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El PP andaluz achaca "responsabilidad política" a Díaz, Griñán y Chaves por la formación

Los populares detectan en sus conclusiones para la comisión de investigación un "esquema paralelo" al de los ERE

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Comisión de investigación de la formación.

Imagen de la comisión de investigación de la formación en el Parlamento de Andalucía ARCHIVO

La propuesta del PP andaluz para las conclusiones de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo, atribuye "responsabilidad política" a 33 cargos o ex altos cargos de la Junta. Destacan la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, sus antecesores en el cargo José Antonio Griñán y Manuel Chaves, los consejeros María Jesús Montero y José Sánchez Maldonado, y los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila, Manuel Recio y Luciano Alonso.

Los diputados autonómicos del PP andaluz Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico han informado este domingo, en rueda de prensa, de la propuesta de los populares en cuanto a las conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento, sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo y las supuestas irregularidades detectadas en su tramitación, gestión y destino.

Durante esta rueda de prensa, han explicado que el PP andaluz detecta que las "responsabilidades políticas" del caso corresponden a la presidenta de la Junta, Susana Díaz; los expresidentes Griñán y Chaves; María Jesús Montero como consejera de Hacienda y Administración Pública; José Sánchez Maldonado como consejero de Empleo, Empresa y Comercio; los exconsejeros de Empleo Viera, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio; el exconsejero de Educación Luciano Alonso; ocho delegados provinciales de la Consejería de Empleo; seis personas que han ocupado el cargo de director de Formación Profesional para el Empleo, entre ellas Carlos Cañavate y Teresa Florido; un exdirector general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ocho viceconsejeros de Empleo y gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pasados y actuales.

Los populares han prestado especial atención a la figura de Susana Díaz, asegurando que "hasta 15 hechos probados apuntan a su responsabilidad política", como por ejemplo "la falta de colaboración de la Junta con la comisión de investigación, la ocultación de información fundamental para conocer la totalidad del fraude, la paralización de (las políticas) de formación profesional con la pérdida de transferencias (para la materia) por valor de 800 millones de euros, la pérdida de 46,9 millones de euros de ayudas europeas (descertificadas por la Junta) o la participación activa en la recepción de fondos para el PSOE, a través de alquileres de las sedes" del PSOE para los cursos de UGT subvencionados por la Junta.

LA DIMISIÓN DE VELASCO

Señalan además los populares "el conocimiento" que Susana Díaz tendría "de las irregularidades por hechos como la dimisión de Rafael Velasco (como vicesecretario del PSOE-A tras conocerse que el 90 por ciento de la facturación de la academia de su esposa derivaba de acciones subvencionadas por la Junta) y la ocultación de sus relaciones familiares directas" con el caso, dado que su esposo trabajaba en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT-Andalucía, encargado precisamente de cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.

Los populares también han señalado especialmente el papel jugado por María Jesús Montero, como actual consejera de Hacienda, porque "recibió todos los informes de actuación (de la Intervención General de la Junta), instrumentos excepcionales de control, y no tomó las medidas adecuadas pese a las advertencias del interventor general". "Recibió hasta nueve informes de actuación, uno de ellos señalando menoscabo de fondos públicos", ha enfatizado Teresa Ruiz Sillero, según la cual Montero "no hizo nada".

En ese punto, la diputada popular ha atisbado un "paralelismo" entre la situación de la consejera y "las responsabilidades políticas imputadas a Griñán como consejero de Hacienda" en la investigación de la presunta administración fraudulenta de las ayudas sociolaborales concedidas con relación a expedientes de regulación de empleo (ERE). Mientras la Fiscalía Anticorrupción reclama a Griñán seis años de cárcel por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación por tal asunto, Teresa Ruiz Sillero recuerda que Griñán "se excusaba en que no había recibido ningún informe de actuación".

En cuanto al actual consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Sánchez Maldonado, Ruiz Sillero expone que "no está haciendo nada por recuperar el dinero defraudado, conocía perfectamente todas las irregularidades, no ha hecho nada para revisar los expedientes de subvención y tampoco ha ordenado sanciones a las entidades defraudadoras".

Los populares, que a preguntas de los periodistas puntualizaron que Griñán y Chaves figuran entre las 33 personas a las cuales se atribuye "responsabilidad política por el caso, han recordado que de los 2.996 millones de euros librados desde 2001 a la actualidad en materia de subvenciones a la formación profesional para el empleo, 539 millones de euros siguen "sin justificar" y se ha solicitado el "reintegro" de unos 90 millones de euros al ser "comprobado" que este importe de ayudas autonómicas fue "gastado irregularmente", si bien hasta el momento la Administración andaluza sólo ha recuperado 7,6 millones de euros.

"ESQUEMA PARALELO" AL DE LOS ERE

Este caso, a su juicio, presenta "esquemas paralelos" a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L, traducida en subvenciones para expedientes de regulación de empleo fraudulentos, innecesarios o con irregularidades y en ayudas directas a sociedades relacionadas con el PSOE, es decir la trama de los ERE. Y es que en ambos casos, el "hilo argumental" parte de la "falta de control" de las ayudas, "falta de medios humanos y materiales en la Consejería de Empleo y subvenciones excepcionales y nominativas, siempre a una red clientelar ligada al PSOE".

Teresa Ruiz Sillero, en ese sentido, ha avisado de que el relato de los hechos indagados sufre aún "dos agujeros negros" en los que "no se ha podido averiguar nada", como son la gestión de la Faffe y el devenir de los consorcios públicos de formación de la Junta. "Del CTI (centro de formación en técnicas industriales) de San Fernando no nos ha llegado ningún documento y tampoco se sabe qué ocurrió en el consorcio de formación de Málaga", ha criticado la diputada autonómica del PP.

Finalmente, los populares han defendido claramente la "utilidad" de esta comisión de investigación, porque por ejemplo, sin la misma "los informes de actuación" de la Intervención General de la Junta seguirían "ocultos". "Hay hechos y documentos que no se habrían conocido nunca", han enfatizado. En cuanto a la petición de Podemos e IU-CA para que se amplíe una semana más el plazo para que los grupos parlamentarios entreguen sus propuestas de conclusiones, los populares han defendido que su documento está ya "ultimado" y listo para presentarlo después de un "intenso" trabajo.

No obstante, Teresa Ruiz Sillero ha aclarado que el PP no prevé oponerse "radicalmente" a tal posibilidad si el resto de fuerzas políticas accede a la petición de Podemos e IU-CA. "Nosotros sí hemos cumplido con nuestro trabajo", han manifestado, de todos modos.

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