La Junta de PP y Cs liberaliza el modelo productivo andaluz: anula permisos ambientales, reduce tasas urbanísticas y amplía horarios comerciales

La mitad de los miembros del Gobierno andaluz -seis de 11- han comparecido juntos este lunes para darle la mayor relevancia posible a la aprobación del decreto ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Se trata de una ambiciosa norma que viene a modificar o derogar 21 leyes y seis decretos, adoptándose hasta 100 medidas de distintos departamentos de la Junta: aligerar el aparato legal de la Junta, reducir tasas, liberalizar los horarios comerciales, eliminar permisos que ahora son obligatorios, muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas... Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones.

La piedra angular del decreto ley está en el departamento de Medio Ambiente, con la reforma parcial de dos leyes creadas para contener la fiebre del ladrillo y la especulación urbanística, y la protección del medio ambiente: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Las rebajas legislativas de impacto ambiental eran reivindicaciones históricas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que siempre ha cuestionado el freno al crecimiento urbanístico. “Cuando se realiza un trabajo tan técnico en el Gobierno, no resulta tan sexy para los medios. Lo que contamos hoy es más aburrido, pero mucho más importante que si se construye otro aeropuerto o un puente”, avisa el consejero de Economía, Rogelio Velasco.

Con este decreto, el Gobierno de PP y Ciudadanos rompe la línea de continuidad con el anterior Ejecutivo socialista que muchos le achacaban, y vira 180 grados con una clara y nítida apuesta por la liberalización del mercado. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha asegurado que el diseño del decreto ley y todas las modificaciones legales que incluye han sido pilotadas de manera coordinada por los consejeros de Economía, y el de Hacienda, Juan Bravo. El primero de la cuota Ciudadanos, el segundo de la cuota PP. Bravo ha recalcado, incluso, que las reformas del Ejecutivo andaluz se han hecho “de la mano del sector privado”.

Sin embargo, ha sido el área de Velasco la que hay llevado el peso sustancial de este decreto ley. El consejero de Economía, el más impactado por la maraña burocrática de la Administración pública que lastra el crecimiento, creó una comisión de expertos encargada de analizar con detalle un centenar de normas y decidir cuáles eran prescindibles, sin poner en riesgo el carácter garantista de las leyes. Ese grupo estaba conformado por 17 profesionales, seleccionados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos entre altos directivos de las administraciones públicas, especialistas procedentes de universidades andaluzas, funcionarios cualificados y representantes de los agentes económicos y sociales (sindicatos y patronal).

De 168 a 62 días de trámite

La revisión de 872 procedimientos administrativos que afectan a la actividad empresarial sirvió para concluir que un 25% de los mismos podía simplificarse. El resultado es un vaciamiento normativo que pretende despejar el camino a empresas y futuros inversores en Andalucía. Un ejemplo: una empresa tarda ahora de media 162 días en obtener una licencia de obra o instalación (101 días en La Rioja, a región más ágil en tramitarlas); las pymes industriales tardan 168 días de media en comenzar su actividad, mientras que en Castilla y León el mismo procedimiento administrativo tarda 62 días. “Es 13 veces más costoso que una pyme industrial se instale en Andalucía que en otra comunidad autónoma”, advierte Velasco.

Las medidas acercan el modelo económico andaluz al de Madrid, por ejemplo, con la flexibilización de los horarios comerciales, aunque no se termina de aprobar una liberalización total: las empresas de más de 300 metros cuadrados -grandes superficies comerciales, incluidos supermercados- “podrán abrir en más días festivos para competir contra Amazon y Google”, dice Velasco. Esto ejercerá más presión el pequeño mercado de proximidad, que representa a nueve de cada diez negocios en Andalucía. Hasta ahora, la legislación andaluza permitía a estas pequeñas tiendas abrir cualquier día del años, sin limitaciones. Las grandes superficies estaban limitadas a diez festivos al año. El decreto ley ampliará ese límite progresivamente, hasta los 12 festivos este año, hasta los 14 en 2021 y hasta los 16 festivos al año en 2022.

También se modifica la legislación que regula las zonas de gran afluencia turística, donde los comercios pueden permanecer abiertos cualquier día del año. Serán los ayuntamientos los que demanden la calificación de zona de gran afluencia turística para todo el municipio, no sólo para una parte como hasta ahora, y la autorización será más rápida, más ágil, y una vez conseguida no tendrá que someterse a renovación cada cuatro años, como establece ahora una ley de Consumo, sino que se considerará definitiva. Estas dos modificaciones van a impactar directamente contra el pequeño comercio, aunque la Consejería de Economía descarta que la competencia con las grandes superficies les aplaste. Los sindicatos, con los que no se ha negociado este asunto, recuerdan que un pequeño comercio no puede competir en plantilla y salarios con una gran empresa para abrir 24 horas al días, siete días a la semana, 365 días al año.

La Junta estima que con esta jibarización legal y burocrática, el PIB per cápita de Andalucía crecerá el 2,5% en un plazo de cinco a diez años. La liberalización parcial de los horarios comerciales está ligada directamente con el repunte del turismo, que en 2019 registró 12 millones de turistas. “Con la modificación planteada, se prevé un incremento de la demanda de un 0,9%, que se traduciría en un volumen de negocio adicional de 321 millones, la generación de 937 nuevas empresas dedicadas al comercio minorista, la apertura de 1.086 nuevos locales y la creación de 3.000 empleos”, calculan desde el departamento de Economía.

La revolución verde

La eliminación de barreras burocráticas afecta a todas las consejerías que han participado en la presentación del decreto ley: Turismo, Presidencia, Hacienda, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Fomento. Pero de las 21 leyes que se van a derogar o modificar, ocho afectan a las políticas protección del medio ambiente. Antes de que le preguntaran por esas rebajas de impacto ambiental, la titular del ramo, Carmen Crespo, se ha apresurado a subrayar que la Junta prescindirá de permisos medioambientales que ahora significan una “sobreprotección” innecesaria, pero que en la práctica no tendrán “un impacto real”. “Este decreto ley no es menos garantista, al contrario, se apuntala la revolución verde del presidente Juan Manuel Moreno”, dice Crespo.

El adelgazamiento de las normas medioambientales precede a la nueva ley andaluza del suelo que prepara la Consejería de Fomento, pero también acompaña a la reforma inminente de dos leyes de ordenación urbanística y calidad ambiental (así como a la regulación de vertidos contaminantes). Una de ellas “favorece la promoción de viviendas en Andalucía”, dice la titular del ramo, Marifrán Carazo. Por ejemplo, la sustitución de licencia de obras municipales por una declaración responsable (en obras menores). También se sustituye el trámite para lograr una licencia de ocupación por una declaración responsable, que afectará a nuevas construcciones con la licencia concedida por los ayuntamientos.

Fuentes del Gobierno andaluz hacen una estimación de pérdidas que acarrea la burocracia necesaria para lograr una licencia de ocupación en al actualidad. Para el caso de una promoción de viviendas, el año pasado se vendieron unas 19.000 viviendas nuevas. El coste que supone cada mes de retraso en la entrega de las viviendas por no contar con la licencia de ocupación se cuantifica en una media de 1.500 euros mes (contabilizando conceptos como hipoteca, intereses, gastos de mantenimiento…). “Si se contabiliza una reducción de seis meses, aunque en muchos casos se sabe que es superior, el coste ascendería a 171 millones de euros en el mismo periodo”, estiman las fuentes consultadas, sobre el ahorro por agilizar la entrega de nuevas viviendas. La modificación legal también acorta a seis años el plazo de aprobación de los planes generales de ordenación urbana (ahora de media se tardan ocho años para ser aprobados, lo cual disuade a muchos ayuntamientos de iniciar los trámites).

En el ámbito del Turismo, se va a derogar el decreto que regula la creación de campos de golf como interés turístico, una norma muy restrictiva, según el consejero Juan Marín, que en los últimos 12 años ha hecho que “se construyan cero campos de golf en Andalucía”. Desde 2008, la Junta ha recibido 44 solicitudes para iniciativas de este tipo, se presentaron 33 proyectos y lograron el visto bueno definitivo tres, pero finalmente no se construyó ninguno. También en su consejería se reduce el coste económico de la aprobación de los planes turísticos para los ayuntamientos, que podrán ahorrarse 30.000 euros al no tener que realizar una evaluación ambiental previa “que no tenía relevancia real en la práctica”, asegura Marín.

La parte de Presidencia afecta a la concesión de licencias para la apertura de radios y televisiones locales, que implica una modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía. Hasta ahora eran los ayuntamientos los que gestionaban los medios de comunicación municipales, pero ahora la Junta podrá autorizar la concesión de licencias a entidades privadas. Además, la licencia no tendrá una limitación temporal, como ocurre en la actualidad, sino que será indefinida hasta que la adjudicataria decida cerrar el medio o incumpla la legislación que lo regula.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín; el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el consejero de Hacienda, Juan Bravo; la consejera de Agricultura, Carmen Crespo; el consejero de Economía, Rogelio Velasco y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo han formado parte de esta puesta en escena “inusual” tras un Consejo de Gobierno, con una convocatoria también inusualmente apresurada a los medios -con diez minutos de antelación-, más aún, si se tiene en cuenta la trascendencia que le ha dado el Ejecutivo andaluz.

La Junta tramitará este “importantísimo” decreto ley por la vía rápida, es decir, no entrará en el Parlamento andaluz como proyecto de ley, más abierto a la participación de los grupos de la oposición, y será convalidado directamente con el respaldo previsible de Vox, su socio de legislatura.