Compás de espera político-judicial

En Aragón seguimos de resaca. El impacto de dos episodios tan intensos y consecutivos como las elecciones del 8-F y la explosión del caso Forestalia han sumido, por diversas circunstancias, a la comunidad en un compás de espera en el que parece que todo va a estallar mientras todo sigue igual.

En cuanto a la formación de gobierno, apenas un paso formal: la proclamación por parte de la presidenta de las Cortes de Jorge Azcón como único candidato a la investidura. Poco más. Sin fecha, eso sí, para la sesión en la que se votará: a tenor de la porra de los periodistas, el pleno se celebraría entre Semana Santa y el Día de San Jorge (23 de abril). Pero, como sabes, los periodistas nos equivocamos a menudo.

Estos días también hemos sido testigos de que el dúo Feijóo-Azcón no acaba de estar bien afinado. El líder nacional del partido instó públicamente a Vox a cerrar los gobiernos de Aragón y Extremadura antes de abril. Lanzar órdagos temporales nunca es buena idea, y más ante un rival crecido como el partido de extrema derecha. De ahí que el dirigente popular aragonés deslizara una matización horas después: mejor un buen acuerdo que un acuerdo temprano.

Para desviar la atención de lo que parece más bien una parálisis negociadora, al PP aragonés le ha venido muy bien poner el foco en la trama Forestalia. Pese a estar en funciones, los populares han dado el paso de personar al Gobierno regional como perjudicado en la causa judicial que investiga un Juzgado de Teruel. Además, ha sacado a la palestra al consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, para hacer pública su "alarma" y "preocupación" por el caso.

Lo que Blasco no dijo es si su Departamento va a estudiar la situación en que se encuentra la mujer del exconsejero Alfredo Boné, Lucía Domingo, que sigue ocupando una jefatura en la empresa pública autonómica Sarga –de gestión medioambiental– pese a que durante meses administró decenas de empresas vinculadas supuestamente con la trama, como te contamos esta semana.

El PP también parece olvidar que Forestalia ha trabajado con gobiernos de los dos signos, popular y socialista. Sin ir más lejos, el subdirector general del Ministerio de Transición Ecológica investigado por su vinculación con la presunta red corrupta, Eugenio Domínguez –tampoco hay que olvidar que le promocionó el Gobierno de Rajoy–, testificó a la Guardia Civil que accedió a ella a través de un exalto cargo del Gobierno de Ruiz Gallardón (PP).

Entretanto, la actual ministra, Sara Aagesen, ha anunciado que ya está en marcha el análisis sobre la documentación de Forestalia que obra en el Miteco.

Una 'granja de los horrores' en Teruel

Cerdos con abscesos y heridas abiertas, síntomas de canibalismo, cadáveres por el suelo... El martes a última hora te adelantamos en exclusiva la denuncia que ha hecho una asociación de protección ante la Fiscalía por el estado en el que se encuentra una granja de Castellote, en Teruel, de Ganados La Yruela.

Esta instalación, por cierto, ha surtido de productos cárnicos a un gran grupo empresarial, Costa Brava Mediterranean Foods, que a su vez provee a supermercados muy conocidos. De ahí la importancia –junto a la obligación lógicamente de tratar bien a los animales– de trazar la calidad del producto en toda la cadena alimentaria. Porque te cuento una cosa: los sellos de calidad que lo garantizan fallan mucho.

¿Por qué digo esto? Te cuento lo que nos sucedió con la granja turolense. Según nos trasladaron desde la certificadora de bienestar animal Welfair –perteneciente a Aenor–, la granja no estaba supervisada por ellos. Pero al ir al súper resulta que los productos de Costa Brava sí están certificados. ¿Todos? No puede ser, ya que –es una muestra pequeña, pero es una muestra– al menos los provenientes de La Yruela es imposible que contaran con el sello de calidad. Porque Welfair garantiza esto: “Que los animales de granja y matadero son criados y tratados respetando altos estándares de bienestar”. Algo falla.

Por lo demás, el caso de Teruel recuerda al que ya te contaron los compañeros de la edición balear hace casi un año, en este caso en una granja de gallinas en Llucmajor (Mallorca), también con unas condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas.