Aragón proyecta dedicar 12 millones de euros a cooperación al desarrollo, después de que el PP redujera la inversión un 68 %

Hace dos semanas, todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón firmaron, en esmerado protocolo, el primer Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo. Se apunta alto en la identificación de objetivos: contribuir a poner fin a la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad económica. En su conjunto, un propósito global: que el Parlamento autonómico se sume a los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que, el 30 de septiembre de 2015, firmaron 196 países.

Acorde a tamaño fin, es la inversión proyectada: dedicar el 0,20 % del presupuesto de la comunidad en 2023 a cooperación al desarrollo. Esto supondría –realizando los cálculos con base en un presupuesto total idéntico al del presente año (5.989 millones de euros)– destinar 11,97 millones en 2023 (al final de la próxima legislatura).

Haciendo una lectura más amplia, y teniendo en cuenta que se estima un crecimiento sostenido del porcentaje destinado, la inversión total en esta materia sería de 48,3 millones de euros en seis años: 4,14 millones que son los que se están destinando en la anualidad actual; 5,7 en 2019 (0,09 % del presupuesto total, considerando que este se mantiene siempre invariable en los 5.989 millones); 7,27 en 2020 (0,12 % del presupuesto); 8,84 en 2021 (0,14 %); 10,41 en 2022 (0,17 %), y los antedichos 11,97 millones en 2023.

Fuentes socialistas aseguran que la proyección no es ningún brindis al sol, y que supone un crecimiento perfectamente aplicable. Se trata, explican, de volver al porcentaje alcanzado en 2010 (también con el PSOE al frente del Ejecutivo), cuando ya se destinó ese 0,2 % que, en aquel momento, se tradujo, también, en 12 millones de euros.

68 % menos de inversión con el último gobierno del PP

En 2015, año en el Gobierno PSOE-CHA llegó al poder, se encontró con que la inversión en cooperación al desarrollo era de 2,46 millones de euros. Palmaria constatación del hachazo que a esta partida se le había dado en la anterior legislatura, con PP y PAR al frente.

Cuando estos accedieron al Ejecutivo autonómico, en 2011, la inversión era de 7,62 millones de euros (ya había sufrido un fuerte varapalo en el último año del PSOE –de los 12 millones comentados en 2010 a 7,62–). Y esa fue la tónica seguida con los populares al frente: se pasó de 7,62 millones de euros en 2011 a 3,78 en 2012; 2,73 en 2013; 2,69 en 2014, y 2,46 en 2015. Como ejemplo, esos 2,46 millones del último presupuesto del PP suponían dedicar a esta materia un 0,04 % del total del presupuesto, que ascendía a 5.080 millones de euros.

En la actual legislatura, la inversión ha ido creciendo: 2,56 millones en 2016; 2,92 en 2017, y 4,41 en 2018.

8 medidas concretas del Pacto Aragonés por la Cooperación al Desarrollo

Todas las formaciones políticas rubricaron este pacto alentado por la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), desde la cual aplauden “esta apuesta pública por la cooperación que ha conseguido el consenso de todos los grupos parlamentarios”. Este pacto, explican, supone un primer paso, no solo para mejorar la dotación económica de la cooperación, sino también para mejorar la calidad de la ayuda y la transparencia de la misma.

El pacto estatuye ocho medidas concretas:

En primer lugar, la ya repetida de alcanzar ese 0,20 % en 2023. Referida a la calidad de la ayuda, se destinará, al menos el 20 %, a servicios sociales básicos; el 25 % a Países Menos Adelantados (PMA), el 10 % a acción humanitaria, y otro 10 % a Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDCG).

La tercera de las medidas concierne a potenciar el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón (CAEA). Se establece también la implementación de la estrategia aragonesa para Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global; y la promoción del suministro de productos de comercio justo en las compras públicas.

Se pretende “simplificar al máximo los procedimientos y requisitos administrativos de la gestión y justificación de las subvenciones y adaptarlos a la compleja realidad el trabajo en cooperación internacional” y aplicar la máxima “transparencia en la resolución y aplicación de los fondos destinados a cooperación”.

Por añadidura, el pacto solicita una “coherencia de políticas para el desarrollo”, justificando tal pretensión en que las “distintas políticas públicas tienen a menudo más impacto en los países empobrecidos que las propias políticas de cooperación al desarrollo”, ya que “de poco sirve disponer de una política de ayuda al desarrollo eficaz y de calidad si el resto de las decisiones públicas operan en sentido contrario y limitan las oportunidades de progreso de los países del sur”.