Feminismo en la era del poder concentrado

Comenzamos 2026 con una conciencia clara: las agendas feministas enfrentan un contexto internacional profundamente transformado respecto al último gran punto de inflexión de los movimientos de mujeres en España, el 8 de marzo del año 2018. Entonces, la emergencia de las huelgas feministas articuló una demanda políticamente transversal: reconocimiento de los trabajos de cuidados, políticas contra las violencias machistas, ampliación de derechos sexuales y reproductivos o cuestionamiento de la precariedad laboral feminizada. Hoy, casi una década después, ese horizonte se inserta en un orden global fracturado por una multiplicidad de crisis: el resurgimiento de hiperliderazgos masculinos, tensiones geopolíticas sin precedentes desde la Guerra Fría y la evidente quiebra de modelos de bienestar social que parecían consolidados.

Hablar de feminismo en 2026 exige comprender que no se trata únicamente de “sumar más mujeres” a espacios de poder, sino de reconfigurar las estructuras mismas que sostienen las jerarquías de género. Como señaló la teórica norteamericana Nancy Fraser, la justicia no puede reducirse a la representación, sino que debe abarcar la redistribución de los recursos y la participación democrática real en la esfera pública.

En el plano internacional, asistimos a una reconfiguración del poder que tensiona las agendas feministas. La emergencia de liderazgos autoritarios y fuertemente masculinizados —que evaden la responsabilidad del cuidado colectivo y privilegian lógicas de militarización y control social— representa un retroceso palpable. No es casualidad que, en muchos de estos contextos, desde Hungría hasta EEUU, las políticas de igualdad hayan sido las primeras en ser desmanteladas: porque éstas desafían el ethos de homogeneidad y fuerza que promueven estos gobiernos.

La quiebra de los modelos de bienestar social, agravada por ciclos de austeridad y por la crisis climática, evidencia además que no hay igualdad sin una base material redistributiva. Las economistas feministas han insistido, con datos empíricos incuestionables, en que los sistemas públicos de salud, educación y cuidados universales son pilares para la justicia y la equidad. La economista Marina Durano insiste en que la igualdad no es un “lujo progresista”, sino una condición de sostenibilidad social y económica. Prescindir de esta perspectiva en 2026 sería socavar las propias bases de las agendas feministas.

Reflexionar desde Aragón o desde España en este contexto global implica entrelazar lo local y lo internacional. Las políticas públicas en materia de igualdad no pueden entenderse sólo como respuestas internas: forman parte de un entramado normativo europeo e internacional, desde el Convenio de Estambul hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La convivencia de estos marcos con tendencias regresivas en otras latitudes subraya una lección crucial: la igualdad no se conquista para ser domesticada, sino para ser defendida y ampliada.

Mirar al futuro implica confrontar tensiones: entre reconocimiento y redistribución, entre local y global, entre simbolismo y estructura. Para las agendas feministas y de igualdad en 2026, el desafío es simultáneamente conceptual y pragmático: sostener la ambición transformadora sin renunciar a las alianzas estratégicas que permitan traducir principios en políticas, y políticas en vidas mejores.

Porque, al final, la igualdad no es sólo un ideal: es un proceso continuo, histórico y compartido. Requiere de una política del cuidado que sea, a la vez, sensible y robusta; una política que entienda que la libertad sin justicia es una ilusión y que la justicia sin libertad es inalcanzable. En este nuevo escenario, plantear una agenda feminista es, ante todo, plantear una agenda para la democracia misma.