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Los procuradores darán la alerta sobre las situaciones de riesgo para evitar desahucios traumáticos

Un convenio pionero en Andalucía entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Colegio de Procuradores pondrá los recursos municipales al servicio de las personas más vulnerables en un proceso de desahucio.

Los procuradores, con autorización de su cliente y de las personas desahuciadas, informarán al Ayuntamiento de las situaciones de lanzamiento en las que se vean inmersos niños, ancianos o personas discapacitadas.

Podrán pedir una nueva fecha para el lanzamiento y lograr así un tiempo para que actúen los Servicios Sociales municipales cuando las situaciones sean de emergencia.

"Ya hemos visto muchos desahucios traumáticos con muchos efectos muy negativos”, señalan los procuradores.

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El Colegio de Procuradores en Tribunales de Córdoba y el Ayuntamiento de esta capital han puesto en marcha un acuerdo pionero en Andalucía mediante el que los procuradores presentes en los procesos de desahucios podrán informar a los Servicios Sociales municipales cuando se encuentren con procesos de lanzamiento donde niños, ancianos o personas discapacitadas se vean inmersas en una situación de vulnerabilidad.

Esta práctica, de la que sólo existe alguna experiencia similar en Cataluña, se ha puesto en marcha ante la realidad más cruda que muestran los lanzamientos de personas de sus casa, donde “ya hemos visto muchos desahucios traumáticos con muchos efectos muy negativos”, explica a eldiario.es/andalucia la presidenta del Colegio de Procuradores de Córdoba, María del Sol Capdevila.

“Nosotros somos los primeros en saber la fecha de un lanzamiento y además acompañamos a la comisión judicial el día señalado para el desahucio”, señala Capdevila para explicar el papel que juegan los procuradores en estos procesos.  Así, “siempre y cuando hayamos sido autorizados por nuestro cliente, si observamos alguna de estas situaciones de vulnerabilidad, podremos solicitar la suspensión del señalamiento con nueva fecha  para dar un tiempo en el que, con autorización del desahuciado también, podamos comunicar a los servicios sociales esa situación de emergencia”.

Se trata, sobre todo, de propiciar que personas vulnerables como puedan ser niños, ancianos o discapacitados que se vean inmersos en un proceso de desahucio, cuenten con esta vía para que los servicios municipales estudien su situación y puedan ofrecer los recursos de un alojamiento provisional, ayuda de emergencia o ayuda económica familiar que sean precisos.

Garantizar la protección de datos personales

De este modo, a partir de ahora el procurador que sea partícipe en un proceso de lanzamiento deberá llevar consigo un documento para que las personas desahuciadas lo firmen y autoricen así al Colegio de Procuradores a comunicar su caso al Ayuntamiento, garantizando de este modo el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

En este sentido, el convenio firmado recoge que el Ayuntamiento deberá "utilizar la información exclusivamente para prestar asistencia a las personas afectadas por el lanzamiento, ya se trate de conceder algún recurso (…) o de facilitarles la orientación o asesoramiento oportuno".

“Aportamos nuestro granito de arena”

“Hemos visto que hay muchas personas que no saben dónde dirigirse” ante el proceso de desahucio que se les presenta y la acción de los procuradores puede “conseguir que vean una vía de escape o una solución que a lo mejor no se les ha ocurrido para evitar esa situación traumática, aportando nuestro granito de arena”, cuenta María del Sol Capdevila.

Por eso se ofrecen como “el cauce de comunicación”, con las autorizaciones de sus clientes y de las personas desahuciadas, entre el proceso judicial y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, de modo que se vea la posibilidad de intervención en estos casos para “paliar de algún modo” estas situaciones "realmente de emergencia", señalan desde el Colegio de Procuradores.

Córdoba es el primer municipio andaluz donde se lleva a cabo esta experiencia pero el Colegio de Procuradores, que es de carácter provincial, quiere hacer un ofrecimiento público al resto de ayuntamientos de la provincia cordobesa para poder llegar a acuerdos similares.

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