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Aragón bajará el sueldo a directivos de entes públicos para homologarlo con el de los altos cargos del Gobierno

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.

El Gobierno de Aragón homologará el salario del personal (directivo y no directivo) de organismos públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones, y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma. Esto provocará, entre otras consecuencias, que el sueldo de algunos directivos de empresas públicas se vea reducido para igualarlo con el de los altos cargos del Ejecutivo. Las Cortes de la comunidad lo aprobaron ayer por unanimidad, cumpliendo, de este modo, el compromiso adoptado en la ley de presupuestos de 2016.

Una treintena de altos cargos de la empresa pública de Aragón Sarga gastó 123.000 euros en comidas en tres años

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Este proceso, explican desde el Gobierno, se hace porque es necesario alcanzar una solución a la situación actual, “caracterizada por la heterogeneidad de categorías profesionales, de estructuras salariales y de cuantías retributivas, por la ausencia de una regulación formal de muchos de los complementos retributivos que se abonan, por la desigualdad interna en el seno de los propios entes en cuanto a las retribuciones que percibe el personal y sus cuantías y, finalmente, por la diversidad, de los niveles retributivos medios entre los diferentes entes”.

En concreto, afectará al personal directivo de tres entidades de derecho público (hay 10 en total) y de 10 empresas públicas (de un total de 17). El resto, informan, ya estaría homologado. Respecto a los no directivos, verán alterados sus ingresos 30 empleados de entidades de derecho público (714 hay en total) y 78 de empresas públicas (hay 691).

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, achacó el retraso en la presentación a las discrepancias que con este acuerdo demostró el Gobierno de España, “que entendió que podría suponer un incremento de la masa salarial del sector público de la comunidad, regulada a su vez en los presupuestos generales del Estado”.

Marta de Santos, de Podemos, ha definido estas entidades “al margen del poder político”, como “cuevas para escapar del control parlamentario en las que los directivos podían llegar a cobrar salarios entre un 24 % y un 76 % más elevados que los de un consejero”. También Elena Allué, del PAR, ha señalado que “no era lógico que los directivos de empresas públicas estuvieran cobrando más que el presidente del Gobierno de Aragón”.

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