Es la compra pública de innovación, estúpidos

Innovación empresarial.

Recurro a una adaptación de la frase que se atribuye a James Carville para enfocar la estrategia electoral del candidato Bill Clinton en las elecciones que en 1992 le convirtieron en presidente de los Estados Unidos de América frente a George Bush (padre). En esta ocasión, para llamar la atención sobre los resultados de un informe, recientemente publicado, que analiza el uso estratégico que de los contratos públicos se hace en Europa para promover la innovación empresarial.

La Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, que establece las directrices a las que debe ajustarse la contratación en todos los Estados miembros, señala que «Los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación» (considerando 47). Pero, ¿cómo se está cumpliendo esta disposición? Los resultados del estudio aludido ponen de manifiesto que, con carácter general, los órganos de contratación europeos se muestran «asintomáticos» en eso de promover la innovación empresarial a través de sus contratos de obras, servicios o suministros.

Por lo que a nosotros respecta, los resultados nos colocan en el puesto 8/30 en cuanto a cumplimiento de los indicadores establecidos. Pero no nos alegremos mucho. Únicamente llegamos a cumplir el 36,8% de los indicadores (la media es del 26,6 %). Vamos, que somos de los mejores… entre los suspensos. Por comunidades autónomas, el informe únicamente cita a Cataluña y Galicia, y también a los municipios de Madrid y Barcelona, como actores importantes en la promoción de la compra pública de innovación.

El informe resalta en sus conclusiones que en España se utiliza la compra pública de innovación, fundamentalmente, cuando Europa co-financia las operaciones con cargo a Fondos Estructurales o de Inversión. Cuando no hay cofinanciación, no se suele comprar innovación. No diré que practicamos el

Unamunismo (¡que inventen otros!), pero del informe resulta que el sector público español está dispuesto a comprar innovación sólo si le pagan -al menos- la mitad.

Los peores resultados los alcanza España en los indicadores relativos a planificación y compromiso de gasto para fomentar la innovación. En relación con esto último, contrasta el «silencio» de la recientemente aprobada Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el período 2021-2027 con el acuerdo de gobierno que, en 2011, la entonces ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, sacó adelante para reservar el 3 por ciento del importe de la contratación estatal a compras públicas de innovación. También sacamos un cero si de lo que se trata es de evaluar la innovación generada, en aquellos procesos de compra pública de innovación que conseguimos licitar. Mejor no hablemos de la gestión compartida de los derechos de propiedad intelectual o industrial que pueden derivar de las actividades de investigación y desarrollo inherentes a los procesos de innovación. Lo de obtener un retorno por esa vía suele gustar mucho a los responsables políticos. Menos a las empresas adjudicatarias. Y para quienes tienen que definir ese régimen de gestión compartida en los pliegos… es un dolor de cabeza.

La innovación empresarial resulta fundamental para el progreso social, y el sector público no puede eludir su responsabilidad a la hora de promoverla. Para ello cuenta con diversas herramientas, y los contratos públicos son una de ellas. En manos de quienes tienen la capacidad de dirigir esos contratos está la posibilidad -y obligación, conforme al Derecho europeo- de utilizarlos de manera estratégica para adquirir bienes, obras y servicios innovadores que contribuyan a prestar mejor los servicios públicos.

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