Un cambio de criterio de la Intervención permite ahorrarse casi 200.000 euros al PP de Zaragoza

Un cambio de criterio de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza va a permitir al PP ahorrarse 192.908 euros que, según las conclusiones de otro informe emitido apenas mes y medio antes, debían reintegrar al consistorio los conservadores por haberse excedido en gastos en esa cuantía la pasada legislatura.

En un primer documento, el “Informe definitivo de control financiero de comprobación de los gastos realizados con cargo a las aportaciones presupuestarias a los grupos municipales”, fechado el 22 de diciembre, los interventores concluían que en esos cuatro años el grupo municipal del PP se gastó 211.241 euros de más, una “diferencia” que “debería ser reintegrada por el grupo municipal PP”.

“De la totalidad de gastos realizados en el periodo entre 2019 y 2023, 494.302,07 euros se destinaron a la contratación de personal del grupo, y el resto, 626.285,53, tienen la consideración de gasto ordinario”, reseñaban.

Esta última cifra , anotaban, “duplican la cantidad recibida” para cubrir esa parte de los gastos de funcionamiento, que había ascendido a 312.016,85.

Más dinero para contratar al tener menos personal eventual

“Finalizado el mandato de la Corporación 2019-2023, podemos concluir que (…) deberían reintegrar las siguientes cantidades: 211.241,35 euros del Grupo municipal PP por la parte no justificada de la aportación recibida para la contratación de personal”, recordaba el segundo informe, datado el 24 de enero, y que la señalaba como “pendiente de justificar”.

“Se observó en el trabajo de control financiero que no se habían aportado justificaciones por el total de las aportaciones recibidas”, anotan los interventores, que reseñan también cómo en esa legislatura el acuerdo para la gestión del personal municipal incluyó un aumento de las dotaciones económicas para los grupos del PP y de Vox a cambio de un “detrimento de personal eventual que fue adscrito en favor de los restantes grupos”, ya que “existe un límite legal para la contratación de plantilla eventual que en todo caso debe respetarse y se respetó” en el conjunto del consistorio.

La contrapartida a esa menor disponibilidad de personal fue una mayor dotación económica “en principio concebida para la contratación de personal que asistiese la actividad de los concejales” y de la que los dos partidos “hicieron uso parcial” para disponer de trabajadores dedicados a “tareas de asesoramiento y trabajo administrativo”.

Concretamente, el PP “a partir de 2022 redujo la contratación de personal” mientras que Vox “incluso dejó de contratar”.

Un llamativo olvido por valor de 195.000 euros

Un mes después del primer informe, la Intervención ha dado por buenas las explicaciones del PP, que señalan que el grupo municipal “suscribió en 2019 un convenio” con el partido local, “así como sucesivas adendas que justifican la transferencia periódica de recursos presupuestarios” y que “permite la contratación de personal para la prestación de servicios al grupo”.

Dentro de ese marco, y “coincidiendo con la reducción de personal contratado (…) durante los ejercicios 2022 y 2023, el PP dedicó parte de su personal a la realización de labores de asesoramiento al grupo municipal”, anotaban los conservadores, quienes, curiosamente, se habían olvidado de explicar un detalle de ese calado en la primera fase de la fiscalización de sus gastos.

Concretamente, los conservadores reseñan la cesión de un oficial de primera administrativo con un salario (más cotizaciones) de 55.894,54 euros en 2022 y otro de 28.286,29 entre enero y junio de 2023, un auxiliar con un coste salarial de 29.627 y 17.203 y un titulado superior con otro de 51.304 en 2022 y otro de 12.814 en, solamente, enero y febrero de 2023, que desempeñaron “labores de asesoramiento y asistencia”.

“No hay inconveniente” para la Intervención

“Esas remuneraciones y las aportaciones a la Seguridad Social suman un total de 195.130,62 euros, cantidad superior a los 192.908,03 euros transferidos” por el grupo al partido “durante los ejercicios de 2022 y 2023 (entre enero y junio)”, indica la alegación de los conservadores, que no desglosa esos dos componentes del coste salarial.

Un documento emitido por el gerente del PP de Zaragoza se pronuncia en el mismo sentido, lo que reduce a 18.333,32 euros la cantidad pendiente de justificar por parte de los conservadores, que estos proponen liquidar en transferencias periódicas de 2.619 euros en los próximos siete trimestres.

“Esta justificación se ajusta a la finalidad inicial de contratación de personal por lo que se considera aceptable”, concluyen ahora los interventores, para los que “no hay inconveniente” en aceptar la propuesta de liquidación “minorando el importe de las aportaciones que corresponden al grupo en 2024 y 2025”.