5 pensionistas cuentan su historia: “Tras 44 años cotizando, me jubilé con 61 por salud y me sancionaron, ¿qué más quieren?”

“Yo voy tirando. El problema lo tendrán las generaciones venideras. Lo tendrán mis hijos. Lo tendrás tú”. El mensaje resume (de manera, más o menos, fidedigna) lo contado por Pepe, Diego, María José, Carlos y Alicia. De los cinco, solo uno cobra más de los 684 euros que marcan actualmente el umbral de la pobreza (empeoran la ya hedionda media). Son pensionistas.

Su ejemplo es el de los que abarrotan la plaza del Pilar, el de los que cada lunes salen a la calle en Bilbao y el de los que reclaman dignidad a las puertas del Congreso. Miran al futuro relatando el presente. Para no repetirlo. Para advertir. Repiten machaconamente que no piensan en ellos, sino en los que vendrán

Su historia es la de un señor de 70 años, llamado Pepe, que con 44 años, 9 meses y 24 días cotizados como trabajador de banca fue penalizado por jubilarse a los 61: “El factor reductor, un 24 % menos, 6 % anual hasta los 65. Las matemáticas no fallan”.

Reitera que es un “afortunado” y que tiene una pensión “digna”. Pero “estoy aquí defendiendo lo mío y lo de otro millón de personas en mi situación. He cotizado 40 años, ¿qué más quieren?”, se lamenta. Es el único que vive por encima del umbral de la pobreza. “Un privilegiado”.

Privatizar las pensiones

José Luis Cabello es el portavoz para Aragón de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Su mayor preocupación en la actualidad tiene cuatro letras: PEPP, el producto paneuropeo de pensiones individuales, cuya propuesta redactó la Comisión  Europea (CE) en junio de 2017, y que será sometido a votación el próximo mes de septiembre. Esto es lo importante, alerta, “es lo que se están callando los partidos políticos y los sindicatos”.

¿Qué es? Cabello lo tiene claro: privatizar las pensiones. “Un pastel”, explican, “que solamente en España supone al año más de 130.000 millones de euros”. Se trata, dice el portavoz, de fomentar la contratación de planes privados de pensiones, “ayudando económicamente a las empresas que los hacen”. ¿Y quiénes serán los beneficiados? Más claro aún: “El Gobierno, los bancos, las aseguradoras…”

“He trabajado más de 45 años y solo tengo cotizados 15,5”

Su historia se escribe en femenino. Es el caso de María José Pérez. Ha trabajado casi 45 años, pero, oficialmente, son solo 15,5. El motivo es el mismo que el de tantas y tantas mujeres: se ha dedicado al trabajo doméstico y casi siempre sin contrato, en negro. Recuerda que antes de casarse (con 26 años) había cotizado siete. Posteriormente, y siendo madre de un hijo con una pequeña discapacidad, empezó a trabajar limpiando en casas: “Llegué a estar en cinco a la vez”.

Durante algo más de ocho años consiguió cotizar, pagándose ella misma la Seguridad Social, y a los 65 se jubiló (ahora tiene 68). De media, dice, podría cobrar unos 1.000 euros al mes, “y la pensión que me queda es de de 300 y pico, que asciende a los 606 por un plus que han incluido al ser muy baja”. Y hasta fui una “privilegiada”, comenta, “ya que siempre tuve un gran respaldo familiar”.

Su historia es también la de Diego Fernández, de 58 años. Antes de que una complicada operación de aorta le obligará a coger la baja trabajó, entre otras cosas, de minero, marinero o montador de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la salud le hizo parar (hace año y medio) realizaba tareas de mantenimiento. Estando de baja fue despedido.

En la actualidad cobra 430 eros del subsidio de desempleo. Cuando tenga 61 años, apunta Cabello, el subsidio terminará y entrará en la jubilación, pero al hacerlo cuatro años antes de los 65 (como en el caso de Pepe) será penalizado. Calcula que le quedarán poco más de 500 euros. “La Seguridad Social me recomienda que haga un cursillo de conserje”, dice dolido. A pesar de lo oscuro de su futuro, afirma calmado que saldrá adelante.

Reivindicaciones intactas

Rechazan eso de que “ahora que está el PSOE ya no protestáis”. Volvieron el pasado sábado a la plaza del Pilar y lo seguirán haciendo, porque sus reivindicaciones se mantienen intactas. “Lo tenemos que hacer nosotros –enfatiza Cabello– porque se supone que los sindicatos deberían luchar por el trabajador, pero… ¿dónde están?”.

Siguen denunciando, como antes, el “factor de sostenibilidad”, ya que es, dicen, “un aberrante recurso para adaptar la cuantía del cobro de las pensiones a la esperanza de vida”. También continúan pidiendo que se “restablezca la jubilación ordinaria a los 65 años”; que con más de 40 años cotizados la jubilación anticipada sea del 100 % (sin penalizaciones), y que se recupere el subsidio para mayores de 52 años.

Exigen que las pensiones se reconozcan como un derecho constitucional y se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado, el pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia, la eliminación del copago farmacéutico y el restablecimiento de los derechos sanitarios y la reducción –“hasta la desaparición”– de la brecha de género.

“Cuando privaticen las pensiones, todo dependerá de la capacidad de lucha de la sociedad”

Su historia es la de Carlos Ríos. Cotizó durante 18 años como electricista e impresor (“más tres años de mili”, se matiza). Ahora tiene 68 y una pensión de 639,30 euros. Rápidamente se olvida de su caso y hace un alegato preventivo pleno de clarividencia: “Las mayores ganancias de la banca en el sector privado están en las pensiones, cuando las privaticen, todo dependerá de la capacidad de lucha de la sociedad”.

Su historia es la de Alicia (63 años), que se une a la conversación vía telefónica porque no quiere cerrar la tienda que regenta. En diciembre de 2018, reconoce con pesar, no le quedará otra que echar la trampilla para siempre: “No tengo dinero para mantenerla”. Del comercio ya no saca nada, y de la pensión de viudedad (el 52 % de la pensión del marido) 395 euros: “Mi marido también era autónomo”

Cuando cierre el negocio ingresará alrededor de 595 euros hasta finales de 2020: los 395 de viudedad más lo que llaman “complemento de mínimos, que es un plus que dan a las pensiones más bajas”, explica el coordinador.

Posteriormente, a los 65, cobrará su pensión y de viudedad volverá a los 395 euros. “Esta es una de las trampas de Montoro cuando aseguraba que crecerían las pensiones de viudedad”, aclara Cabello, “es mentira, porque al subir se elimina el complemento de mínimos, con lo que se quedan igual o peor”.

Su historia es la de millones de personas en España, que, tras dedicar a trabajar gran parte de su vida, subsisten bajo mínimos al jubilarse. Son abuelos y abuelas, madres y padres, que reclaman un futuro mejor. Porque ya se sabe: “Yo tiraré, pero el problema vendrá después”.