La Junta de Andalucía “abandona” el diálogo social prometido por Moreno, según UGT y CCOO: “Este no es el camino”

No ha sentado nada bien a los sindicatos CCOO-A y UGT-A la presentación del decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Dos de las cuatro patas del diálogo social que hace apenas dos meses se había prometido reforzar el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se lamentan de haberse quedado fuera del mismo y de haberse enterado por los medios de comunicación de una nueva norma de gran calado, según todas las partes. “No hemos tenido ni un borrador ni se nos ha avisado ni tenemos conocimiento”, señala a eldiario.es Andalucía Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. “La verdad es que aquí han abandonado el diálogo y la concertación”, asegura José Blanco, secretario de Política Institucional de CCOO Andalucía.

Pese a que Nuria López, líder de CCOO visiblemente enfadada aquel 8 de enero, y Carmen Castilla le trasladaron entonces al presidente su queja por la falta de interlocución con dos miembros de su gabinete, los consejeros de Salud y Educación, y pese a que Moreno admitió el déficit y anunció un acercamiento para mejorar el diálogo y la negociación con los representantes de los trabajadores, el nuevo decreto ley ha caído como un jarro de agua fría entre los sindicatos.

“Nos sorprende negativamente porque existen órganos oficiales para que, tanto que hablábamos de diálogo social y que es un decreto que afecta a 21 leyes nada menos y a la ciudadanía en su conjunto y no solo a la clase trabajadora, incluso a la sostenibilidad medioambiental, no hemos tenido ni un borrador ni se nos ha avisado ni tenemos conocimiento”, resume Castilla.

“Nos extraña negativamente”

“Mal vamos con ese diálogo social que habíamos emprendido. Creo que el presidente tenía buena voluntad pero al final no se concreta y, cuando tenemos que llegar de los hechos a las palabras, nos tenemos que enterar por una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la aparición de este decreto que no ha pasado por órganos tan importantes, esperemos que ahora sí, como el Consejo Económico y Social, que es fundamental para la tramitación de todas las normas parlamentarias y, sobre todo, que afectan a toda la ciudadanía. Nos extraña negativamente esta decisión sin tener en cuenta a los sindicatos más representativos como somos CCOO y UGT”, sentencia.

Castilla ahonda en un detalle no menor que trascendió durante la rueda de prensa cuando el consejero de Hacienda, Juan Bravo, dijo que las reformas del Ejecutivo andaluz se habían hecho “de la mano del sector privado”. “No sé qué sector privado será, supongo que la patronal, que es una pata de la concertación y del diálogo social, pero con nosotros no se han puesto en contacto. Creemos que es un error”, considera Castilla.

Para la líder de UGT Andalucía, “que los trámites burocráticos debían simplificarse ha sido siempre una reivindicación de UGT para atraer empleo y la implantación de empresas en Andalucía. Por eso nos llama enormemente la atención no haber tenido conocimiento ni del continente ni del contenido. Nos preocupa enormemente. Este no es el camino para tener entendimiento con lo que somos nosotros y nuestra función constitucional de defender a la clase trabajadora en su conjunto y, por ende, a la ciudadanía”.

“No entendemos la urgencia vía decreto”

“De la mano del sector privado y de las grandes empresas y de determinados lobbies, porque tampoco creo que este sea un tema que vaya a beneficiar a la pequeña empresa”, añade al respecto José Blanco, secretario de Política Institucional de CCOO Andalucía, quien se muestra igualmente descontento ante este periódico de la presentación por parte de la Junta de la nueva normativa.

“No entendemos la forma en que se ha llevado a cabo para ponerlo en marcha. No entendemos que se justifique por ninguna de las maneras la urgencia para hacerlo vía decreto ley cuando estamos hablando de la modificación de 21 leyes y seis decretos con el impacto que va a tener, sabiendo solo lo que ellos han dicho y donde se ponen en cuestión el derecho administrativo, la seguridad jurídica, afectará a los trabajadores del sector del comercio y a la ciudadanía en su conjunto”.

“Ellos argumentan que esto parte de un documento de un grupo de expertos que presentaron en septiembre, que conocimos y que no compartimos en su momento porque entre esos expertos no estaban los agentes económicos y sociales pero sí la patronal. Nuestra valoración fue negativa por las formas que planteaba y por el fondo. Conocían nuestro malestar en ese sentido, pero desde octubre hasta ahora sólo hemos tenido noticias de la presentación de este decreto”, recuerda Blanco.

“Han abandonado el diálogo”

Para el representante sindical, “la verdad es que aquí han abandonado el diálogo y la concertación”. “No tiene sentido que después de que el presidente se comprometa a abrir el diálogo y que en un tema de este calado, que afecta a la actividad económica y a los servicios sociales, no tengamos conocimiento ninguno de lo que se supone va a mejorar la vida de los ciudadanos”.

Añade que “la desregulación es incompatible con la seguridad jurídica y que la eficacia, la eficiencia, la reducción de tiempos no puede justificar la desregulación. Tenemos que empezar a dejar de usar el término de 'declaración responsable' o que en determinados ámbitos que pueden afectar al medio ambiente, a la seguridad o a consumidores y usuarios se empiece a hablar de silencios administrativos como positivo puede generar un problema mayor a la larga que el beneficio a corto plazo que se pretende, que es abrir empresas”.