivo de familiares y trabajadores de la fábrica de Uralita, en Dos Hermanas (Sevilla), cerrada en 1999. La primera demanda conjunta ya se resolvió, también en Sevilla, el pasado septiembre. La plantilla de la multinacional era de 1.200 empleados y, según Avida, el 70% resultó afectado por el amianto. Los daños colaterales, de familiares y vecinos, fueron y son cuantiosos, según recuerdan. Los juicios, “la punta del iceberg”, señala Antonio Delgado, presidente de Avida, ya que hay enfermedades no registradas como consecuencia directa del producto que, a la larga, también provocan dolencias y muertes.

“Somos el rostro humano de los datos”, apunta acompañado de afectados y miembros de la asociación. Lo que vienen pidiendo, en líneas generales, es lo que ya consta en el Real Decreto 396/2006 por el que se establecieron las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, según comenta, alertando de una “curva ascendente” de la afección.

Tejados de uralita, de fibrocemento, bajantes de abastecimiento... Son diversos los lugares en los que desde Avida y el sindicato alertan de la presencia del amianto. Les preocupa la “invisibilidad” tanto de las enfermedades profesionales como del impacto del amianto en la sociedad presente y futura, así como las consecuencias para la salud de los afectados y para las arcas públicas. “Es una cuestión de salud pública”, resalta Carbonero. Y también “económica”. “¿Por qué la sanidad pública permite que mutuas y empresas le deriven tantos casos de afectados?”, se ha preguntado.

Consecuencias en el sistema público de salud

La responsable de Salud Laboral de CC.OO-A, Nuria Martínez, incide en este punto. Son, según detalla, un total de 424 personas en Andalucía con enfermedades profesionales registradas en la sanidad pública derivadas por exposición al amianto. Lamenta, igualmente, la “dejación de funciones” entre las empresas. Es una “mala praxis” escenificada en que, según ejemplifica, el 54% provienen del sistema sanitario público a través de las mismas.

Carbonero, que destaca el aumento del 3,7% de las enfermedades profesionales durante el último año respecto al anterior, ha insistido también en que el Parlamento de Andalucía debe “reactivar” la comisión creada hace años “sin ningún resultado”, que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) impulse en los hospitales andaluces unidades especializadas, que la Consejería de Economía recopile de las empresas un registro de trabajadores que tengan contacto con amianto y que la Consejería de Fomento inventarie los edificios afectados, empezando por los públicos, para desamiantarlos. “El efecto del amianto actúa sobre la salud de la gente”, concluye.

El juicio se celebrará los próximos 17 y 19 de febrero en el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Cuatro familiares y 22 trabajadores, dos de los cuales han fallecido entre la interposición de la demanda y la vista oral, solicitarán indemnizaciones por la peligrosidad del producto y las patologías graves y de larga evolución. La causalidad entre el contacto con el amianto y la incapacidad laboral “está demostrada”, según ha comentado la abogada de Avida, María José González. La multinacional demandada, según la letrada, se escuda en el principio de prescripción. En el anterior juicio, argumentó que desde 1964 a 1996 invirtió más de 1,2 millones de euros en diversas medidas de seguridad e higiene en su fábrica de Sevilla.

La legislación contempla un listado de enfermedades profesionales, entre las cuales aparecen asociadas con trabajos expuestos a la inhalación de amianto la asbestosis (asociada o no al cáncer de pulmón), carcinoma primitivo de bronquio o pulmón por asbesto y mesotelioma por asbesto.