La posible responsabilidad política del caso de la formación enfrenta a PSOE-A y C's
Las relaciones entre el PSOE-A y C's pueden verse erosionadas a raíz de la intención de estos últimos de incluir a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre los responsables políticos del caso de la formación, objeto de una comisión de investigación creada hace casi un año y cuyas conclusiones presentará cada grupo parlamentario la próxima semana, tras siete días de prórroga. Será luego el presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz, el que elabore el documento de conclusiones que será sometido a votación a partir de las que recibirá hasta el lunes 26 de septiembre.
Y es que entre los máximos del PP-A, que en su reclamación llega hasta la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y los mínimos del PSOE-A, que no ve “ninguna responsabilidad política”, está la barrera que C's pone en sus dos predecesores para conformarse. De que se mantenga en esta hipótesis, depende la coherencia de un partido que se ha apuntado la renuncia de los dos a sus escaños por el caso ERE.
En este sentido, el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, ha sido muy tajante, y si el pasado lunes comentaba que veía “una responsabilidad política brutal” en el caso, este miércoles se ha ratificado. Ha vuelto a señalar a los expresidentes por su gestión en el periodo objeto de la investigación, desde 2002 hasta las últimas subvenciones, cuya convocatoria fue en 2011 porque desde entonces quedaron paralizadas. En su opinión, a Susana Díaz, que llegó a la presidencia en 2013 y mantuvo ese bloqueo de las subvenciones de formación profesional para el empleo hasta este año, se le puede culpar de la “la tardanza en volver a poner en marcha los cursos y en solucionar el problema”, pero ya está.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha matizado que de su convencimiento de que no hay responsabilidades políticas no puede desprenderse que no quieren llegar a ninguna conclusión en esta comisión de investigación, la décima en la historia del Parlamento de Andalucía y a tres años vista de la previa por el caso ERE, que se cerró sin frutos.
“Defendemos que haya conclusiones. Lo que no puede ser es lo que pretende por ejemplo el PP-A de que todo lo que estos meses se ha visto en la comisión de investigación, y lo que ha ocurrido en los tribunales, con el archivo de varias diligencias, no tenga reflejo”, ha comenzado Mario Jiménez.
Para matizar a continuación sobre la responsabilidad de los expresidentes y la opinión de C's: “No estamos de acuerdo. Ni nosotros ni los funcionarios e interventores de la Junta de Andalucía que han pasado por la comisión de investigación”, con 69 comparecientes propuestos de los que ha acudido la mayoría. En esta línea, ha insistido: “Creemos que no se puede determinar ningún tipo de responsabilidad política, ni ha habido menoscabo de fondos públicos [...]. Ha habido desajustes en la gestión de la formación”.
Mientras, Podemos sí parece querer llegar hasta Susana Díaz. Su portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha reflexionado en rueda de prensa sobre “lo que cuesta la corrupción”, que en Andalucía, “desde que Susana Díaz es presidenta”, se han “perdido 1.541 millones de euros”. Ha puesto el ejemplo de los 800 millones de euros que las arcas públicas no han ingresado por la suspensión de los cursos, dado que el Gobierno de España no ha tenido que transferir ese dinero, y le ha sumado los 741 en los que “la Fiscalía Anticorrupción ha cifrado el fraude de los ERE”.
“Doble perversión”
De su lado, el portavoz parlamentario de IU, Antonio Maíllo, ha dejado entrever que su formación pondrá el límite en los máximos responsables de la gestión de estas subvenciones, que han pasado históricamente por varias consejerías para terminar en la de Empleo, Empresa y Comercio en esta legislatura. Tampoco IU ve responsabilidad política clara en Susana Díaz, pese a que le reproche que “haya tardado cinco años en retomar los cursos”. Pero sí cree que hay que apuntar a otros: “La responsabilidad política de quienes nunca hicieron convocatoria de resolución de órdenes de subvenciones”.
Tras precisar que hay que separar las responsabilidades políticas de las que determinen los tribunales en un caso que todavía tiene diligencias abiertas en varios juzgados de Andalucía, ha criticado la doble “perversión” que ve en esto. Por un lado, en el PP-A, “que se parapeta en un procedimiento judicial para hacer acusaciones políticas”, y por otro, el PSOE-A, que lo hace “en la esperanza de conseguir absoluciones judiciales para convertirlas en absoluciones políticas”.
