Los presidentes de Andalucía y Extremadura han sido los más reacios a eliminar las diputaciones

El futuro de las diputaciones es un debate que va y viene desde hace unos años y que se reactivó en cierta medida en los buenos momentos de UPyD -que nunca llegaron a serlo tanto como los que vive ahora C's- cuando los de Rosa Díez lo convirtieron en uno de sus ejes de campaña. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, han ido variando sus posturas en parte dependiendo de si controlaban más o menos estas administraciones.

Con la imposición de esta medida, entre otras, por parte del líder de C's, Albert Rivera, a Pedro Sánchez para respaldar su investidura, el debate cobra de nuevo fuerza. En el seno del PSOE-A, Pedro Sánchez vuelve a encontrar una fuerte oposición a esta propuesta, que no habla exactamente de supresión, pero si de reformularlas y caminar hacia ello.

No es que el PSOE-A no comparta la necesidad de replantear el modelo, por ejemplo para “evitar duplicidades” como decía este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía Miguel Ángel Vázquez. Pero se niegan a eliminar estas instituciones por su papel “crucial”, como ya lo hicieron cuando lo propuso Alfredo Pérez Rubalcaba. En Andalucía tienen especial peso, y sus presidentes, tanto si son socialistas -la mayoría ahora- como populares, son políticos de referencia en sus respectivos partidos, encargados de que el mensaje llegue hasta el pueblo más pequeño. Eso sí, de momento, más allá de esa puntualización del portavoz, prudente silencio en las filas del PSOE-A hasta conocer la letra pequeña de lo que está proponiendo Pedro Sánchez. Y especialmente porque, primero, la propuesta va en un posible pacto que no prospera si no es con, por lo menos, la abstención del PP o Podemos, y segundo, porque en caso de que fuera posible y se empezara trabajar en ello, los populares hacen falta sí o sí para esta reforma constitucional, salvo que la opción sea eliminar la división en provincias por ley orgánica, menos probable todavía.

Quizá uno de los puntos de inflexión en el seno del PSOE está en el momento en el que lo planteó un presidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, hace cinco años, matizando, eso sí, que era “un debate para la próxima legislatura”, o sea la recientemente terminada 2011-2015. Lo decía en el Debate del Estado de la Nación de junio de 2011 interpelado por el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados Francisco Jorquera: “La situación tal y como está ahora no puede permanecer así”. Con ello, abría la puerta a la reconversión de estas administraciones. De hecho, él no hablaba de eliminarlas, porque “hay un sentimiento provincial muy extendido”, pero sí abogaba por “integrarlas” de alguna manera en las comunidades autónomas.

Su sustituto al frente del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo mantuvo y como candidato a la presidencia, que no conseguiría, llegó a decir: “Hay que revisar profundamente el papel de las diputaciones porque, tal y como están configuradas, son una cuarta administración, que, a mi juicio, sobra”. Y agregaba: “Las diputaciones han cumplido su papel (...) pero ha llegado el momento de reconsiderarlas porque su supresión supondría un ahorro de 1.000 millones de euros y de 1.000 cargos”.

Pero perdió las elecciones generales. Y un año después, en 2012, Mariano Rajoy, que había presidido en su día la Diputación de Pontevedra y había visto como crecía el control de su partido sobre unas administraciones que les habían sido reacias hasta el momento, garantizaba: “Mientras yo sea presidente, no se van a suprimir. (...) Están para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos”. Destacaba también su papel “para los habitantes de los pueblos más pequeños” y que son “las administraciones menos endeudadas”.

Más allá de estas posturas, están las de otros líderes y referentes de los grandes partidos. En el caso del PSOE, el expresidente Felipe González, que hace tiempo que defiende su eliminación, y que el pasado mes de octubre se reiteraba en Sevilla cuando era el invitado estrella en el Foro Económico de Caja Rural: “Lo diré una vez más, siempre a contracorriente. ¿Qué sentido tiene que sobrevivan las diputaciones provinciales en un país que ya descentralizó autonómicamente el poder? ¿Por qué? ¿Porque estaba previsto en la Constitución Española? Claro. Era imposible que no estuviera previsto hasta que no se completara la descentralización. Ya parece que se ha completado. Por tanto, tenemos que hacer algo”.

Pero no es unánime el sentimiento en el PSOE y especialmente en Andalucía, donde las diputaciones del régimen general -las del País Vasco van aparte- tienen bastante peso, se ha salido siempre en su defensa. Porque sin contar, por lógica, a los que las presiden que en general las defienden, ha habido otros socialistas destacados en contra de su supresión. Por ejemplo, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, quien en 2011 apuntaba: “Han sido, son y serán imprescindibles. (...). La Constitución Española establece que son una unidad político administrativa que representa a la provincia (...). Con esto claro, pueden abrir todos los debates que queramos”.

Su predecesor, Manuel Chaves, abundaba en este tema como ministro de Política Territorial en 2011 y su idea pasaba más bien por eliminar consistorios de pueblos más pequeños. “Si efectivamente se pudiera llevar a cabo un proceso de fusión y de reducción del número de ayuntamientos sería mucho más fácil la supresión de las diputaciones”, subrayaba.

La actual presidenta de Andalucía y entonces secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, comentaba en 2011, en declaraciones a Canal Sur Televisión y cuando su partido había perdido el control de las mismas en la comunidad autónoma: “Lo mismo que las diputaciones fueron esenciales cuando estaban gobernadas por los socialistas, también lo son ahora cuando el PP va a gobernar cinco de las ocho”. Tras subrayar que su partido no planteaba “para nada” esto, matizaba que quien lo sugería “no ve el servicio que esas instituciones dan a pequeños ayuntamientos en Andalucía”.

Por el contrario, uno de los barones con los que Susana Díaz tiene más complicidad, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, abría en 2013 una brecha en el PSOE en su territorio cuando manifestaba: “Hay que limitar el poder político de las diputaciones. Si llego a ser presidente aplicaré la Ley de Coordinación de Diputaciones de 1983, que se ha puesto muy poco en funcionamiento, para que sus presupuestos se incorporen al de la generalitat y se supediten a sus directrices”. Luego ha desistido.

Buscando en el PP quizá una de las voces más críticas contra esta estructura ha sido la de su hasta hace poco presidenta en Madrid, Esperanza Aguirre. En 2013 declaraba en una entrevista a Antena 3 que había que “evaluar sin prejuicios el sector público y privatizar lo que convenga” e incluso suprimir diputaciones “si no son necesarias”. Criticaba de éstas que, entre otras cosas, se pusieran los electos los sueldos: “Eso no puede ser”. Claro que en Madrid no hay diputaciones.

En cambio, otro popular, Alberto Núñez Feijóo, coincidía como presidente de la Xunta de Galicia con Manuel Chaves, cuando en 2011 abogaba por “abordar la fusión de municipios” antes que la supresión de las diputaciones. “Hay que hablar de esto y de lo que sea, pero España no puede estar sin decisiones, sin alternativas y sin propuestas”, advertía hace cinco años. Galicia, de hecho, ha sido de las comunidades autónomas con más movimientos en contra de estas estructuras, y hasta varios alcaldes las han criticado.

En contra de su desaparición, también el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago (PP), quien durante la campaña de las últimas elecciones generales criticó duramente a Albert Rivera por incluir esto en su programa electoral: “Sólo desde el desconocimiento se puede pedir la supresión (...) porque la diputación es un elemento esencial para poder vertebrar el desarrollo de los pueblos”.